Publicado: julio 30, 2026, 2:00 am
Douglass North, Premio Nobel de Economía en 1993, solía contar que un estudiante le preguntó por qué algunos países parecían condenados al atraso. North respondió señalando la ventana del salón: “Mira afuera. No es el clima, no es la geografía. Son las reglas del juego”. Esa frase, que se convertiría en el núcleo del nuevo institucionalismo, resume una intuición poderosa: las instituciones —formales e informales— moldean los incentivos que determinan si una sociedad prospera o se estanca. En otra ocasión, relató como un político le confesó que prefería “cambiar leyes antes que cambiar prácticas”, a lo que North replicó: “Las leyes sin instituciones son papel mojado”. Esa tensión entre norma y capacidad estatal sigue siendo el corazón del debate contemporáneo sobre desarrollo.
La evidencia empírica es contundente. El Banco Mundial estima que hasta el 70% de las diferencias de ingreso entre países puede explicarse por la calidad institucional. Acemoglu y Robinson demostraron que las instituciones inclusivas elevan la productividad y la inversión, mientras que las extractivas perpetúan la desigualdad y frenan la innovación. Elinor Ostrom documentó cómo las reglas comunitarias bien diseñadas evitan la tragedia de los comunes, y Francis Fukuyama ha mostrado que la capacidad estatal —medida en profesionalización, autonomía y eficiencia— es un predictor robusto de crecimiento sostenido. La correlación no es casualidad: donde hay certeza jurídica, competencia efectiva y transparencia, florecen la inversión y la innovación.
En este contexto, recientemente la académica Mariana Mazzucato, ha elogiado al gobierno de la 4T por, aparentemente, impulsar una visión de desarrollo en la que el Estado asume un papel activo como motor de innovación, transformación productiva y creación de valor público. Ella ha opinado que la estrategia mexicana incorpora elementos centrales como: políticas industriales orientadas por misiones, fortalecimiento de sectores de alta tecnología, articulación entre desarrollo económico y bienestar social, y un modelo de crecimiento con beneficios compartidos para la sociedad. En sus evaluaciones, Mazzucato ha señalado que el Plan México representa un ejemplo claro de una política pública alineada con la búsqueda de competitividad, innovación y bienestar como objetivos complementarios del desarrollo nacional.
Sin embargo, su discurso no coincide con la realidad. México exhibe una contradicción evidente entre sus ideas y las decisiones del gobierno en los últimos años. Mientras Mazzucato defiende el fortalecimiento de capacidades estatales, el país ha desmantelado instituciones clave. La otrora autónoma y técnica Comisión Federal de Competencia Económica desapareció. Igual destino tuvieron organismos de transparencia, energía y telecomunicaciones, entre otros. El Poder Judicial ha quedado subordinado a decisiones políticas que reducen la independencia y aumentan la incertidumbre regulatoria.
Como consecuencia, mientras los países de la OCDE crecieron en promedio 1.4% por habitante y América Latina 1.6%, México cayó 0.3% en 2025. La expectativa de crecimiento para México en 2026 por parte de los especialistas se ha reducido de 1.38% a 1.10%, es decir ha caído en 25% hasta ahora. La calificación de riesgo crediticio de México se ha degradado de A3 a Baa3 en la escala de Moody’s entre 2019 y 2026, situándose en el último escalón del grado de inversión. La evidencia es contundente: sin árbitros confiables, los mercados se distorsionan; sin transparencia, aumenta la corrupción; sin justicia independiente, se desalienta la inversión.
La historia ofrece ejemplos dolorosos de lo que ocurre cuando hay más ideología que ideas. Venezuela destruyó sus instituciones en menos de una década y perdió más del 80% de su PIB. Argentina ha sufrido ciclos de debilitamiento institucional que han llevado su inflación a niveles superiores al 200% anual. Turquía y Hungría, tras concentrar poder y erosionar contrapesos, han visto caer su inversión extranjera directa más del 40%. El patrón es claro: cuando las instituciones se subordinan a la voluntad política, el desarrollo se desvanece.
La lección es simple y profunda: las instituciones son el patrimonio más valioso de una nación, y su destrucción es siempre más rápida que su reconstrucción. Si queremos un futuro distinto, debemos empezar hoy por defender las reglas del juego que permiten que las ideas —no las ideologías— guíen el rumbo del país. Antes de cambiar políticas, hay que proteger las instituciones que hacen posible cualquier política.
