Publicado: diciembre 26, 2025, 12:00 pm

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió la Opinión núm. 53/2025, en la cual declaró que la privación de libertad del primer teniente venezolano Franklin Alfredo Caldera Martínez es arbitraria y viola flagrantemente el derecho internacional.
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En el documento, compartido en X por el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, el organismo internacional no solo exigió la liberación inmediata del militar, sino que también instó al chavismo a conceder una reparación integral, que incluya indemnizaciones por los daños causados tras más de cuatro años de detención sin una justificación legal válida.
El pronunciamiento de la ONU señaló que Caldera Martínez fue víctima de desaparición forzada y tortura. “Tras su captura en febrero de 2021 por la Dgcim, el primer teniente fue mantenido incomunicado y sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes”, indica el texto.
Asimismo, el organismo determinó graves violaciones al debido proceso, al señalar que su detención preventiva se ha prolongado durante más de cuatro años sin una revisión judicial efectiva.
En cuanto a la motivación del caso, la ONU lo categorizó bajo los criterios I, III y V de detención arbitraria, al concluir que la verdadera razón de su captura responde a la discriminación por su opinión política, lo que configura un caso de persecución política.
El Grupo de Trabajo advirtió que esta situación no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un “patrón más amplio de detenciones arbitrarias en Venezuela”, lo que podría evidenciar la existencia de una política sistemática de represión contra militares disidentes.
“Es un preso político”: la voz de la familia
La organización Defiende Venezuela, encargada de la representación internacional del caso, destacó la relevancia de esta certificación jurídica. Por su parte, Franklin Caldera, padre de la víctima y presidente de la Fundación Familia SOS Libertad, fue enfático al afirmar:
“Esta decisión constituye una certificación clara e inequívoca de que mi hijo es un preso político. El chavismo tiene ahora la obligación de reconocer esa condición y repararlo integralmente”.
Próximos pasos
La ONU otorgó al chavismo un plazo de seis meses para informar sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a estas recomendaciones, entre ellas la liberación inmediata del teniente y la realización de una investigación independiente sobre los funcionarios responsables de las violaciones de derechos humanos.
Esta decisión sienta un precedente relevante para otros casos de militares detenidos en Venezuela que actualmente se encuentran bajo el escrutinio de mecanismos internacionales.

