Publicado: mayo 17, 2026, 9:00 am
Alex Saab fue deportado de Venezuela por el gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, solo cuatro meses después de la captura y traslado a Estados Unidos del ex dictador Nicolás Maduro.
La decisión, que se produjo tras semanas de incertidumbre sobre su paradero, fue justificada oficialmente por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), que argumentó: “En cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana” y considerando que “se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América”.
La deportación de Saab representa el desenlace de una cadena de hechos que comenzó con su detención en Cabo Verde en junio de 2020 y su posterior extradición a Estados Unidos. Allí permaneció preso entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, hasta recibir un indulto del entonces presidente Joe Biden.
Al regresar a Venezuela, el régimen de Maduro lo designó en enero de 2024 como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), y pocos meses después, en octubre, como ministro de Industria y Producción Nacional. Sin embargo, la actual mandataria encargada lo destituyó del cargo dos semanas después de la captura del líder de la dictadura el 3 de enero pasado.
Tras su salida del gobierno, Saab quedó fuera del foco público, mientras su esposa, Camilla Fabri, continuó un tiempo más al frente del programa Gran Misión Vuelta a la Patria. La cobertura internacional, por su parte, intensificó la atención sobre su figura: en marzo pasado, The New York Times afirmó que la administración de Donald Trump había negociado su extradición y que fiscales estadounidenses presentaron en enero una acusación por corrupción contra Saab en Miami, después de la detención y traslado de Maduro y su esposa.
La causa judicial en Estados Unidos describe a Saab como parte central de una red de corrupción y lavado de activos, con acusaciones que incluyen conspiración para lavar dinero obtenido mediante sobornos y manipulación del sistema de control de divisas venezolano. La fiscalía solicitaba hasta 20 años de prisión por estos cargos.
Acusaciones y vínculos del testaferro
El origen de la notoriedad de Saab se remonta a 2017, cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega lo señaló como uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. El portal de investigación Armando.info había adelantado antes que Saab presuntamente integraba una red encargada de blanquear capitales mediante exportaciones ficticias de alimentos a Venezuela, operación que habría reportado “cientos de millones de dólares” en ganancias para él y miembros del entorno presidencial.
Una investigación del mismo medio reveló que Saab firmó en 2011 un contrato con el gobierno de Hugo Chávez para proveer casas prefabricadas dentro del plan Misión Vivienda. Su relación con la empresa Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos a precios inflados para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), agravó los señalamientos en su contra.
En respuesta a estas publicaciones, Saab emprendió acciones judiciales contra los periodistas del medio quienes denunciaron amenazas y la difusión de su información personal, hechos que la Sociedad Interamericana de Prensa calificó como motivo de exilio.
Las autoridades de Colombia también lo buscaban por presuntos delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y fraude agravado, mientras que Venezuela insistía en su condición de “enviado especial” para misiones oficiales en Irán, cargo que le habría sido otorgado en 2018.
Detención, extradición y liberación
El arresto inicial de Saab ocurrió el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, cuando su avión hizo escala en la isla de Sal. Luego de un proceso de deportación, Saab fue trasladado a Estados Unidos en octubre de 2021. La acusación formal de la fiscalía estadounidense lo ubicaba como parte de una red que obtenía contratos públicos venezolanos a cambio de sobornos y movía el dinero a través de esquemas internacionales para ocultar el origen ilícito de los fondos.
En diciembre de 2023, tras casi dos años de detención, Saab fue liberado en el marco de un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela, que incluyó la excarcelación de diez ciudadanos estadounidenses y una veintena de presos políticos venezolanos.
La reacción de Maduro fue inmediata. Ante la prensa venezolana, el dictador describió a Saab como “un hombre valiente y patriota” que soportó “40 meses las condiciones más adversas y dolorosas de secuestro”.
Consecuencias y perspectivas
Ahora, la deportación de Saab por parte del gobierno interino de Delcy Rodríguez marca un giro inesperado en la política venezolana, ya que hasta hace poco el testaferro de Maduro era una figura respaldada por el chavismo. El hecho de que su salida se produjera por petición expresa de Estados Unidos y con fundamento en investigaciones de corrupción internacional evidencia el carácter estratégico de su caso para Caracas y Washington.
El proceso judicial y las investigaciones periodísticas dejaron en evidencia la compleja trama de intereses y operaciones transnacionales que rodean a Saab, quien, pese a mantener un bajo perfil durante años, terminó convertido en símbolo de las luchas de poder y los escándalos económicos vinculados al régimen venezolano.
Hasta el momento, ni Saab ni sus representantes han hecho declaraciones públicas tras la deportación. El futuro judicial y político del empresario permanece abierto, en un contexto de continuas tensiones entre los gobiernos de Venezuela, Estados Unidos y Colombia.
Con información de EFE
