Publicado: marzo 19, 2026, 2:00 pm
Acceso a la Justicia dijo este jueves que aunque la Ley de AmnistÃa ha permitido la liberación de presos polÃticos también ha evidenciado las debilidades del sistema de justicia del paÃs suramericano.
«Más que cerrar un capÃtulo de persecución polÃtica, la forma en que se está aplicando la ley confirma que el problema sigue siendo más profundo: un sistema de justicia que aún no ofrece garantÃas reales de independencia ni de protección de derechos humanos», señaló la organización en un comunicado publicado en su página web.
A su juicio, la forma en la que fue redactada la norma, aprobada en febrero pasado por el Parlamento, abre las puertas a las contradicciones y amplios márgenes de discrecionalidad.
«Aunque en el artÃculo 6 se establece claramente que su ámbito temporal abarca desde el 1 de enero de 1999 hasta su entrada en vigor, en los artÃculos 8 y 9 se hacen unas salvedades y excepciones que exceden lo previsto en la Constitución», añadió.
Acceso a la Justicia sostuvo que hasta la fecha no se observa por parte del sistema de justicia medidas orientadas a acelerar la aplicación de la Ley de AmnistÃa, ni siquiera en casos humanitarios, como de aquellos detenidos que tienen enfermedades graves o crónicas, menores de edad, asà como personas con mayor tiempo de detención.
Hasta el jueves pasado, el Parlamento cifraba en 7.727 libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenÃan libertad restringida con medidas cautelares -como la prohibición de salida del paÃs y presentación periódica en tribunales-, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.
La ONG considera que estas cifras revelan el alcance que ha tenido en los últimos años «la represión gubernamental contra la disidencia».
La Ley de AmnistÃa, aprobada en febrero por el Legislativo, contempla un perÃodo de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos.
En los últimos dÃas, varias ONG han denunciado el rechazo a diversas solicitudes de amnistÃa, incluyendo la de Henry Alviárez, coordinador nacional de Organización del partido de la lÃder opositora MarÃa Corina Machado, Vente Venezuela, y la de Perkins Rocha, asesor jurÃdico de la dirigente. EFE
