Publicado: octubre 21, 2026, 3:00 am
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba ha puesto sobre la mesa documentos oficiales del propio Instituto Mexicano del Seguro Social que revelan algo que se hizo de manera irregular y que solo ahora, 2 años después, está saliendo a la luz. No se trata de cuestionar si las personas que eran atendidas por el programa IMSS-Coplamar merecen atención médica. Claro que la merecen. El problema es la forma en que se resolvió el financiamiento: a escondidas, por abajo del agua y utilizando recursos que no estaban destinados para ese fin.
En julio de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto que incorpora el programa IMSS-Coplamar (antes IMSS-Bienestar) al régimen ordinario del IMSS. Con ello se sumaron alrededor de 11 millones de personas —la mayoría sin seguridad social— y más de 4 mil unidades médicas, en su mayoría rurales. El programa había solicitado más de 32 mil millones de pesos para 2025. En el Presupuesto de Egresos de la Federación no se le asignó un solo peso adicional.
Ante el riesgo de cierre de unidades y de interrupción de consultas y cirugías, el Consejo Técnico del IMSS autorizó, en diciembre de 2024, usar reservas operativas provenientes de los ingresos excedentes de 2024 para sostener el programa durante los primeros meses de 2025. Posteriormente, el propio Informe sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2024-2025 reconoció que se destinaron 20,700 millones de pesos de esos excedentes para financiar la continuidad y la incorporación al régimen ordinario. El acuerdo del Consejo Técnico instruía a gestionar mecanismos de compensación o reembolso con el Gobierno Federal. Hasta ahora no hay claridad sobre cuánto se ha reintegrado realmente ni con qué calendario.
Estas reservas se integran con las cuotas tripartitas de trabajadores, patrones y gobierno. Dichas cuotas que vienen de esas 3 aportaciones por ley están destinadas a financiar las prestaciones de los derechohabientes del IMSS: enfermedad y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vida, retiro, cesantía y guarderías. No son un guardadito de libre disposición para tapar huecos de otros programas. Usarlas para atender población no asegurada es equivalente a tomar el fondo de emergencia de una familia para pagar la renta de la casa del vecino, con la promesa de que “después se repondrá”. Mientras tanto, los derechohabientes enfrentan saturación, citas retrasadas y falta de infraestructura. El propio Instituto ha señalado que esta carga adicional contribuye a explicar parte de la presión sobre sus servicios -y para sus trabajadores hoy claramente inconformes.
No es la primera vez que ocurre algo así. En el sexenio anterior, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió disponer de los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del entonces Seguro Popular. Ese fondo se había acumulado durante años con un propósito legal claro: financiar enfermedades de alto costo —cáncer infantil, de mama, cervicouterino, VIH, infartos, trasplantes— para población sin seguridad social. En 2019 se anunció el uso de 40 mil millones de pesos. Después se documentaron transferencias masivas a la Tesorería de la Federación que sumaron decenas de miles de millones. El resultado fue una caída drástica en la atención de esos padecimientos. El esquema que debía fortalecerse se destruyó, y los recursos se diluyeron sin rastro claro de su destino final. Se succionó sin explicación
En ambos casos el patrón es el mismo: se toman reservas históricas cuyo destino está definido por la ley para cubrir objetivos distintos a los previstos. Se hace porque hace falta tapar un hoyo presupuestal, se sale del problema inmediato y se deja para después la explicación o la restitución. La diferencia es que ahora, con documentos oficiales en mano, el movimiento quedó expuesto. Lo que se intentó resolver por abajo del agua terminó flotando.
Esto importa porque el IMSS ya enfrenta desafíos de sostenibilidad de largo plazo: envejecimiento de su población, enfermedades crónicas y un pasivo de jubilaciones considerable. Agregarle una carga de 11 millones de personas sin el financiamiento correspondiente no es un ajuste técnico menor. Es una decisión que afecta la calidad y la oportunidad de la atención de quienes cotizan y, al mismo tiempo, deja en la opacidad el costo real de la incorporación.
La cobertura universal es un objetivo legítimo. Hacerla a costa de las reservas de los trabajadores formales, sin recursos fiscales adicionales y sin transparencia oportuna, no lo es. Los documentos que le agradecemos haya sacado a la luz el diputado Ramírez Barba permiten ver con claridad lo que ocurrió. Ahora corresponde al Gobierno explicar, con números y con plazos, cuánto se usó, cuánto se ha reintegrado y cómo se evitará que esta práctica se repita. Porque cuando se toman recursos ajenos a su destino legal, el muertito siempre termina flotando.
Brazos abiertos a farma India; desprecio a la mexicana
La industria farmacéutica mexicana reaccionó con gran indignación ante la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con empresarios de la farma India, mientras el gremio nacional lleva dos años solicitando un encuentro sin respuesta. Ven en ello actitudes malinchistas y un claro desprecio.
El anuncio lo hizo en LinkedIn la India-Mexico Business Chamber: compromisos de inversión por más de 6,000 millones de pesos, además de planes de expansión tecnológica y formación de talento mexicano. Según la cámara, los proyectos incluyen producción en México de oncológicos y biotecnológicos, entre otros, con transferencia de tecnología e integración de cadenas productivas para avanzar en soberanía sanitaria.
Industriales nacionales lo califican de puro discurso. Lo que más duele -nos indican- es el contraste: India lleva décadas con un plan robusto de apoyo a su farmacéutica con grandes resultados -subsidios, incentivos fiscales y el respaldo activo de sus embajadas para abrir puertas, como ocurre ahora en México-, mientras aquí más bien sin ninguneadas. La farma mexicana ya no pide el mismo empuje que el Gobierno indio da a su sector farma, solo al menos ser escuchada por la mandataria.
