Publicado: septiembre 2, 2026, 8:02 pm
Dos meses después del terremoto que golpeó a Venezuela y la atención a miles de damnificados continúa marcada por la opacidad, la militarización de los refugios, la falta de participación de las víctimas y la ausencia de un plan claro de reconstrucción, según advirtió el defensor de derechos humanos Rafael Uzcátegui durante una entrevista con La Patilla.
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Uzcátegui sostuvo que la principal preocupación de las organizaciones de derechos humanos desde los primeros días de la tragedia fue evitar que se repitieran experiencias anteriores, cuando los refugios creados durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro terminaron convirtiéndose, en sus palabras, en “depósitos de personas”, donde familias permanecieron durante largos períodos en condiciones de hacinamiento y sin suficientes garantías de alimentación, vivienda digna, seguridad o privacidad.
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A su juicio, la experiencia internacional ofrece criterios claros para responder a emergencias de esta magnitud y Venezuela no necesita improvisar.
Los campamentos temporales, explicó, deben garantizar información clara para los damnificados, acceso permanente a agua potable y saneamiento, seguridad, alimentación suficiente, atención médica, apoyo psicosocial, privacidad y protección frente a cualquier tipo de discriminación.
Además, deben preservar la unidad de las familias y permitir que los propios afectados participen en las decisiones que determinarán las condiciones de su estadía y su futuro.
“Desde el momento en que se crea un refugio, las autoridades deberían estar pensando cuándo ese refugio va a ser cerrado”, señaló Uzcátegui, al insistir en que la permanencia en estos espacios debe ser estrictamente temporal y estar acompañada desde el comienzo por una política de reubicación y reconstrucción.
Sin embargo, su evaluación de lo ocurrido durante los dos primeros meses posteriores al terremoto es negativa.
“Lamentablemente estamos volviendo a repetir los errores”, afirmó.
Más de 23.000 personas en 107 refugios
Según las cifras mencionadas por Uzcátegui durante la entrevista, se habrían habilitado 107 refugios o “campamentos temporales”, donde permanecerían más de 23.000 personas.
El activista denunció que distintas organizaciones internacionales, entre ellas instancias de Naciones Unidas, no han podido ingresar libremente a la mayoría de estos espacios para verificar las condiciones en las que se encuentran los afectados.
Uno de los aspectos que más le preocupa es precisamente la militarización de los refugios.
De acuerdo con su descripción, buena parte de ellos se encuentra bajo la estructura creada por las autoridades para manejar la contingencia, mientras los residentes enfrentan restricciones de circulación y tienen escasa o ninguna participación en las decisiones internas.
Los pocos videos que han podido conocerse, agregó, muestran grandes salones llenos de literas, sin suficiente privacidad y con condiciones de hacinamiento. También afirmó que han comenzado a recibirse denuncias relacionadas con dificultades para acceder permanentemente a agua potable y alimentación adecuada.
Para Uzcátegui, el gran riesgo es que el carácter supuestamente temporal de esos campamentos termine prolongándose indefinidamente, como ocurrió durante otras emergencias venezolanas.
Una reconstrucción sin suficiente transparencia
La incertidumbre aumenta por la falta de claridad sobre la reconstrucción.
El defensor de derechos humanos recordó que las autoridades han informado sobre la construcción de 335 viviendas y que Delcy Rodríguez anunció otras 4.000 para antes de diciembre. Sin embargo, considera que esa cantidad sería insuficiente frente a las dimensiones de la destrucción.
Durante la conversación señaló que las estimaciones sobre viviendas destruidas se encuentran entre 18.000, según organismos de Naciones Unidas citados por él, y 25.000, de acuerdo con cifras divulgadas por las propias autoridades venezolanas.
Uzcátegui agregó que tampoco existe suficiente transparencia sobre los criterios de adjudicación de las nuevas viviendas, el ritmo de construcción ni las condiciones técnicas que deberán cumplir.
Incluso mencionó denuncias según las cuales algunas de las primeras viviendas construidas no habrían terminado en manos de víctimas directas del terremoto, sino de otros funcionarios.
Para el activista, este tipo de señalamientos hace indispensable establecer mecanismos públicos de rendición de cuentas que permitan conocer quién recibe una vivienda, bajo qué criterios y con qué garantías de calidad y seguridad.
El problema, sostuvo, trasciende la emergencia humanitaria y se conecta directamente con la crisis institucional venezolana.
Uzcátegui afirmó que la falta de seguridad jurídica y de autoridades legítimas dificulta la llegada de inversión privada y extranjera que podría participar en la reconstrucción del sector inmobiliario.
“No es que uno quiera politizar la tragedia”, explicó. El problema, a su juicio, es que la ausencia de instituciones confiables termina teniendo consecuencias concretas para las personas que necesitan recuperar sus viviendas y reconstruir sus vidas.
“Se priorizó el control político”
El defensor también cuestionó la respuesta oficial frente al terremoto al compararla con emergencias anteriores.
Recordó que el duelo nacional fue anunciado siete días después de la tragedia y señaló que, desde el comienzo, las autoridades parecieron privilegiar una lógica de control político, control de la población y control de la información.
En ese punto mencionó otro elemento que considera fundamental: el bloqueo de medios de comunicación.
Uzcátegui afirmó que casi 90 medios permanecen bloqueados en Venezuela y sostuvo que esta situación impide que los ciudadanos reciban información de manera oportuna, especialmente grave durante una catástrofe.
“La información salva vidas, la información da certidumbre”, expresó hacia el final de la entrevista.
A su juicio, la actuación estatal contrasta con experiencias anteriores en las que universidades, ingenieros, expertos y organizaciones civiles fueron incorporados a los equipos encargados de diseñar soluciones.
