Publicado: noviembre 7, 2026, 10:00 am
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) recopiló denuncias de familiares sobre presuntas irregularidades que se comenten en el Circuito Judicial de La Guaira, además del retardo procesal penal al que se son sometidos los privados de libertad.
Aproximadamente dos meses después del doblete sísmico del 24 de junio, los tribunales en La Guaira se reactivaron a media máquina, bajo la excusa del riesgo estructural que representan dos edificios ubicados alrededor de la sede judicial, los cuales sufrieron daños. Hasta el momento no se define si serán demolidos.
El edificio donde funcionan los tribunales se encuentra en condiciones adecuadas y la presidenta del circuito, Dayanhara González Seijo, ha ido habilitando salas progresivamente. Sin embargo, se labora hasta el mediodía aproximadamente.
“Antes del terremoto se hacían las 7:00 p. m. y uno podía estar ahí en los tribunales. Ahora no, solo pasan los casos de flagrancia”, contaron afectados.
Los familiares consultados por el OVP piden que se agilicen las audiencias o se hagan telemáticas, como solución al severo retardo procesal penal que afecta los casos de sus seres queridos desde antes de los terremotos.
Añadieron que en este circuito ocurren presuntos cobros irregulares, extorsión a cambio de otorgar la libertad o no enviar a las personas a juicio, y siembra de evidencias como armamento o drogas. Hay casos de familiares quienes por no ceder a los presuntos cobros sufrieron amedrentamiento en sus viviendas.
A esto se suma el ocultamiento de evidencias procesales, como la negativa de una juez a entregar los audios de los juicios a los familiares pese a ser un proceso abierto. Sobre esto los afectados alegaron al OVP que posteriormente se cambiaron las declaraciones para justificar imputaciones.
Adicionalmente, los familiares deben cancelar copias de los expedientes en el tribunal y, el OVP conoció de casos específicos de familiares a quienes les exigieron dos resmas de hojas blancas, dos cajas de bolígrafos y cuatro repuestos de tinta de impresora para iniciar el proceso legal de la persona privada de libertad.
Contingencia del terremoto
Las fallas de custodia durante la contingencia sísmica también expusieron el peligro al que están sometidos los privados de libertad en los centros de detención preventiva de la entidad, que fue denunciado de manera reiterada por el OVP anteriormente.
En el centro de detención de Macuto al menos 200 hombres que estaban privados de libertad en estos calabozos fueron trasladados a un espacio abierto, parecido a un patio, bajo la supervisión de un solo funcionario policial. Los detenidos relataron que el movimiento telúrico fue tan fuerte que entre ellos se agarraron de los brazos para poder caminar hacia el espacio abierto y resguardarse.
En medio de la confusión ocasionada por rumores posteriores a los terremotos, dicho funcionario abandonó el recinto y fue hasta la playa para verificar la supuesta información de la llegada de un posible tsunami.
El OPV exige al Poder Judicial y a los organismos de control del Estado que se ordene una inspección y auditoría desde Caracas para revisar minuciosamente todos los expedientes paralizados y viciados en La Guaira.
Es indispensable que el Circuito Judicial restablezca de inmediato su horario de trabajo completo, garantice el apego a derecho sin el yugo de las minutas centralizadas y busque a la brevedad una nueva sede habilitada o traslade los procesos a la ciudad de Caracas para salvaguardar el derecho a la vida y al debido proceso de los ciudadanos.
De igual forma, el OVP insta a la Fiscalía, al Ministerio para el Servicio Penitenciario y a la Defensoría del Pueblo a iniciar investigaciones penales rigurosas sobre las denuncias de cobros de dinero, extorsión y siembra de pruebas que supuestamente involucran a jueces, fiscales y a los cuerpos de seguridad del estado La Guaira.
