Publicado: noviembre 3, 2026, 10:30 pm
Delcy Rodríguez anunció este martes 3 de noviembre que su régimen negocia con organismos financieros internacionales un paquete de 17.000 millones de dólares para financiar proyectos de los sectores público y privado durante los próximos cinco años, aunque evitó precisar las condiciones de los posibles créditos y cómo Venezuela resolverá las deudas que todavía mantiene con algunas de esas instituciones.
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La sucesora de Nicolás Maduro presentó la iniciativa durante el congreso anual de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), donde aseguró que las conversaciones se encuentran orientadas a fortalecer la capacidad productiva del país, en lugar de destinar los recursos al consumo.
«Estamos sentados con las multilaterales diciendo qué sector del área productiva debe recibir financiamiento, nosotros no queremos dar financiamiento a experiencias de consumo, queremos dar financiamiento a las iniciativas de producción», afirmó Rodríguez ante los representantes empresariales.
Según explicó, el objetivo es que una parte importante de los recursos llegue directamente a las empresas privadas para acelerar sus actividades y ampliar la oferta de bienes y servicios. «Porque nosotros tenemos que mirar hacia el futuro y cuando miramos hacia el futuro, nosotros vamos a requerir mucha oferta», añadió.
Sin embargo, el anuncio dejó más preguntas que respuestas. Rodríguez no identificó cuáles organismos aportarían los 17.000 millones de dólares, tampoco detalló los montos correspondientes a cada institución, los intereses, las condiciones de pago ni los proyectos que recibirían los fondos. Por ahora, se trata de una nueva promesa anunciada por el chavismo, no de un financiamiento aprobado.
El acercamiento con la banca multilateral había comenzado a tomar forma el pasado 2 de octubre, cuando una delegación de BID Invest, brazo del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo dedicado al sector privado, visitó Venezuela para evaluar posibles mecanismos de financiamiento. Rodríguez calificó entonces las conversaciones como un proceso «bastante avanzado», aunque tampoco anunció contratos crediticios concretos.
Durante aquella visita, el gerente general de BID Invest, James Peter Scriven, explicó que la institución buscaba presentar sus capacidades y conocer directamente las necesidades de los empresarios venezolanos. El acercamiento permitió retomar el diálogo con el sector productivo, pero no representó por sí mismo la aprobación de nuevos préstamos.
El régimen chavista intenta recuperar así el acceso a fuentes internacionales de financiamiento después de años de distanciamiento institucional. El 24 de junio, el Grupo BID anunció el restablecimiento formal de sus relaciones con Venezuela tras aceptar el nombramiento de Calixto Ortega como representante del país ante la entidad, una decisión que permitió reabrir los canales de comunicación, pero no levantó automáticamente los obstáculos financieros.
Y es precisamente allí donde el anuncio de Rodríguez tropieza con una cuenta pendiente: Venezuela arrastra una deuda cercana a los 2.500 millones de dólares con el BID, que debe ser atendida antes de que puedan concretarse nuevas operaciones de crédito. La reapertura diplomática y financiera puede facilitar las conversaciones, pero no equivale a tener el dinero disponible.
La situación había sido advertida en junio por Adriana D’Elia, consejera sénior del BID, quien explicó que la institución y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) no podían reanudar operaciones crediticias mientras persistieran los incumplimientos de pago. Según señaló entonces, las deudas pendientes constituían un obstáculo para financiar nuevos proyectos de inversión en Venezuela.
