Publicado: noviembre 18, 2026, 6:33 am

En los más de 10 meses transcurridos desde que las fuerzas estadounidenses capturaron al entonces presidente Nicolás Maduro y lo apartaron del poder, Venezuela ha entrado en una etapa de rápidos cambios e incertidumbre, marcada en gran medida por Washington.
Por bloomberg.com
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han pasado del aislamiento al contacto directo: la Casa Blanca ha trabajado estrechamente con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y ha firmado un importante acuerdo petrolero con su gobierno. Sin embargo, esta relación sigue estando sujeta a numerosas condiciones. Estados Unidos está utilizando el levantamiento de sanciones, el acceso al sistema financiero internacional y el control de los ingresos petroleros como mecanismos de presión para orientar las políticas del país e influir en su futuro.
Mientras tanto, para los venezolanos de a pie, el impacto del nuevo régimen gestionado por Estados Unidos ha sido limitado. La mayoría sigue enfrentándose a precios elevados, bajos ingresos y un deterioro de sus condiciones de vida. Tras los devastadores terremotos gemelos registrados en junio, los prolongados cortes eléctricos han empeorado debido a los efectos de El Niño, un fenómeno de calentamiento del Pacífico que provoca temperaturas más altas y condiciones climáticas más secas.
¿Cómo han cambiado las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela en 2026?
Durante años, Washington se negó a reconocer a Maduro como presidente tras su cuestionada reelección en 2018. Estados Unidos rompió las relaciones diplomáticas, incluido el cierre de su embajada en Caracas en 2019.
Ahora, esa postura ha dado un giro. Estados Unidos ha restablecido las relaciones diplomáticas, reabierto su embajada y entablado conversaciones directas con el nuevo liderazgo venezolano encabezado por Rodríguez. Altos funcionarios estadounidenses vuelven a visitar Caracas y ambos gobiernos coordinan abiertamente acciones para la recuperación económica y la transición política, algo que habría sido impensable hace apenas unos meses.
El acercamiento se consolidó en septiembre, cuando el presidente estadounidense Donald Trump y Rodríguez se reunieron en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue su primer encuentro cara a cara desde la captura de Maduro. Rodríguez se convirtió en la primera jefa de Estado venezolana en asistir personalmente a esa reunión desde que Maduro lo hiciera en 2018.
Ambos gobiernos también alcanzaron, a finales de agosto, un amplio acuerdo petrolero que otorga a Estados Unidos el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas y busca aumentar la producción del país.
Trump ha elogiado repetidamente el liderazgo de Rodríguez y su relación de trabajo con Washington a medida que se profundiza la cooperación. Sin embargo, también lanzó una amenaza: «Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro», afirmó Trump en enero.
¿Cómo está ejerciendo Estados Unidos el control sobre el gobierno de Rodríguez?
A través de un sistema de reconocimiento condicionado y presión económica.
La política de sanciones constituye la herramienta más evidente de ese control. Desde enero, Washington ha flexibilizado progresivamente las restricciones, permitiendo, por ejemplo, que instituciones financieras y otras entidades realicen operaciones con el Banco Central de Venezuela y levantando sanciones contra determinadas empresas estatales, incluida la petrolera Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Washington también ha levantado las sanciones personales contra Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, estas autorizaciones son temporales y están estrictamente reguladas mediante licencias del Departamento del Tesoro estadounidense. La capacidad del gobierno de Rodríguez para acceder a los servicios bancarios internacionales, disponer de activos estatales depositados fuera de Venezuela, atraer inversiones o ampliar la producción petrolera sigue dependiendo de la autorización de Estados Unidos.
Washington ha acompañado estas concesiones económicas con una participación directa en la transición política venezolana. A petición de Estados Unidos, el gobierno interino de Venezuela y un sector de la oposición iniciaron conversaciones en agosto sobre la reconstrucción de las instituciones, los derechos políticos y civiles y las condiciones para unas futuras elecciones.
Las negociaciones han producido acuerdos para reformar el Tribunal Supremo de Justicia, procurar la recuperación del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra y flexibilizar las restricciones a los medios de comunicación independientes.
Estados Unidos ha dejado claro que una mayor normalización económica dependerá, en parte, de que continúen los cambios políticos.
La administración Trump sostiene que este proceso debería conducir finalmente a elecciones libres y justas, aunque no está presionando para que se celebren de inmediato.
Según una hoja de ruta estadounidense publicada en octubre, Venezuela debería instalar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia antes de mediados de diciembre, seguido poco después por un Consejo Nacional Electoral reformado, el organismo encargado de administrar los comicios en el país, al que se le retiraría la facultad de decidir qué candidatos pueden participar en las elecciones.
Una vez constituidas esas instituciones, las autoridades declararían formalmente la falta absoluta del presidente. De acuerdo con la Constitución venezolana, debería celebrarse una nueva elección presidencial dentro de los seis meses siguientes.
Trump dice que EEUU tiene “más energía” que nadie y llama a Venezuela “nueva adquisición”
¿Estados Unidos sigue atacando a presuntos narcotraficantes frente a las costas de Venezuela?
Después de una desaceleración a principios de este año, las fuerzas estadounidenses reanudaron en agosto los ataques letales contra embarcaciones que, según el ejército, están involucradas en el narcotráfico.
Gran parte de la actividad reciente se ha concentrado en el Pacífico oriental. La campaña también ha tenido como objetivo embarcaciones en el mar Caribe.
Desde que comenzaron los ataques en septiembre de 2025, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo decenas de operaciones y el número de fallecidos asciende, al menos, a 240 personas.
Por separado, Washington ha ampliado la cooperación regional en materia de lucha contra el narcotráfico con gobiernos de la región, incluidos Ecuador y Colombia.
A mediados de septiembre, Trump citó la cooperación de Venezuela contra los carteles de la droga como argumento para retirar al país del grupo de naciones que, según Estados Unidos, no han cumplido con sus obligaciones internacionales en materia de control de drogas.
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