Publicado: octubre 17, 2026, 2:30 am
El abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la líder democrática venezolana María Corina Machado, denunció este viernes que la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre los tribunales especializados en materia de terrorismo no pone fin a la persecución política en Venezuela. A su juicio, la medida busca “maquillar la estructura represiva” del sistema judicial.
A través de sus redes sociales, Rocha cuestionó la resolución mediante la cual el máximo tribunal formalizó la supresión de los juzgados de control especializados en terrorismo y transfirió esa competencia a los tribunales penales ordinarios.
Sin embargo, el jurista advirtió que los cuatro tribunales especializados seguirán conociendo las causas que ya están en curso, una decisión que, según sostuvo, mantiene las irregularidades que han afectado a los procesados por motivos políticos.
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El abogado calificó la decisión como un “artificio organizativo” y aseguró que no existe una base legal que permita al TSJ realizar estos cambios en los términos anunciados.
“Mediante un mero artificio organizativo, se limitaron a ‘suprimir’ los tribunales de control de la materia y trasladaron formalmente la competencia por terrorismo a los juzgados ordinarios; y lo peor, nuevamente lo hacen sin base legal que los autorice a hacerlo y manteniendo la vigencia de los cuatro tribunales especializados para las causas en curso”, señaló Rocha.
El asesor jurídico de Machado sostuvo que mantener estos juzgados para los procesos pendientes prolonga las vulneraciones al derecho a la defensa y al principio del juez natural, garantías fundamentales que deben proteger a todas las personas sometidas a un proceso penal.
El principio del juez natural establece que una persona debe ser juzgada por un tribunal competente, establecido previamente conforme a la ley, y no por una instancia creada o seleccionada de manera arbitraria.
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Rocha también cuestionó que la resolución del TSJ no contemple la anulación de los procesos penales por presunto terrorismo que, según su planteamiento, se han utilizado contra opositores y dirigentes políticos.
A juicio del abogado, lo que correspondía conforme a la Constitución y las leyes era declarar la nulidad absoluta de las causas abiertas contra dirigentes y ciudadanos disidentes, incluidos aquellos que cuestionaron los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Para Rocha, la decisión de no anular estas actuaciones responde a un cálculo de las autoridades judiciales para evitar que se examinen las posibles responsabilidades derivadas de las irregularidades denunciadas.
En su pronunciamiento, el jurista planteó tres razones por las que, a su juicio, las autoridades evitarían reconocer la nulidad de los procesos:
- Reconocer la ruptura del orden constitucional: declarar la nulidad de las actuaciones supondría admitir que se produjeron vulneraciones del ordenamiento jurídico.
- Exponer posibles responsabilidades penales: reconocer las irregularidades podría abrir el debate sobre la responsabilidad de quienes ejecutaron o acataron órdenes presuntamente inconstitucionales.
- Evitar futuras reclamaciones judiciales: Rocha considera que las autoridades actúan bajo la expectativa de que no tendrán que responder por los daños que, según denuncia, han causado.
El abogado cerró su pronunciamiento con una advertencia sobre las posibles consecuencias futuras de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales. “Ellos juegan a que aquí nunca habrá una República que les reclame ni demanden los graves daños que han causado. Se equivocan…”, expresó.
