Publicado: noviembre 1, 2026, 4:00 pm
El robo de 6.300 millones de dólares a Binance, considerado el mayor hackeo de criptomonedas de la historia, puso al mundo financiero en alerta este domingo 1 de noviembre, pero su magnitud resulta pequeña frente a los más de 316.000 millones de dólares que Transparencia Venezuela identificó en proyectos públicos paralizados o inconclusos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
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En el caso de Binance, los atacantes necesitaron aproximadamente 20 minutos para sustraer activos digitales por una cantidad que supera el presupuesto anual de numerosos países. En Venezuela, la comparación conduce a otra historia, acumulada durante años de contratos, anuncios oficiales y obras que no llegaron a cumplir su propósito.
Los números dejan una diferencia difícil de ignorar. Los recursos asociados a las obras inconclusas identificadas por Transparencia Venezuela equivalen a unas 50 veces el monto del hackeo de Binance. Dicho de otra manera, harían falta aproximadamente cincuenta ataques de semejante magnitud para alcanzar aquella cifra.
De acuerdo con el inventario publicado por Transparencia Venezuela en septiembre de 2022, 246 obras contratadas o anunciadas durante los gobiernos de Chávez y Maduro permanecían sin culminar. La organización consiguió información financiera de 153 proyectos, cuyos montos sumaban aproximadamente 316.000 millones de dólares. Para entonces, las obras estaban distribuidas en 21 estados del país.
La investigación identificó 35 obras de vialidad, 27 de transporte, 23 de vivienda, 22 de salud y 21 de educación, además de proyectos relacionados con electricidad, agua potable, alimentación e infraestructura productiva. No se trataba únicamente de inversiones sin terminar, sino de servicios públicos que los ciudadanos esperaban recibir y por los que el Estado había comprometido cantidades considerables de dinero.
Entre los casos documentados aparece el hospital tipo III de Guanta, en Anzoátegui, cuya construcción quedó vinculada a investigaciones por corrupción contra el exalcalde Jonathan Marín. También figura la Unidad de Quemados del hospital Dr. Luis Razetti, en Barinas, que terminó funcionando parcialmente con una finalidad distinta de la anunciada inicialmente.
En Bolívar, la remodelación de la Escuela Básica Nacional Las Américas dejó tres aulas y una cocina inutilizadas después de que los trabajos comenzaran con el retiro del techo y fueran abandonados poco después. En Lara, el Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor constituye otro ejemplo de los proyectos que acumularon años de retrasos y asignaciones presupuestarias sin alcanzar plenamente los objetivos prometidos.
La distribución geográfica del inventario también resulta reveladora. Lara encabezaba el registro con 66 obras inconclusas, seguida de Barinas con 45, Zulia con 22 y Bolívar con 21. Detrás de esas cifras se encuentran necesidades que no desaparecieron cuando se agotaron los recursos o se paralizaron los contratos.
Transparencia Venezuela advirtió que uno de los principales problemas era la opacidad sobre las condiciones de contratación, los desembolsos y los responsables de la ejecución. Sin información pública suficiente, resulta difícil reconstruir cuánto dinero fue efectivamente gastado, qué trabajos se realizaron y qué responsabilidades corresponden a cada proyecto.
La situación de Binance presenta, por ahora, un escenario diferente. El FBI atribuyó el ataque a TraderTraitor, un grupo de ciberdelincuencia vinculado con Corea del Norte, mientras la plataforma anunció medidas para compensar a sus usuarios y colaborar con otras empresas en el rastreo de los activos sustraídos.
De hecho, Binance informó que había conseguido recuperar o cubrir aproximadamente el 95 % de los 6.300 millones de dólares afectados, utilizando recursos propios y mecanismos de protección financiera. La plataforma anunció para este domingo la reanudación progresiva de los retiros de criptomonedas, aunque las investigaciones sobre el ataque y el destino de los fondos continuaban.
Ese es otro punto que vuelve especialmente incómodo el contraste con Venezuela. En el hackeo, la empresa afectada asumió compromisos concretos para responder por las pérdidas. En el inventario venezolano, los proyectos se acumularon durante años sin que existiera una rendición pública de cuentas capaz de explicar satisfactoriamente el destino de todos los recursos.
Al final, la diferencia más importante no está únicamente en los montos. Los delincuentes que atacaron Binance sustrajeron activos digitales; las irregularidades y el despilfarro denunciados en las obras públicas venezolanas dejaron también consecuencias materiales para la población, desde hospitales sin terminar hasta escuelas y sistemas de transporte que no cumplieron sus promesas.
El golpe a Binance tomó minutos y ya tiene responsables señalados por los investigadores. El expediente de las obras inconclusas del chavismo lleva años abierto y todavía arrastra preguntas sobre contratos, desembolsos y responsabilidades. En el primer caso, el dinero puede seguirse a través de una cadena de bloques. En el segundo, demasiadas respuestas siguen enterradas bajo toneladas de concreto abandonado.