Recordó que durante la tragedia de Vargas de 1999, Carlos Genatios convocó a universidades y especialistas para trabajar en la respuesta. En esta ocasión, dijo, personas con amplia experiencia humanitaria, como Susana Raffalli, han denunciado haber sido marginadas de los procesos de toma de decisiones.
Uzcátegui explicó que su organización preparó una guía con recomendaciones sobre cómo deberían funcionar los refugios y la remitió a distintas instituciones, entre ellas la Asamblea Nacional, organismos de protección civil y cuerpos de bomberos.
Según relató, el interés recibido vino fundamentalmente de instancias de Naciones Unidas y algunos organismos privados, pero no de las autoridades venezolanas.
“Siguen viendo la participación ciudadana no como un complemento, sino como un obstáculo”, lamentó.
Una nueva generación de activistas
Pese a las críticas, Uzcátegui destacó un elemento que considera esperanzador: la reacción de la sociedad civil venezolana.
Aseguró que la tragedia ha provocado la aparición de nuevos activistas, iniciativas digitales y grupos ciudadanos que han intentado documentar a personas desaparecidas, asistir a los damnificados y llenar los vacíos producidos por la falta de información oficial.
Para él, esa nueva generación podría dejar un importante “saldo organizativo” y contribuir a renovar las organizaciones de derechos humanos y la propia sociedad civil.
Uno de los ejemplos abordados durante la conversación fue precisamente el esfuerzo ciudadano para registrar personas desaparecidas.
Uzcátegui señaló que la falta de una lista oficial consolidada de fallecidos y desaparecidos ha obligado a grupos independientes a elaborar sus propias bases de datos.
Durante la entrevista se mencionó una cifra de 6.509 fallecidos como el último registro conocido citado por el activista, aunque recalcó que no existe una cifra oficial consolidada y que diferentes funcionarios han ofrecido números dispares.
Vivienda o educación: un dilema que no debería existir
La situación de los colegios y escuelas utilizados actualmente como refugios también genera preocupación ante el inicio del nuevo año escolar.
Para Uzcátegui, las autoridades enfrentan ahora la obligación de encontrar alternativas que permitan garantizar simultáneamente el derecho a la vivienda de los damnificados y el derecho a la educación de miles de estudiantes.
“No se puede contraponer el derecho a la vivienda con el derecho a la educación”, advirtió.
El activista señaló, además, que el impacto sobre niños y adolescentes no puede evaluarse únicamente desde el punto de vista de la infraestructura.
Muchos fueron testigos directos del terremoto, perdieron familiares o atravesaron situaciones traumáticas, por lo que la respuesta institucional debería incluir atención emocional y psicosocial.
Algunos niños, explicó, podrían incluso sentir temor de regresar a una escuela después de lo ocurrido.
Una fecha para las presidenciales
Frente a este panorama, Uzcátegui resumió en dos puntos lo que le gustaría que ocurriera de inmediato.
El primero es particularmente político: que de la mesa de diálogo salga una fecha concreta para las elecciones presidenciales.
Aclaró que no entra a discutir si esos comicios deben celebrarse dentro de un año o año y medio. Para él, lo determinante es que exista una fecha.
Uzcátegui considera que establecer un horizonte electoral comenzaría a modificar el comportamiento dentro del propio aparato del Estado.
“Muchos funcionarios van a trabajar de manera mucho más institucional”, afirmó.
Según su análisis, algunos comenzarían a cuidar con mayor atención las decisiones que toman al comprender que en el futuro deberán formar parte de otra etapa política del país y que sus actuaciones actuales podrían ser evaluadas.
“El anuncio de una fecha va a hacer que muchas cosas pasen”, afirmó, incluyendo decisiones directamente relacionadas con el proceso de reconstrucción.
Para el defensor de derechos humanos, ese anuncio representaría un hito capaz de comenzar a introducir una nueva dinámica política e institucional.
Abrir Venezuela a los organismos internacionales
Su segunda petición es permitir el ingreso al país de organismos internacionales especializados que hasta ahora no han podido trabajar con libertad en Venezuela.
Entre ellos mencionó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos y diferentes relatorías vinculadas con vivienda y derechos económicos, sociales y culturales.
Uzcátegui insistió en que estas instituciones no deberían ser vistas como adversarios.
Por el contrario, podrían ofrecer asesoría técnica, conocimiento especializado y experiencia internacional para enfrentar un proceso de reconstrucción que necesariamente será prolongado.
“Esto no se va a resolver de la noche a la mañana”, recordó.
“La confianza no se reconstruye con discursos”
El cierre de la entrevista dejó una última exigencia dirigida a las autoridades: levantar los bloqueos contra los medios de comunicación.
Para Uzcátegui, hacerlo no requiere una gran reforma administrativa sino una decisión política inmediata.
A dos meses del terremoto, su diagnóstico combina alarma con una pequeña ventana de esperanza.
Por un lado, observa una respuesta oficial que, según denuncia, reproduce prácticas del pasado: opacidad, militarización, exclusión de especialistas, restricciones a la información y ausencia de suficientes mecanismos de rendición de cuentas.
Por otro, encuentra una sociedad civil que se organiza, documenta, desarrolla herramientas digitales, asiste a las víctimas y trata de encontrar soluciones donde el Estado no está llegando.
El desafío, sostuvo, es conseguir que esa capacidad ciudadana deje de ser vista como una amenaza y pueda convertirse en una parte fundamental del proceso de recuperación.
Porque reconstruir Venezuela no significará solamente levantar viviendas, carreteras o escuelas.
También implicará recuperar algo que Uzcátegui considera profundamente deteriorado después de años de crisis institucional y que resulta indispensable para cualquier reconstrucción duradera.
“Hay algo que no se reconstruye con discursos ni con anuncios: la confianza ciudadana”.
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