Publicado: noviembre 15, 2026, 7:00 pm

Yarian Revete, hija de Carlos Luis Revete, alias “El Koki”, aseguró que personas ligadas al régimen de Nicolás Maduro visitaban de forma “muy constante” a su padre y que la megabanda de la Cota 905 contó con respaldo oficial para armarse. Lo dijo en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta publicada el 14 de noviembre en YouTube, en la que se negó a dar nombres “por seguridad” y en la que no mostró documentos. Su relato coincide, en buena parte, con lo que organizaciones como InSight Crime y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU documentaron durante años sobre la tolerancia del chavismo con grupos armados en los barrios de Caracas.
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“Al gobierno de Maduro”: de dónde salían las armas
Olavarrieta le recordó que la banda de su padre exhibía fusiles de asalto, lanzacohetes y drones, y le preguntó si había escuchado nombres de empresarios o figuras del Estado que financiaran esa logística. “Sí, me reservo los nombres por tu seguridad y por mi seguridad y de todos los presentes, pero sí”, respondió la joven. Cuando el periodista quiso saber si esas personas estaban ligadas al gobierno, ella precisó: “Al gobierno de Maduro”.
La frecuencia de esos contactos fue otro de los puntos que dejó claros. “Constante, muy constante, muy constante. Él no sabía que se estaba metiendo en la boca del lobo hasta que llegó a un punto que fue insostenible”, relató sobre las visitas de enviados del régimen a “El Koki”.
Un “segundo frente” ante una invasión o un golpe
Según la hija del cabecilla, el chavismo veía en la megabanda una reserva armada. “El gobierno lo que quería era como un segundo frente en caso de una invasión estadounidense o de un golpe de Estado”, afirmó. Más adelante amplió que buscaban “esa seguridad de que iban a tener un segundo apoyo, que iban a poder (…) controlar las masas en caso de que se les saliera de las manos a ellos”. A cambio, de acuerdo con su versión, la banda recibió la garantía de que la justicia venezolana no iría tras sus integrantes.
Esa lógica de civiles armados para defender al poder la expuso el propio Maduro en público. El 1 de septiembre de 2025, ante el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, advirtió que declararía la “república en armas” y que el país pasaría “inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional” si era agredido, un anuncio que generó críticas desde la oposición.
Las “zonas de paz”: el Estado se retiró del barrio
El pacto que describe Yarian Revete tiene antecedentes documentados. De acuerdo con InSight Crime, las llamadas “zonas de paz” nacieron en 2013 con la promesa de suspender los operativos policiales en sectores violentos a cambio de que las bandas entregaran las armas. En agosto de 2017 el régimen escogió la Cota 905 como modelo del relanzamiento de esos “territorios de paz”, mientras “El Koki” mantenía su dominio y la zona se convertía en un centro de venta de drogas.
En la entrevista, la joven contó que tras el “tratado de paz en la Cota”, hacia 2013 o 2014, las bandas rivales se unieron en una sola estructura. Con los años, dijo, “ya no se podía meter la policía, no había ley más que la ley que ellos imponían”. Incluso relató el caso de una madre que fue a denunciar ante el Cicpc el abuso sexual de su hija y recibió como respuesta que el cuerpo policial no tenía “jurisdicción para poder entrar a la cota”. Según su testimonio, los mismos funcionarios le indicaron a quién acudir dentro de la banda, que terminó por asesinar al señalado agresor.
Cuando la megabanda se le salió de las manos al régimen
El acuerdo empezó a romperse cuando la banda creció más allá de la Cota. A finales de 2020 “El Koki” lanzó una toma de La Vega, y en enero de 2021 las fuerzas de seguridad respondieron, según el recuento de InSight Crime. Para su hija, el quiebre llegó porque los líderes de la banda “ya no estaban de acuerdo con muchas cosas de lo que estaba haciendo el gobierno” y decidieron rebelarse, confiados en que sus aliados dentro del poder los respaldarían, “cuando realmente fue una trampa para desmantelar todo lo que el mismo gobierno había hecho”.
Una semana antes del 7 de julio de 2021 hubo un primer choque, que ella describió como “el primer alzamiento contra el gobierno”. Ese día, a las 4:30 de la tarde, su padre la llamó para pedirle que no saliera de la casa. “El gobierno se quiere meter al barrio y no lo podemos permitir”, recordó que le dijo. A partir de ahí, los aliados de “El Koki” dispararon contra El Helicoide y otras dos sedes policiales de Caracas, según InSight Crime, y la respuesta oficial dejó 37 muertos entre el 7 y el 9 de julio, de acuerdo con el balance de Monitor de Víctimas. El Ministerio de Interior, entonces a cargo de Carmen Meléndez, ofreció 500.000 dólares de recompensa por información sobre “El Koki” y sus socios.
Esos socios, alias “El Garbis” y alias “El Vampi”, eran para ella “como familia”, hasta que descubrió que “todo era una fachada, todo era una mentira”. Su conclusión sobre aquellos días fue tajante: “Mi papá terminó solo”.
