Publicado: julio 18, 2026, 2:00 am
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) dijo este viernes 17 de julio que la reunión sostenida el pasado lunes 13 de julio con autoridades penitenciarias, terminó profundizando la “revictimización” de familiares de detenidos políticos que denunciaron presuntos actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en el Internado Judicial El Rodeo I.
Por: lapatilla.com
A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la organización señaló que el encuentro contó con la participación del ministro del para el Servicio Penitenciario, el viceministro del área y el director general de Atención Integral a la Familia, pero afirmó que la reunión no permitió esclarecer los hechos ni establecer medidas de protección para las presuntas víctimas.
Según Clippve, durante la conversación las autoridades habrían optado por “negar las denuncias”, descalificar a los familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, además de minimizar los hechos reportados ocurridos el pasado 5 de julio dentro del centro penitenciario.
“El espacio no estuvo orientado a escuchar a las víctimas, esclarecer los hechos o adoptar medidas urgentes de protección”, afirmó el comité, al señalar que no hubo compromisos para investigar, sancionar a los responsables o evitar nuevas vulneraciones a los derechos humanos.
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La organización expresó especial preocupación por lo que calificó como mensajes destinados a desalentar nuevas denuncias y desacreditar la documentación realizada por organizaciones independientes.
“Este tipo de actuaciones constituye una forma de revictimización incompatible con las obligaciones internacionales del Estado venezolano”, indicó Clippve, al advertir que estas acciones contribuyen a mantener un ambiente de temor e impunidad dentro de los centros de reclusión donde permanecen personas detenidas por razones políticas.
El comité sostuvo que la respuesta institucional forma parte de un patrón en el que, ante denuncias sobre posibles torturas, muertes bajo custodia y malos tratos, las autoridades no priorizan investigaciones ni garantías de protección, sino que cuestionan la credibilidad de quienes realizan los señalamientos.
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Entre sus exigencias, Clippve solicitó la destitución inmediata del ministro para el Servicio Penitenciario y de los funcionarios que, según la organización, incumplieron su deber de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.
Asimismo, pidió el cese de cualquier forma de criminalización, intimidación o descalificación contra familiares, defensores y organizaciones que documentan presuntas violaciones de derechos humanos.
El comité también exigió una investigación “independiente, imparcial y efectiva” sobre las denuncias de tortura en El Rodeo I, con participación de mecanismos internacionales especializados.
Entre las medidas solicitadas se encuentra el ingreso inmediato de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) a los centros de reclusión, con el objetivo de evaluar las condiciones de detención.
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En el comunicado, Clippve señaló que Delcy Rodríguez tiene la responsabilidad de garantizar el cese de estas prácticas, proteger a las víctimas y permitir una investigación independiente sobre los hechos denunciados.
La organización también pidió a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, a la Relatoría Especial sobre la Tortura y a la comunidad internacional mantener el seguimiento del caso.
Finalmente, Clippve reiteró su llamado a la liberación “inmediata e incondicional” de todas las personas detenidas por motivos políticos y aseguró que los familiares de presos políticos tienen derecho a denunciar sin temor.
“La obligación del Estado no es desacreditar a las víctimas, sino protegerlas, investigar los hechos y garantizar que nunca vuelvan a repetirse”, concluyó el comunicado.
