Publicado: septiembre 29, 2026, 12:30 am
Los indígenas guatemaltecos aseguran que sus seres queridos desaparecidos en la atroz guerra de ese país gritan con intensidad en el silencio de la noche para ser encontrados, identificados y enterrados decentemente. En Chile parece que algo parecido ocurrió el 16 de octubre de 1998. Ese día, 25 años justos del inicio del viaje de la Caravana de la Muerte, en La Serena emergían los restos de 15 fusilados de una fosa.
La tumba clandestina, utilizada por los asesinos para esconder las pruebas de sus crímenes, aparecía a la misma hora que el ex dictador Augusto Pinochet era detenido en Londres, por una orden internacional cursada por el juez Baltasar Garzón, mientras se tramitaba su extradición a España para ser juzgado por crímenes vinculados a ese caso como autor, cómplice o encubridor.
¿Pero qué fue la Caravana de la Muerte? Pocas semanas después del sangriento golpe militar del 11 de setiembre de 1973 que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende, el general Sergio Arellano Stark recorrió junto a otros oficiales varias ciudades del norte de Chile en un helicóptero Puma.
Pinochet había nombrado a Arellano su oficial delegado y plenipotenciario con la misión de «uniformar criterios en los consejos de guerra» que se desarrollaban en varias ciudades norteñas contra los partidarios de la Unidad Popular, la coalición izquierdista que apoyó a Allende.
Los oficiales chilenos tuvieron una actuación breve pero muy productiva: 75 prisioneros, muchos de los cuales ya estaban condenados a penas de prisión, fueron ejecutados en varias ciudades. Años después se sumaron otros 18 prisioneros en otras ciudades del sur del país, hasta un total de 93. Ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo sin que se hubiera dictado sentencias de muerte o tras juicios sin garantías procesales. Los cuerpos fueron enterrados clandestinamente en fosas comunes o en el desierto. Décadas después siguen sin aparecer casi una veintena de cuerpos.
A pesar de ser informado de la violencia con la que actuó este grupo formado por una decena de oficiales chilenos, Pinochet no adoptó ninguna sanción contra Arellano, el jefe del operativo sanguinario, e incluso lo ascendió meses después, a principios de 1974, a Comandante en Jefe de la Segunda División con sede en Santiago, la capital chilena. Otros miembros tuvieron después una participación clave en violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Varios de los militares que se opusieron a las ejecuciones o se mostraron pusilánimes fueron pasados a la reserva o expulsados del ejército. Por sus declaraciones se supo que la Caravana de la Muerte era una unidad de combate con la misión de exterminar. No hubo compasión ni piedad. Los cuerpos y las pruebas fueron ocultados después de ser ejecutados, a las víctimas se les insultó con infamias y se persiguió a sus familiares durante años.
Aunque pueda sorprender el caso comenzó a despertar de un silencio de 15 años en plena dictadura cuando Pinochet se regodeaba que no se movía una hoja en el país sin que él lo supiera. En julio de 1985, Sergio Arellano Iturriaga, hijo del jefe del contingente criminal, escribió un libro para demostrar la inocencia de su padre. Durante los siguientes meses, ex altos oficiales dieron testimonios contradictorios que se publicaron en las revistas de oposición al pinochetismo.
El coronel Eugenio Rivera Desgroux, gobernador militar en Calama en 1973, aseguró que el general Arellano venía como oficial delegado de Pinochet. Fernando Reveco, oficial que presidió los consejos de guerra en Calama, fue muy claro al afirmar que estaba en contra de la pena de muerte y que sus sentencias firmes fueron condenas de entre dos meses y veinte años de prisión.
Los familiares de las víctimas presentaron entre el 12 de octubre y el 9 de noviembre de 1985 trece querellas por secuestro contra quienes resultasen culpables de los hechos ocurridos en Calama y homicidio con agravantes en Antofagasta, único lugar donde los cadáveres fueron entregados aunque sellados y obligados a ser enterrados sin ceremonia alguna.
El revuelo fue tan espectacular que un mes más tarde se nombró al juez Hugo Andrés Bustos para investigar las tres causas de Antofagasta. Este juez estableció presunciones bastantes fundadas contra los responsables, entre ellos el general Arellano.