La factura: oposición señalada y un barrio castigado
Mientras la Cota 905 seguía tomada, el régimen buscó culpables fuera del barrio. El 12 de julio de 2021 el Sebin detuvo al dirigente opositor Freddy Guevara, a quien el entonces fiscal Tarek William Saab acusó de terrorismo y traición a la patria por supuestos vínculos con “grupos extremistas y paramilitares asociados al Gobierno colombiano”, en medio de un discurso oficial que atribuía la violencia a paramilitares colombianos. La Plataforma Unitaria rechazó aquellas detenciones, y Guevara salió en libertad el 15 de agosto de ese año.
Dentro del barrio, la entrada de los cuerpos de seguridad fue, en palabras de Yarian Revete, “un baño de sangre“. Aseguró que la policía, para justificar cifras de bajas, mató a jóvenes sin relación con la banda: “Mataron mucha gente inocente, robaron, abusaron de todo aquel que tristemente no tenía las herramientas o contactos para poderse defender”. Entre ellos mencionó a dos primos suyos, uno de los cuales fue presentado en los medios como integrante de la banda y otro, de 17 años, que apareció muerto junto a dos adolescentes tras presenciar un robo policial en Ocumare. Dos años después, la propia Cota 905 quedó a merced de la extorsión policial.
Detenida como “anzuelo”
La persecución alcanzó a su familia. Su madre fue sacada de la casa en la madrugada y ella pasó cerca de tres semanas detenida. “A mí me liberan con la intención de poder ser un anzuelo precisamente, de que él se comunicara conmigo y ellos poderlo agarrar”, contó. Durante el encierro, según su relato, le ofrecieron la libertad suya y de su madre a cambio de entregar a su padre, y la hicieron oír interrogatorios ajenos: “Escuchando cómo torturan a personas al lado para sacar la información, cómo sacan a las personas desmayadas”.
La salieron a buscar incluso después de la muerte de “El Koki”. Relató que tenía una alerta migratoria de la que no sabía nada, que fue trasladada del Saime a una sede policial en El Cafetal y que allí un comisario le advirtió: “Él no está, pero estás tú. Así que quiero que sepas que te voy a meter un homicidio y me las vas a pagar”. Una fiscal de protección al menor intervino para que la liberaran, agregó. Su madre recuperó la libertad un 1 de abril, bajo régimen de presentación.
El “Niño Guerrero” y el final en Las Tejerías
En cuanto al vínculo con Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, cabecilla del Tren de Aragua, la joven habló de “un trato breve” con su padre, “porque al fin y al cabo también él tenía esos vínculos con el gobierno“. Con información de familiares, contó que tras huir de la Cota “El Koki” se refugió en una cárcel bajo control de Guerrero, que chocaron por el reparto de un cargamento de comida y que, cuando su padre se marchó, “el Niño Guerrero avisa que mi papá estuvo ahí” y dio datos de su paradero, como detalla esta nota sobre la supuesta traición. Guerrero murió en junio de 2026 en una operación de Estados Unidos en Venezuela.
“El Koki” murió el 8 de febrero de 2022 en Las Tejerías, estado Aragua. El entonces ministro de Interior, Remigio Ceballos, anunció que había caído en un enfrentamiento con comisiones policiales. Su hija sostiene otra versión: que una persona cercana le disparó a quemarropa para entregarlo, que recibió cuatro tiros y que murió desangrado y por hipotermia. “A mi papá ya no lo veían como una persona, ya lo veían como el trofeo, el que todos los policías querían alcanzar”, dijo, y agregó que entre los funcionarios había apuestas sobre quién lo mataría a cambio de ascensos o apartamentos.
Lo que la ONU ya había documentado
Aunque el testimonio de Yarian Revete no viene acompañado de pruebas, el uso de civiles armados por parte del chavismo quedó asentado en el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre los colectivos, fechado el 15 de septiembre de 2026. Ese documento no trata sobre las megabandas, pero concluye que estos grupos recibieron del Estado “recursos materiales y logísticos, incluidas armas, motocicletas y equipos de comunicación”, y que la Misión tiene “motivos razonables para creer que existió una delegación estratégica de funciones represivas y la coordinación logística entre estos grupos y las fuerzas de seguridad, en un contexto de impunidad”.
La Misión fue más allá y señaló que los colectivos constituyeron “un componente funcional y deliberadamente informal de una estrategia más amplia de control de la población y represión de la disidencia“, un hallazgo que la Unión Europea respaldó al exigir su desmantelamiento. Para los expertos de la ONU, ese desmantelamiento “exige poner fin a toda forma de apoyo y coordinación estatal, desarmar a los grupos, investigar a sus integrantes y a las autoridades responsables”.
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El relato de Yarian deja una acusación que va mucho más allá de la historia criminal de su padre: la posibilidad de que una de las megabandas más temidas de Caracas no creciera únicamente por la ausencia del Estado, sino por la presunta complicidad de quienes debían combatirla. Sus declaraciones abren una pregunta que el chavismo nunca ha respondido de manera convincente: ¿quién permitió que un grupo criminal acumulara semejante arsenal y operara durante años en la capital, hasta que sus antiguos vínculos con el poder, según su hija, terminaron convertidos en una sentencia de muerte?
