Publicado: octubre 14, 2026, 6:00 pm
Meta informó que analizará en detalle el decreto firmado este 14 de octubre por la presidenta Claudia Sheinbaum para proteger a menores de contenidos violentos en plataformas digitales.
La empresa, propietaria de Facebook e Instagram, aseguró que mantendrá el diálogo con las autoridades mexicanas, sin anticipar modificaciones específicas a sus aplicaciones.
«Estamos al tanto del decreto anunciado hoy por la presidenta de México y lo analizaremos en detalle. Continuaremos dialogando con las autoridades para contribuir a un entorno digital más seguro para los adolescentes en el país», respondió un vocero de Meta.
Sheinbaum sostuvo durante la conferencia matutina que las plataformas estuvieron de acuerdo con las disposiciones y solicitaron un mes para adaptar sus servicios. La postura de Meta anuncia una revisión del documento y hace referencia a las herramientas de protección que ya ofrece a adolescentes y familias.
«Desde hace años desarrollamos herramientas para que las madres y los padres acompañen la experiencia digital de sus hijos y para brindar a los jóvenes experiencias adecuadas a su edad en nuestras aplicaciones, como las Cuentas de Adolescentes en Facebook e Instagram, que incluyen protecciones para limitar quién puede contactarlos y el contenido que ven», advirtió el portavoz.
En junio, Meta anunció la expansión mundial de nuevas configuraciones de contenido para adolescentes, inspiradas en clasificaciones para mayores de 13 años. Según la empresa, en Instagram los adolescentes necesitan permiso de sus padres para seleccionar una configuración que permita ver más contenido.
Las exigencias del gobierno
El decreto presentado exige verificar la edad de los usuarios y clasificar los contenidos por edades. Las plataformas deberán impedir que los sistemas de recomendación expongan a menores a publicaciones comprendidas en las prohibiciones, además de retirar cuentas o contenidos que promuevan las conductas señaladas por el gobierno.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que las restricciones incluyen la promoción de violencia escolar y el ciberacoso. También abarcan contenidos que promuevan autolesiones y violencia sexual. Las empresas tendrán que publicar los criterios que utilicen para identificar y retirar materiales.
La privacidad y la seguridad deberán activarse desde el inicio en las cuentas de menores de edad. Las familias tendrán herramientas de supervisión y los usuarios podrán reportar publicaciones. Además, las plataformas deberán conservar evidencia relevante para investigaciones y alertar a las autoridades cuando detecten contenidos que atenten contra la vida.
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En la presentación, el gobierno dejó sin detallar el método de verificación de edad que deberán utilizar las compañías. Meta tampoco especificó si sus herramientas actuales requerirán cambios para cumplir.
Alcalde precisó que las compañías tendrán 30 días naturales, contados desde la entrada en vigor, para documentar e informar las acciones implementadas. El decreto carece de sanciones propias.
«Lo único que pidieron fue un mes para poder preparar sus plataformas para que esto sea una realidad. Y le vamos a dar seguimiento con la Agencia de Transformación Digital. Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas», dijo Sheinbaum.
Los límites legales
Jesús Eulises González Mejía, secretario técnico de la Línea de Investigación en Derecho e Inteligencia Artificial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuestionó en entrevista previa a la firma que un decreto presidencial baste para restringir la libertad de expresión. Advirtió que debe distinguirse entre una publicación que documenta una agresión y otra que incita a cometerla.
El académico también advirtió de posibles tensiones con el T-MEC. El tratado limita la responsabilidad de las plataformas por contenidos ajenos y conserva excepciones para aplicar leyes penales. También permite cumplir órdenes legales específicas de las autoridades y reconoce medidas necesarias para combatir la explotación sexual infantil en internet.
