Publicado: noviembre 24, 2025, 11:00 pm
A una década desde la firma del Acuerdo de París, la COP30 ofrece una ocasión clave para medir los avances y delinear una nueva etapa de acción climática más cercana a las personas, centrada en la reducción de desigualdades estructurales y la implementación efectiva en el territorio. Desde México, sumamos a esa conversación con una experiencia tangible: la justicia energética comienza en las comunidades rurales.
La COP30 reitera una pregunta esencial: ¿cómo lograr que la transición energética sea justa e incluyente con quienes más la necesitan? En los últimos años, México ha avanzado en la ampliación del acceso a la energía con una visión de bienestar social. Con ese mismo espíritu hemos trabajado con soluciones sostenibles para comunidades rurales y pueblos originarios remotos.
Debemos partir de un principio básico: nadie debe quedar fuera de la transición energética por vivir lejos de las ciudades o tener ingresos limitados. Un modelo de gestión exitoso se basa en la participación comunitaria, con las personas usuarias como protagonistas, y debe enfocarse en llevar servicios básicos de energía, agua y saneamiento a través de soluciones innovadoras y sostenibles.
En el ámbito energético, las soluciones implantadas en México incluyen sistemas fotovoltaicos domiciliarios y sistemas solares interconectados a la red pública que permitan iluminación, refrigeración ligera, carga de dispositivos e incluso mejora del acceso a internet. Asimismo, la sustitución de combustibles como queroseno o diésel es fundamental para reducir emisiones y beneficiar la salud de las familias. Se trata de una dimensión real de la transición justa: menos CO2, más ingresos y mejores posibilidades para estudiar o trabajar para la comunidad.
En materia de agua y saneamiento, se han implementado programas adaptados a cada entorno a través de regeneración de fuentes, captación pluvial, bombeo solar, filtración, potabilización y baños secos de bajo impacto ambiental. Estos proyectos dan como resultado una resiliencia climática tangible: menos enfermedades gastrointestinales, menor gasto en agua embotellada, más seguridad alimentaria y paisajes que se regeneran.
Más de trece años de actuación ya arrojan resultados significativos en México. Hemos electrificado 10,200 hogares, además de facilitar agua y saneamiento a cerca de 1,600 familias, fundamentalmente en Oaxaca y San Luis Potosí. En total, más de 800 comunidades y casi 40,000 personas han resultado beneficiadas en nuestro país desde 2012.
Esta labor se alinea con los objetivos del Gobierno de México. A través del ODS 7 —energía asequible, fiable y moderna— y del ODS 6 —agua limpia y saneamiento—, este modelo busca ser un aliado de la política social que impulsa el Gobierno de México, porque estos objetivos son facilitadores para el resto: reducción de la pobreza, mejora de la educación, salud y bienestar, producción y consumo responsable, y acción por el clima.
La transición energética debe mirarse no solo como un cambio tecnológico, sino como un proceso que reduce desigualdades y amplía derechos. Llevar servicios básicos a cada hogar rural es una tarea que une al sector público, privado y social bajo un mismo propósito: que la sostenibilidad sea una realidad compartida, no un privilegio.
El autor es Grte. de Fundación acciona.org en México
