Publicado: septiembre 29, 2026, 9:40 am
No se habla prácticamente de otra cosa en los últimos días. La atención de todos los medios de comunicación ha estado centrada casi al completo en la situación de Maricarmen, la vecina que fue desahuciada de la casa en la que vivía en régimen de alquiler de manera irregular en el distrito de Retiro, en Madrid. La salida de su domicilio provocó una concentración frente al mismo y el pasado sábado tuvo lugar una manifestación que pedía solucionar los múltiples problemas que sufre el mercado de la vivienda en España. Dicho acto concluyó con una concentración en la Puerta del Sol que aún hoy perdura con decenas de personas acampadas para mostrar su malestar. Su petición principal era la aprobación del ya conocido como ‘decreto Maricarmen’, el cual recibía lógicamente el nombre de esta mujer de 87 años que actualmente se encuentra ingresada en el hospital Gregorio Marañón a la espera de poder volver al domicilio en el que vivía tras haber llegado a un acuerdo con la empresa Urbagestión, propietaria del inmueble, previa intermediación del Ayuntamiento de Madrid. En la mañana de este martes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha iniciado la aprobación del nuevo decreto de vivienda tras llegar a su sufrido acuerdo con sus socios de Gobierno. Este decreto gira en torno a varias propuestas generales como la protección frente a los desahucios hasta 2030, la prórroga de los contratos que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028 o las limitaciones a los fondos buitre. Sin embargo, hay una medida que parece haberse quedado por el camino: la indemnización a los inquilinos si el arrendador no prolonga el contrato. Una medida que sin duda hubiera sido de lo más revolucionaria y que ha sido promovida por diferentes colectivos de arrendatarios bajo el liderazgo del Sindicato de Inquilinas. «Exigimos que se apruebe este mismo martes el ‘decreto Maricarmen’», decía una de sus portavoces. Su objetivo era que los contratos de arrendamiento sean algo parecido a los de trabajo. «Si no se quieren renovar, que se diga claro y se indemnice al inquilino, como ya sucede, por ejemplo, en los contratos indefinidos laborales». Una posición en el debate que hizo que muchos juristas se llevasen las manos a la cabeza porque supone un atropello para los propietarios, quienes de verdad tienen un derecho sobre su propiedad. Y es que la relación que existe entre un propietario y su vivienda no puede ser comparable a la de un empleador y un puesto de trabajo. Algunos abogados han empezado a levantar también la voz como es el caso de Valeria, profesional del bufete Almira Legal, quien ha hablado a través de sus redes sociales del famoso ‘decreto Maricarmen’. En su caso se centra en la posición del propietario, quien con su esfuerzo y su ahorro ha conseguido adquirir un piso por el que tendría que volver a pagar para poder utilizarlo. «Tu piso, tu hipoteca… Pero te quieren hacer pagar por recuperarlo», comenzaba argumentando Valeria en base a esa polémica medida exigida que no ha incluida por el momento. Y explicaba más en profundidad. «Te compras un piso, lo pagas tú con tu esfuerzo, ahora mismo no lo utilizas. Quizá lo necesita tu hija unos años o quizá no, quién sabe. Así que mientras tanto lo alquilas». «Pues con el decreto que pedían, el día que quieras recuperarlo, te va a tocar justificar. Y si el motivo simplemente es que es tuyo y lo quieres de vuelta, te va a tocar pagar una indemnización de un mes por cada año que ha estado ahí». Una situación que para la abogada sería, cuanto menos, surrealista. Por ello, recalcaba en la contradicción de «pagar para recuperar tu propia casa». Y se preguntaba: «¿Qué haría cualquier propietario con dos dedos de frente?». Para ella, la respuesta está clara y es uno de los motivos por el que consideraba esta propuesta como errónea. «Lo primero, subirían los precios, porque el riesgo se paga. Lo segundo, directamente ni alquilarían. La dejará vacía hasta que la necesite o la venda». Para Valeria, el resultado de la aprobación de esta propuesta dentro del decreto serían precios más caros y más pisos vacíos, ahondando el problema y agravando la situación. «¿Y quién va a pagar las consecuencias? El propietario no. El inquilino, el que buscaba piso. Tendría la mitad de opciones al doble de precio».
