Publicado: junio 6, 2026, 1:30 pm
El Comité para la Liberación de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) e integrantes de la Alianza de Mujeres Políticas protestaron este viernes, 5 de junio, frente al Ministerio para la Mujer para exigir que cesen las violaciones de derechos humanos contra las mujeres privadas de libertad en Venezuela.
Tras la manifestación, una comisión fue recibida por la ministra Yelitze Santaella, a quien entregaron un documento con denuncias sobre violencia sexual, desnudez forzada, pobreza menstrual, condiciones indignas de reclusión y otras vulneraciones que afectan a mujeres encarceladas. Sin embargo, lejos de encontrar respuestas concretas, las familiares aseguran haber recibido cuestionamientos que consideran preocupantes y reveladores del desconocimiento institucional sobre la situación de las mujeres detenidas.
Evelyn Pinto, integrante de Mujeres en la Política, describió que durante la reunión algunas autoridades respondieron a las denuncias formulando preguntas sobre los procesos judiciales de las personas detenidas y cuestionando la condición de presos políticos de algunos casos, en lugar de pronunciarse sobre las denuncias de violencia sexual, desnudez forzada y tratos degradantes presentadas por las familiares.
Pinto explicó que el encuentro estuvo marcado por intervenciones de las autoridades centradas en exponer supuestos avances dentro del sistema penitenciario, mientras las familiares insistían en denunciar hechos concretos relacionados con desnudez forzada, tratos degradantes, agresiones sexuales y condiciones incompatibles con la dignidad humana.
“Nos comenzaron a hablar de la gestión que han realizado en las prisiones, de que supuestamente ahora existe un centro de atención ginecológica, pero aquí se estaba hablando de la desnudez forzada que reciben las reclusas, de los tratos denigrantes que reciben”, denunció Pinto.
Durante la reunión, las familiares solicitaron que el Ministerio para la Mujer impulse inspecciones en cárceles femeninas y también en centros de reclusión oficialmente destinados a hombres donde existen reportes de mujeres detenidas.
Asimismo, exigieron que se promuevan investigaciones independientes, exhaustivas y con enfoque de género sobre las denuncias de agresiones sexuales cometidas contra mujeres privadas de libertad. Las organizaciones manifestaron especial preocupación porque, según relataron, algunas autoridades llegaron a afirmar que desconocían los centros de reclusión señalados en las denuncias.
“En un principio incluso nos dijeron: ‘nosotros no sabemos de qué cárceles nos están hablando’, cuando el Comité de Familiares y las familias desde hace dos años han hecho denuncias ante muchísimas instituciones públicas”, afirmó Pinto.
Para Humberto Prado, director del Observatorio Venezonalo de Prisiones (OVP), este tipo de respuestas resultan incompatibles con las funciones que la ley atribuye al Ministerio para la Mujer. “Si ese ministerio no sabe nada de las presas políticas, entonces carece de la misión que tiene de garantizar la igualdad de oportunidades, la equidad de género, el empoderamiento y la protección integral de las mujeres. Si las desconoce, entonces está aplicando discriminación”, advirtió.
Mujeres que sostienen el sistema penitenciario desde afuera
Las organizaciones recordaron que son precisamente las mujeres quienes históricamente han asumido la mayor carga del cuidado de las personas privadas de libertad en Venezuela. Madres, esposas, hermanas e hijas recorren largas distancias para llevar alimentos, medicamentos, artículos de higiene y otros insumos que el Estado debería garantizar dentro de los centros de reclusión.
Paradójicamente, muchas de esas mismas mujeres también terminan siendo víctimas de malos tratos, humillaciones y restricciones arbitrarias durante las visitas.
Por ello, las familiares insistieron en que el Ministerio para la Mujer no puede permanecer ajeno a una realidad que afecta tanto a las mujeres encarceladas como a quienes sostienen desde afuera la supervivencia de sus seres queridos.
Exigen investigaciones y acciones concretas
Las organizaciones reiteraron que las denuncias sobre violencia sexual y otras formas de violencia de género dentro de los centros de detención no pueden quedar impunes. Recordaron además que este tipo de violaciones a los derechos humanos no prescriben y que el Estado venezolano tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar a las víctimas.
Aunque la ministra Yelitze Santaella recibió formalmente el documento consignado por las familiares, estas insistieron en que la recepción de escritos no puede sustituir las acciones concretas que demandan las mujeres privadas de libertad.
“Nos hicieron el recibido. Sin embargo, y lo digo con mucha responsabilidad, el cinismo fue muy fuerte”, concluyó Evelyn Pinto.
Una realidad ampliamente documentada
Las denuncias formuladas por las familiares coinciden con los hallazgos presentados por el OVP en su Informe Anual 2025.
De acuerdo con el informe, la situación de las mujeres privadas de libertad en Venezuela continúa marcada por condiciones de detención precarias y por la ausencia de respuestas estatales efectivas frente a sus necesidades específicas.
El OVP documentó durante 2025 deficiencias críticas en la atención médica especializada y oportuna, problemas de alimentación, falta de acceso regular a agua potable, limitaciones en los servicios sanitarios, ausencia de espacios adecuados para la maternidad y el cuidado de los hijos, así como carencias en programas educativos y recreativos.
De igual manera, se registraron casos de mujeres que padecen hipertensión, enfermedades respiratorias y patologías estomacales sin recibir evaluaciones médicas especializadas ni tratamientos adecuados.
Solo durante 2025, al menos cinco mujeres privadas de libertad fallecieron por condiciones de salud que no fueron atendidas oportunamente.
El informe además documenta casos de mujeres que permanecieron días sin agua potable, obligadas a costear camiones cisterna para abastecerse, así como requisas violentas en las que fueron destruidos o sustraídos artículos de higiene personal, colchones, sábanas y otros bienes indispensables para la supervivencia dentro de prisión.
Al respecto, Prado sentenció que “las mujeres privadas de libertad, y especialmente las presas políticas, constituyen uno de los grupos más vulnerables y discriminados dentro del sistema penitenciario venezolano, porque se enfrentan a una estructura diseñada sin perspectiva de género, incapaz de responder a sus necesidades físicas, médicas, psicológicas y emocionales”.
Esta realidad las condena a una doble pena como la privación de libertad y el abandono institucional. “Las mujeres privadas de libertad no necesitan discursos, necesitan protección, investigación, justicia y garantías de no repetición. Su dignidad no puede seguir siendo ignorada”.
En el país hay 35 centros de reclusión exclusivos para hombres y una cárcel exclusiva para mujeres, además de un internado judicial masculino improvisado para mujeres y 11 anexos femeninos. «No se habla de algo importante, que son los hijos que están en prisión con ellas», finalizó el director del OVP.
