Publicado: octubre 17, 2026, 12:30 am
Nueve antiguos empleados del FBI han presentado una demanda ante un tribunal federal en Washington para recuperar sus puestos de trabajo tras ser despedidos en febrero de 2026. Los demandantes, que participaron en la investigación sobre los documentos clasificados que Donald Trump conservó en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, consideran que sus despidos fueron ilegales y responden a represalias políticas.
La acción judicial se suma a las impugnaciones contra los despidos de empleados del FBI que participaron en investigaciones relacionadas con el presidente republicano o que fueron considerados contrarios a los intereses de su Administración.
Según la demanda, los nueve trabajadores, entre ellos agentes, analistas de inteligencia y especialistas en operaciones antiterroristas, no se incorporaron voluntariamente a la investigación sobre Trump, sino que fueron asignados a ella como parte de sus funciones en los equipos de contrainteligencia y contraespionaje.
Los demandantes sostienen que fueron despedidos por la percepción de que su trabajo policial entraba en conflicto con la lealtad política y personal que la dirección de la agencia exigía hacia el presidente. Además, aseguran que perdieron sus empleos sin una investigación previa, notificación ni audiencia previa.
«Los demandantes fueron despedidos ilegalmente, sin ninguna causa o motivo legítimo, únicamente para satisfacer la venganza personal del presidente», argumentan sus abogados en el escrito judicial.
La investigación de los documentos clasificados de Trump
La demanda detalla los hechos que dieron lugar a la investigación sobre los documentos que Trump se llevó de la Casa Blanca al término de su primer mandato y conservó en su residencia de Mar-a-Lago.
Según la acusación federal presentada en junio de 2023, el entonces expresidente habría retenido de forma indebida decenas de documentos clasificados, algunos de los cuales contenían información sensible sobre las capacidades militares de Estados Unidos y otros países, sus programas nucleares y posibles vulnerabilidades ante ataques militares. La acusación también sostenía que Trump había mostrado documentos a personas sin autorización para acceder a ellos y obstruido los esfuerzos para recuperarlos.
Trump negó haber cometido irregularidades. En 2024, la jueza federal Aileen Cannon, desestimó el caso al considerar que el nombramiento del fiscal especial Jack Smith, encargado de la investigación, era ilegal.
Los nueve empleados demandantes participaron en distintas fases de la investigación. En conjunto, según el escrito, acumulaban más de un siglo de servicio en el FBI. Entre sus trayectorias figuran trabajos relacionados con la respuesta al atentado del maratón de Boston, operaciones de recuperación de rehenes y la investigación del intento de asesinato de Trump en Butler, Pensilvania, en 2024.
La polémica por los despidos en el FBI
La demanda también cuestiona la actuación del director del FBI, Kash Patel, y apunta a sus declaraciones anteriores sobre la investigación de Mar-a-Lago. Antes de asumir el cargo, Patel había calificado el registro de la residencia de Trump de «ilegal» y había tachado de «gánsteres corruptos del Gobierno» a los agentes que participaron en la operación, según recoge el escrito.
La controversia se enmarca en una serie de despidos de empleados del FBI y del Departamento de Justicia vinculados a investigaciones sobre Trump. Días después de su investidura, un alto cargo del Departamento de Justicia pidió al FBI una lista de los empleados que habían investigado los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021. El entonces director en funciones del FBI, Brian Driscoll, se resistió a esa petición, que algunos trabajadores interpretaron como un posible paso previo a una purga de personal.
Patel, por su parte, defendió en una comparecencia ante el Comité Judicial del Senado que los empleados despedidos habían «instrumentalizado» el FBI.
Esta no es la primera demanda de este tipo. A principios de año, dos exagentes especiales del FBI presentaron otra acción judicial en la que denunciaban haber sido despedidos injustamente por su participación en la investigación conocida como «Arctic Frost», relacionada con los intentos de Trump de revertir su derrota electoral de 2020.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha criticado reiteradamente las investigaciones que se han llevado a cabo contra él, calificándolas de «caza de brujas política». La nueva demanda abre otro frente judicial en torno a los despidos de trabajadores federales vinculados a esos casos.
