Publicado: junio 11, 2026, 3:00 pm
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia volvió a alinearse con el aparato chavista y declaró “constitucional” la nueva prórroga del Estado de Emergencia Económica firmada por la sucesora de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, medida que extenderá por otros 60 días el mecanismo extraordinario que el oficialismo mantiene activo desde hace casi una década.
lapatilla.com
La decisión quedó plasmada en la sentencia número 724, divulgada este miércoles por el máximo tribunal controlado por el chavismo, luego de revisar el decreto N.º 5.356 emitido por Rodríguez el pasado 8 de junio y publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 7.029.
Con esta nueva validación judicial, el régimen mantiene vigente una figura excepcional que originalmente fue aprobada en enero de 2016 bajo el argumento de enfrentar la crisis económica. Desde entonces, el decreto se renovó de manera sucesiva y prácticamente automática, convirtiéndose en uno de los instrumentos más utilizados por el chavismo para ampliar facultades económicas y financieras sin mayores controles institucionales.
El nuevo decreto firmado por Delcy prorroga por 60 días adicionales la vigencia del decreto N.º 5.314 del pasado 8 de abril, instrumento mediante el cual el oficialismo ya había extendido la Emergencia Económica instaurada hace diez años.
La propia Sala Constitucional recordó que Maduro también renovó el mecanismo hasta comienzos de 2026 antes de desaparecer del escenario político tras su captura en la operación estadounidense ejecutada en enero. La última extensión firmada directamente por exlíder chavista ocurrió el 3 de enero de este año mediante el decreto N.º 5.200, avalado igualmente por el TSJ pocos días después.
Desde entonces, Rodríguez asumió la continuidad de los decretos económicos y del procedimiento de consulta ante el máximo tribunal chavista, que nuevamente actuó sin sorpresas y dio luz verde a la nueva extensión.
El artículo 2 del decreto ratificado este miércoles mantiene intactas amplias facultades extraordinarias para el régimen chavista. El texto establece que Rodríguez podrá “dictar todas las medidas que considere necesarias para garantizar el desarrollo y el crecimiento económico del país”.
Bajo ese paraguas jurídico, el régimen conserva la posibilidad de suspender tributos nacionales, estadales y municipales, redireccionar recursos públicos, modificar mecanismos tributarios, ordenar compras obligatorias de producción nacional, aprobar contrataciones especiales y realizar operaciones de crédito público sin controles ordinarios.
