Publicado: noviembre 12, 2026, 5:30 pm
Un grupo de presos políticos militares se subió este jueves 12 de noviembre a una cerca de la cárcel de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda, para exigir su libertad y el cierre de los centros de tortura, mientras 36 uniformados mantienen una huelga de hambre desde el lunes 9 de noviembre en protesta por las irregularidades judiciales que, según denuncian, prolongan sus encarcelamientos.
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Los detenidos aprovecharon la cercanía de sus familiares, concentrados en las inmediaciones del Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), para hacer escuchar sus reclamos desde el interior del penal. Entre las consignas destacaron “¡Hasta el final, no más torturas!”, además de exigencias de libertad y de poner fin a los presuntos abusos cometidos contra quienes permanecen privados de libertad por motivos políticos.
La protesta quedó reflejada en imágenes difundidas por el periodista Oliver Fernández, que documentó la presencia de familiares frente al recinto militar y las consignas provenientes de los detenidos. En la movilización también se observaron pancartas con mensajes de libertad, mientras los manifestantes intentaban llamar la atención sobre su situación.
La huelga comenzó a las 6:00 de la mañana del lunes con 21 militares vinculados al denominado caso Cotiza, relacionado con la sublevación de un grupo de integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana el 21 de enero de 2019. Los afectados denuncian que algunos permanecen detenidos pese a haber cumplido sus condenas y que otros enfrentan nuevos procedimientos judiciales que impiden concretar sus excarcelaciones.
Posteriormente, otros 15 presos políticos se incorporaron a la protesta, elevando la cifra a 34 hombres y dos mujeres. Entre ellos se encuentran militares procesados por los casos Paramacay, Aurora, Sukhoi, Gedeón, 30 de Abril, la refinería El Palito y la Gobernación de Monagas, según confirmó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Sin embargo, las condiciones en las que se desarrolla la huelga han provocado nuevas denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos. El OVP aseguró que los manifestantes fueron aislados en una cancha del recinto, donde permanecen en carpas y colchonetas, después de que las autoridades penitenciarias restringieran su acceso a instalaciones destinadas al aseo personal y al suministro de agua.
La organización identificó al mayor Ramón Navarro, jefe de régimen del penal, como el funcionario que presuntamente ordenó cerrar el acceso a esas instalaciones desde el martes 10 de noviembre. Según testimonios familiares recogidos por el OVP, Navarro habría atribuido la instrucción al capitán de navío Leover Alfonso Pachano Gómez, director de Ramo Verde.
Además de reclamar su liberación, los presos políticos solicitan su inclusión en los mecanismos de revisión de causas y en las negociaciones sobre excarcelaciones. En un documento divulgado por sus familiares, denunciaron presuntas torturas, desapariciones forzadas temporales, traslados arbitrarios y vulneraciones al debido proceso, al considerar que sus expedientes permanecen sin soluciones efectivas por parte de los tribunales.
Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) ha exigido la aplicación de los mecanismos legales que permitan revisar las condenas y resolver la situación de quienes aseguran haber cumplido sus penas.
