Publicado: noviembre 3, 2026, 6:30 am
La mejora de las difíciles condiciones de vida se mantiene entre las expectativas más urgentes de los venezolanos. Según una encuesta de AtlasIntel realizada en septiembre, el 84 por ciento de los consultados califica negativamente la situación económica actual. Este descontento se entrelaza con una clara aspiración de cambio político: el 77,3 por ciento de los consultados en ese mismo mes por Meganálisis considera que Venezuela no logrará estabilizarse ni recuperarse económicamente sin la celebración previa de elecciones presidenciales.
Por Ramón Cardozo Álvarez / dw.com
Los venezolanos aspiran a que la redemocratización del país se traduzca en bienestar social. Sin embargo, sobre la viabilidad de esa expectativa pesa una enorme carga financiera que podría poner en riesgo el éxito de cualquier programa de recuperación nacional.
Enorme deuda pública
Paradójicamente, Venezuela acumuló una enorme deuda pública después de haber disfrutado de uno de los períodos de mayor bonanza petrolera de su historia. Su monto total sigue siendo incierto debido a la opacidad de las finanzas públicas, pero, según un reporte de junio de 2026 del Financial Times —basado en fuentes anónimas familiarizadas con los planes del gobierno venezolano—, las deudas y reclamaciones contra el país podrían alcanzar los 240.000 millones de dólares. Este monto rebasa las proyecciones de la mayoría de los analistas, que situaban el pasivo del país entre 150.000 y 200.000 millones de dólares.
De confirmarse esa cifra, Venezuela enfrentaría uno de los mayores y más complejos desafíos de reestructuración de deuda soberana de la historia, no solo por el volumen de sus obligaciones y reclamaciones, cuyo monto en conjunto equivaldría a más del 200 por ciento del producto interno bruto estimado del país, sino también por su diversidad: bonos, deudas bilaterales y comerciales, sentencias judiciales y laudos arbitrales.
Desde noviembre de 2017, Venezuela se encuentra en default, tras incumplir pagos de su deuda externa. En mayo de 2026, el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció el inicio de un proceso de reestructuración de las obligaciones de la República y PDVSA.
Reconocidos economistas y juristas especializados en crédito público advierten que las condiciones en que se adelanta ese proceso tan complejo y delicado podrían hipotecar durante las próximas décadas los recursos que Venezuela necesita para reconstruirse y establecer una democracia estable.
Reestructuración y reconstrucción
Restablecer el acceso de Venezuela a los mercados internacionales de capitales exige una reestructuración de su deuda externa. No obstante, acometer esta tarea sin cumplir ciertos parámetros mínimos es extremadamente peligroso para el país, según advierte Omar Zambrano, economista jefe de ANOVA Policy Research y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas.
Para que el remedio no sea peor que la enfermedad, Zambrano considera indispensable el cumplimiento de ciertas condiciones: un plan económico de estabilización creíble, una comisión técnica independiente que audite la legitimidad del stock de la deuda, el aval técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y un mandato político claro de los negociadores. A juicio del economista, el proceso emprendido por el gobierno interino de Delcy Rodríguez adolece de todas ellas, o, al menos, no se conoce que las cumpla.
“La literatura es muy clara al respecto: cuando las reestructuraciones se hacen mal, los países no despegan, vuelven a sufrir rápidamente dificultades para pagar su deuda, hasta que caen nuevamente en default y se ven obligados a renegociar. Me temo que ese es el camino que podría tomar Venezuela”, advierte Zambrano.
Asimismo, el especialista sostiene que, de no lograrse condiciones verdaderamente favorables —como quitas significativas, amplios plazos de gracia y tasas de interés adecuadas—, el país en un corto lapso vería amenazados sus planes de recuperación. Bajo ese escenario, un futuro gobierno democrático tendría que destinar un porcentaje sustancial del presupuesto público al servicio de la deuda, lo que forzaría recortes en la inversión pública y en el gasto social destinado a salud, educación, servicios básicos e infraestructura.
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