Publicado: abril 27, 2026, 5:00 pm
El abogado especialista en Derecho Penal, Joel García, publicó la tarde de este lunes 27 de abril un mensaje en el que cuestiona duramente el proceso irregular de designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en medio de lo que diversos sectores han señalado como una “reestructuración interna” del máximo tribunal venezolano.
Por: lapatilla.com
En su publicación por la cuenta de X, García se refirió a la “purga” del chavismo dentro del Tribunal Supremo de Justicia, en el contexto de la selección de nuevas autoridades judiciales que serían posteriormente nombradas por la Asamblea Nacional controlada por el régimen, ahora liderado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU en el mes de enero.
El abogado fue enfático en su mensaje al advertir sobre las consecuencias institucionales de nombrar magistrados sin cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución venezolana.
“Nombrar magistrados que no cumplen con los requisitos de la Constitución es sentenciar a muerte la justicia. Sin honorabilidad ni imparcialidad, el TSJ pierde su esencia y se convierte en un brazo político. Una sociedad democrática no puede aceptar jueces a la medida del poder”, expresó.
Sus declaraciones apuntan directamente al debate recurrente sobre la independencia del poder judicial en Venezuela y la legitimidad de los procesos de selección de magistrados del TSJ.
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Las palabras de Joel García se producen en un contexto en el que organizaciones jurídicas, analistas políticos y sectores de la oposición han reiterado sus preocupaciones sobre la falta de autonomía del sistema judicial venezolano.
La designación de magistrados del TSJ ha sido históricamente un tema sensible en el país, especialmente por las acusaciones de influencia política por parte del régimen chavista, en la conformación del máximo tribunal.
El proceso de renovación de magistrados anunciado recientemente ha generado expectativa y críticas por igual, debido a la importancia del TSJ como órgano encargado de garantizar la constitucionalidad de las leyes y decisiones del Estado.
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