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El INE cifra en 113.326 los nacionalizados por la 'ley de nietos' que no podrán votar en las elecciones del 29N

Publicado: noviembre 17, 2026, 10:30 am

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha cifrado en 113.326 las personas afectadas por la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto de los nacionalizados por la conocida como ‘ley de nietos’ que no hayan acreditado ser descendientes de exiliados y que, por tanto, no podrán participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Así consta en un escrito remitido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido sometido a la supervisión de la Junta Electoral Central (JEC).

La Abogacía del Estado, en representación del INE, explica que el listado elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores recogía inicialmente 163.355 personas que habían adquirido la nacionalidad española mediante esta disposición de la Ley de Memoria Democrática. De ellas, 901 habían acreditado su condición de descendientes de exiliados, por lo que sí podrán ejercer su derecho al voto.

Tras excluir a los menores de edad, a quienes obtuvieron la nacionalidad después del cierre del censo electoral y a las personas que acreditaron su condición de descendientes de exiliados, el INE realizó varias comprobaciones para eliminar duplicidades y registros anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, en 2022. De este modo, el organismo ha fijado en 113.326 el número definitivo de electores afectados por la suspensión cautelar acordada por el Supremo.

Iustitia Europa pide aclaraciones sobre casi 36.000 registros

Por su parte, el partido Iustitia Europa ha denunciado que existen 35.925 registros que no figuran en el censo de españoles residentes en el extranjero, después de que el listado inicial de 163.355 personas se redujera a 153.648 y el INE identificara únicamente a 117.723 en el CERA.

La formación liderada por el abogado Luis María Pardo reclama conocer la situación censal individualizada de estas personas y determinar si alguna de ellas ha sido trasladada al Censo Electoral de Residentes en España (CER). En este sentido, sostiene que, si alguno de estos registros corresponde a electores incluidos en las medidas cautelares, la suspensión del voto deberá aplicarse también en los términos establecidos por el Supremo.

El partido, personado en el procedimiento judicial, ha anunciado que solicitará al alto tribunal que el INE aclare la situación de estos registros, identifique los posibles traslados entre censos y acredite el procedimiento utilizado para excluir los votos suspendidos.

Con ello, Iustitia Europa pretende que el Supremo pueda verificar el cumplimiento de sus resoluciones antes de las elecciones del 29 de noviembre.

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