En junio de 1986, la Corte Suprema de entonces, un títere en manos de la dictadura, entregó la competencia de las causas a la fiscalía militar para que aplicase la Ley de Amnistía y cerrar el caso. Pero antes el juzgado militar tomó declaración al general en la reserva Joaquín Lagos, jefe de la Primera División durante los hechos investigados con jurisdicción sobre varias ciudades implicadas.
Recuerdo que me quedé desconcertado cuando en diciembre de 1986, un mes después de llegar a Chile en mi primer viaje, la revista opositora Apsi filtró la declaración jurada de Lagos ante la corte marcial con inculpaciones contra militares de alta graduación. Una fuente de toda solvencia me aseguró que este general y su familia recibieron amenazas de muerte con el fin de impedir su declaración.
Lagos no se fue por las ramas y explicó con todo lujo detalles lo ocurrido desde la llegada de Arellano, dio la lista de todos los acompañantes de la banda criminal y confesó su estupefacción cuando descubrió que en tres ciudades bajo su mando habían ejecutado a 56 prisioneros. Faltaba la guinda en su declaración: Pinochet tuvo conocimiento de los graves hechos ocurridos en Antofagasta el mismo día durante una escala técnica en la ciudad antes de regresar a la capital.
Cuando el general Arellano tenía que declarar en el juzgado militar, se dictó por sorpresa el decreto de Ley de Amnistía del 19 de abril de 1978 que obligaba y seguía obligando muchos años después del fin de la dictadura a conceder la amnistía a los culpables de hechos delictivos ocurridos entre el 11 de setiembre de 1973, día del golpe de Estado y el 10 de marzo de 1978. Poco después se notificó la aplicación de esta misma ley a los procesos abiertos en Calama.
Los abogados querellantes de la época consideraron que se trataba de «una aberración jurídica porque el secuestro concluye cuando la persona o su cuerpo es encontrado». Tuvieron que pasar más de once años para que una querella criminal relacionase a Pinochet con el caso Caravana de la Muerte.
La democracia chilena, tan vigilada como la española durante la transición, fue recuperada el 11 de marzo de 1990 cuando Pinochet dejó de ser el dictador de Chile y tuvo que marcharse del Congreso chileno entre insultos y pedradas de sus opositores. Durante ocho años, hasta el 10 de marzo de 1998, siguió siendo el comandante en jefe del ejército tal como se estableció en una Constitución diseñada para garantizarle la impunidad.
Lo más atroz estaba por llegar: el 11 de marzo de 1998 se convirtió en senador vitalicio tras ser jefe supremo de la nación y comandante en jefe benemérito del ejército de Chile. El hombre, que se había mofado de las víctimas al declarar que se enterraba a varios ejecutados en la misma tumba para “economizar”, llegaba al senado que había cerrado violentamente veinticinco años antes y se tropezaba con representantes elegidos democráticamente, que eran hijas e hijos de sus principales víctimas.
El sistema diseñado durante la sangrienta dictadura era pulido por una democracia vigilada. El sociólogo chileno Tomás Moulian definió esta llegada de Pinochet al club de los políticos privilegiados como un simulacro «capaz de justificar todos los crímenes como razones de estado y borrar la distinción absoluta que debe separar la crueldad estatal de cualquier otro vicio o error humano». Con la ayuda de una gran parte de la clase política chilena, incluidos miembros destacables del partido al que perteneció Salvador Allende, Pinochet resucitaba como el Gatopardo chileno.
Pero las víctimas seguían pidiendo justicia. Todavía recuerdo el 12 de enero de 1998 en mi enésimo viaje a Chile cuando la máxima dirigente del Partido Comunista me dijo a muy primera hora de la mañana ante mi sorpresa: «Hoy empieza el futuro de Chile. A lo largo de la mañana voy a presentar la primera querella contra Pinochet en nombre de mi partido y en el mío propio como esposa de un desaparecido y después van a llegar más querellas de las agrupaciones de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos».
Una de esas querellas, la primera por el caso Caravana de la Muerte, la presentó el abogado Hugo Gutiérrez en nombre de Rosa Silva. Ella me contó que «había estudiado derecho para entender mejor lo que había ocurrido». Su padre había viajado tras el golpe de Estado desde la capital a Antofagasta, a 1.100 kilómetros, para presentarse ante las nuevas autoridades. «Conseguí el sumario, lo leí entero y supe que el cuerpo había sido abierto en canal», me contó hace 26 años Rosa Silva entre lágrimas.
