Publicado: noviembre 26, 2025, 4:26 pm
Función Pública y las centrales CSIF y UGT -CC.OO. no se ha pronunciado- han logrado cerrar un pacto que permitirá revalorizar el salario de los más de 3,5 millones de funcionarios que hay en España. El consenso exprés llega en la cuenta atrás para que acabe el año, esquiva la huelga general y se sustancia en un acuerdo plurianual que incluye un alza de las nóminas del 11,4% entre 2025 y 2028. La distribución será un 2,5% para este ejercicio, que se abonará ya en diciembre con carácter retroactivo a enero; en enero de 2026 los salarios volverán a subir un 1,5%, más otro medio punto si el IPC es igual o superior al 1,5% de la parte fija para ese año, que se abonarían en el primer trimestre de 2027 con carácter retroactivo. Para este último ejercicio el incremento previsto es del 4,5% y en enero de 2028, el 2% restante. En total es un 11%, pero el efecto arrastre, al revalorizarse los salarios sobre la revalorización anterior, alcanzaría un alza del 11,4%. «Todo ello supone la recuperación del 2,9% de poder adquisitivo en este periodo», asegura el sindicato de funcionarios, para el que «este es el mejor acuerdo posible en las circunstancias actuales». En apenas siete días el departamento que dirige Óscar López ha pasado de ofrecer una subida del 10% en cuatro años, a elevarla en un punto y situar esa retribución en el 11,4%. El escenario de protestas en el sector público que se abría en los próximos meses ha terminado por inclinar la balanza hacia un acuerdo en el que han cedido todas las partes. Al Ejecutivo sólo le faltaba cargar con el final de la paz social en un momento en el que se replican los casos de corrupción y gran incertidumbre política . La firma del acuerdo está prevista para este jueves a las 11:00 horas con el ministro. El pacto no sólo incluye la revalorización de los salarios, también mejoras de derechos y de condiciones laborales para los empleados públicos, como la jornada de 35 horas y el teletrabajo en la Administración General del Estado. El Ejecutivo cumple lo prometido por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y eliminará la tasa de reposición -contratar más puestos que los dejados por los jubilados-, lo que contribuirá a reforzar las plantillas en organismos saturados como el SEPE o la Seguridad Social y reducir también la contratación temporal, que ahora supera el 30%, el doble que en la empresa privada. Situación que le ha valido a España la pérdida de fondos europeos por incumplir los compromisos con Bruselas. Ha sido también objeto de entendimiento acortar los plazos de los procesos selectivos en las ofertas de empleo público para que su resolución definitiva no supere el año -ahora pueden extenderse hasta dos años – y ampliar y mejorar la promoción interna y la movilidad. Igualmente existe compromiso por parte del Gobierno para adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes. Las partes también han llegado a un entendimiento para impulsar procesos exclusivos y diferenciados de promoción interna de cursos selectivos, potenciando los concursos de méritos mediante el establecimiento del concurso abierto y permanente, y que a lo largo de 2026 se revisen y eleven los complementos de residencia e insularidad y las i ndemnizaciones por razón de servicio eliminando las desigualdades entre empleados públicos. Pedir cita en la Administración se ha convertido en un problema para muchos ciudadanos, en administraciones como el SEPE, por ejemplo. Para agilizar estos trámites se ha acordado reforzar las plantillas de atención al público, «adecuando retributivamente estos puestos de trabajo». Y también se actualizarán los permisos y se incorporarán mejoras en conciliación, se impulsan medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género. Además, se reforzará la protección de la s alud laboral , con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras. Por último, los compromisos incluyen actualizaciones retributivas del personal laboral del exterior, mejoras en la jubilación y reforzar la calidad sanitaria del mutualismo , de Muface, Mugeju e Isfas, tras la crisis asistencial vivida este año por la fuga de compañías. El sindicato que dirige Miguel Borra ha calificado el pacto como «una victoria de CSIF, que emprendió su lucha en las calles en solitario y un logro colectivo de las empleadas y empleados públicos, que han dado ejemplo estos meses con el sueldo congelado, su apoyo a las movilizaciones y trabajando en todo momento con profesionalidad y entereza, en momentos muy difíciles, para garantizar el Estado de Bienestar y los servicios que reciben los ciudadanos». Sin embargo, también ha advertido que se constituirá una comisión de seguimiento para asegurar el cumplimiento de las medidas en un plazo máximo de 15 días desde la firma. «El acuerdo no es un cheque en blanco y desde ya velaremos por su cumplimiento en tiempo y forma, reservándonos todas las medidas para asegurar su efectiva ejecución«. Este pacto sustituye al Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI pactado por el Gobierno con CC.OO. y UGT y al que no se sumó CSIF, que articuló una senda salarial y medidas laborales para modernizar la función pública. En concreto, recogió aumentos retributivos acumulados (hasta el 9,5% según condiciones variables) repartidos entre 2022, 2023 y 2024, con cláusulas extra vinculadas al IPC y al PIB, a diferencia de lo que ocurre con el pacto alcanzado. Desde finales del pasado ejercicio los funcionarios estaban con los sueldos congelados .
