Publicado: octubre 14, 2026, 8:30 pm
El activista y militante de Vente Venezuela, Nelson Piñero, y el expreso político Carlos Azuaje, denunciaron presuntas irregularidades judiciales en el Caso Paramacay, que involucra al capitán Juan Carlos Caguaripano y a otros procesados. Ambos cuestionaron el traslado del expediente desde la Sala de Apelaciones 1 hasta la Sala de Apelaciones 2 del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, así como la convocatoria a una nueva audiencia.
Por: lapatilla.com
Según Piñero, el expediente fue remitido a la Sala de Apelaciones 2, presidida por el juez Carlos Alberto Bonilla. El dirigente sostuvo que la decisión carece de fundamento legal y retrasa el proceso judicial. Además, afirmó que el cambio de sala tendría como objetivo impedir una posible sentencia absolutoria favorable a Caguaripano y a los demás acusados.
Piñero aseguró que el traslado del expediente obliga a repetir la audiencia de apelación y a reabrir el lapso de diez días de despacho. A su juicio, esta decisión interrumpe los avances que, según su versión, se habían alcanzado en la instancia judicial anterior.
Por su parte, Carlos Azuaje informó, a través de un video, que los abogados defensores de los procesados ya fueron notificados sobre la repetición de la audiencia. El expreso político calificó la medida como un «desprecio y una burla» hacia los detenidos y sus familiares.
Azuaje también afirmó que, durante la audiencia celebrada ante la Sala de Apelaciones 1, se expusieron argumentos sobre la presunta nulidad absoluta del juicio de primera instancia por vulneraciones al derecho a la defensa. En esa sesión participaron los jueces Alejandro Chirinos, Scarleth Mérida y Darsi Sánchez, según la información difundida por los denunciantes.
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Piñero denunció que el cambio de sala forma parte de un patrón de actuaciones judiciales que, según su interpretación, perjudica a los procesados. En particular, señaló una presunta vinculación entre la Sala de Apelaciones 2 y el Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal de Carabobo, a cargo del juez Luis Ovalles Landaeta.
De acuerdo con la denuncia, Ovalles Landaeta dictó la condena en primera instancia, mientras que el traslado del expediente a la sala presidida por Bonilla podría comprometer la revisión de las actuaciones previas. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a los señalamientos de Piñero y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre la legalidad del procedimiento.
Como respaldo de sus declaraciones, Azuaje difundió una boleta de notificación de la Corte de Apelaciones, fechada en octubre de 2026 y correspondiente a la Resolución N.º 004-2026. Según explicó, el documento formaliza el traslado del expediente y la convocatoria a una nueva audiencia.
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Las denuncias de Piñero y Azuaje vuelven a poner el foco sobre el desarrollo del proceso judicial, los cambios en la instancia encargada de revisar la causa y las garantías del derecho a la defensa de Caguaripano y otros acusados.
