Publicado: mayo 25, 2026, 5:00 pm
Un grupo de privados de libertad que se encontraban recluidos en el Internado Judicial de Barinas (Injuba) fue trasladado hacia el centro penitenciario de El Rodeo, ubicado en el estado Miranda.
Por: lapatilla.com
La medida se ejecutó tras la tensa situación registrada el pasado domingo 24 de mayo, cuando los internos protagonizaron una fuerte protesta para denunciar presuntas torturas físicas y psicológicas dentro del penal.
La información fue dada a conocer por la periodista Maryorin Méndez a través de sus redes sociales la tarde de este lunes 25 de mayo, donde detalló el ambiente de incertidumbre que viven los familiares a las afueras de la institución judicial barinesa.
En el reporte audiovisual difundido por la comunicadora, se observa el momento en que una unidad de transporte (autobús) custodiada por funcionarios policiales abandona las instalaciones del Injuba.
De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, los detenidos alcanzaron a gritar a viva voz a sus parientes que el destino final del viaje sería El Rodeo.
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A las afueras del recinto carcelario, decenas de madres, esposas y hermanas de los reclusos se concentraron para exigir información oficial sobre la identidad de los trasladados.
El ambiente se mantiene con alta tensión debido a que muchas familias carecen de los recursos económicos necesarios para viajar hasta la región capital a constatar el estado de salud de sus allegados.
Los reclusos del Injuba de Barinas alzaron su voz de manera pacífica pero firme para denunciar el trato cruel e inhumano al que presuntamente eran sometidos.
Las acusaciones apuntaban directamente a la máxima autoridad del penal llanero. Ante la presión de los internos y la movilización de los derechos humanos en la región, las autoridades competentes procedieron a la destitución inmediata del director de Injuba.
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A pesar de la remoción del cargo del directivo, la respuesta institucional contempló el traslado de un lote de procesados y penados hacia el Internado Judicial de El Rodeo I, una medida que los familiares catalogan como un “castigo encubierto” por haber denunciado los abusos.
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