Publicado: julio 17, 2026, 9:30 am
La Comisión Europea ha propuesto este viernes una reforma del mercado de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) en la que muestra flexibilidad: acepta que la industria emita CO2 siempre y cuando compense esas emisiones con inversiones verdes y aceleren paulatinamente tanto esa apuesta como la reducción de los combustibles fósiles. De este modo, Bruselas ajusta el ritmo al que se retiran los permisos de emisión del mercado para que los precios sigan incentivando el cambio. Se propone que el factor de reducción lineal baje al 3,7% entre 2031 y 2035, y se sitúe en el 1,7% a partir de 2036, permitiendo una transición manejable para las empresas.
La normativa tiene que ser pactada todavía por el Parlamento Europeo y el Consejo, pero supone un giro a la que ahora mismo está vigente: esta plantea una reducción anual de los derechos de emisión del 4,4% que conduciría al final de estos créditos en 2039.
España, en concreto, tiene cosas que decir sobre estos cambios. En una carta enviada a la Comisión, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha solicitado que el ritmo de reducción actual del 4,4% se mantenga hasta 2035 para dar estabilidad y previsibilidad a los inversores. En cuanto a los créditos de carbono internacionales, ll Gobierno defiende que solo se usen de forma complementaria y bajo estándares de calidad muy altos. «La prioridad debe ser siempre la descarbonización real dentro de las fronteras europeas, sin depender de proyectos de compensación en otros continentes», insiste en este sentido Bruselas.
El plan contempla que las industrias sigan recibiendo algunos permisos de emisión gratuitos después de 2030, pero habrá condiciones estrictas. Para obtener estas ayudas, las empresas deberán presentar planes de descarbonización verificados y demostrar que están invirtiendo el valor de esos permisos en mejoras ambientales dentro de la UE.
Por otro lado, la Comisión Europea propone alinear este sistema con la Ley Europea del Clima, que exige una reducción neta del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2040. Esta nueva meta obligará a todos los sectores industriales a acelerar su transición hacia las energías renovables y la eficiencia energética. Asimismo, otra de las grandes novedades es la creación del Banco de Descarbonización Industrial, que contará con una potencia de fuego de 100.000 millones de euros para financiar proyectos verdes. Este organismo «ayudará a que las industrias más pesadas puedan pagar las costosas inversiones necesarias para dejar de usar combustibles fósiles», matiza el Ejecutivo comuntiario.
El transporte también está en el punto de mira de Bruselas, especialmente el marítimo y la aviación. Por eso la reforma propone incluir en el sistema a barcos más pequeños (desde 400 toneladas) y aplicar el pago por emisiones a más vuelos internacionales, buscando que el sector del transporte asuma su parte de responsabilidad en la crisis climática. Al mismo tiempo la Comisión apuesta la inclusión gradual de la incineración de residuos municipales en el mercado de emisiones a partir de 2031. El objetivo, dicen, es fomentar el reciclaje y la economía circular, obligando a las plantas de tratamiento de basura a ser más eficientes y a capturar el CO2 que generan.
Todo tiene también una carga geoestratégica importante. Y es que «para proteger a las fábricas europeas frente a competidores de países con leyes ambientales más relajadas», la UE reforzará sus mecanismos contra la «fuga de carbono». Con esto Bruselas quiere que importar productos contaminantes sea más costoso y que producir de forma limpia en Europa siga siendo rentable.
