Publicado: noviembre 8, 2025, 3:00 am
Esta semana deja acontecimientos imposibles ignorar. En México, el asesinato de Carlos Manzo volvió a exhibir un país donde la violencia, y el régimen criminal que la sostiene, marcan el pulso del cotidiano. En Estados Unidos, las elecciones locales dieron oxígeno al Partido Demócrata con triunfos en California, Nueva Jersey y Virginia, y con el giro simbólico en Nueva York tras la elección del demócrata socialista Zohran Mamdani como alcalde. Otro mensaje político igual de relevante vino de la Suprema Corte. Y es que en algunas democracias, el poder judicial aún puede —o intenta— contener los excesos del ejecutivo.
Los ministros estadounidenses escucharon argumentos en Learning Resources v. Trump y Trump v. V.O.S. Selections, un litigio con consecuencias profundas para Estados Unidos y para el resto del mundo. El corazón del caso es simple, pero fundamental: ¿puede un presidente imponer aranceles al amparo de poderes de emergencia? ¿Puede, por esa vía, fijar impuestos —una facultad que la Constitución reserva de manera explícita al Congreso— sin violentar el principio fundacional de que no hay impuestos sin representación (no taxation without representation)?
Seis de los nueve ministros, incluidos varios nombrados por el propio Trump, cuestionaron la amplitud con la que el presidente usó la Ley de Poderes Económicos en Situaciones de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer aranceles a China, Canadá, México, y media economía mundial. Todo apunta a que la Corte evalúa frenar esa lectura expansiva del poder ejecutivo. El fallo, previsto para finales de año, podría ser el mayor revés institucional para la visión de proteccionismo por decreto que Trump ha convertido en eje de su política económica.
Con todo, es previsible que un fallo adverso no impida al inquilino de la Casa Blanca seguir utilizando los aranceles como mecanismo de presión predilecto, con o sin aval judicial. Podría simplemente recurrir a vías alternas, como aplicar la Sección 232 de la Trade Expansion Act, que permite imponer aranceles o restricciones a las importaciones cuando su volumen amenaza la seguridad nacional. Una suerte de “plan B, C o D”, en el diccionario del oficialismo mexicano.
Para México, todo esto no es sólo una anomalía legal que desborda el marco de la propia IEEPA y violan el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Como ha quedado claro a lo largo del año, los aranceles trumpistas constituyen el mecanismo de coerción más efectivo que tiene Washington sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, especialmente de cara a la revisión del T-MEC en 2026. Más aún cuando México tampoco ha cumplido sus compromisos comerciales plenamente.
En ese frente, la US Chamber of Commerce, el American Petroleum Institute y otras organizaciones reactivaron en estos días sus quejas contra México por violaciones al T-MEC. Entre los señalamientos destacan el trato preferencial a Pemex y CFE, la recentralización del sector energético y las restricciones a la competencia. La (re)aparición de estas quejas confirma que la presión aumentará conforme se acerque la revisión de 2026.
Vale anotar, sin embargo, que el guion es conocido. En 2022, la autoridad comercial estadounidense (USTR) inició un mecanismo de consultas por esos mismos temas, pero entonces la administración Biden evitó escalar la disputa para no complicar su agenda migratoria en vísperas de las elecciones intermedias.
Es probable que la relación bilateral continúe en una suerte de fricción administrada. Tensiones cíclicas contenidas por dosis de pragmatismo, dictadas tanto por la geografía como por las circunstancias políticas. No hay que perderlo de vista, la revisión del T-MEC será, al mismo tiempo, técnica y política.
Hoy, el proceso de consulta pública en Estados Unidos concluye mientras el USTR opera con personal mínimo por el cierre gubernamental en ese país. En 2026, la revisión formal del tratado llegará justo antes de las elecciones intermedias, y cualquier cambio sustancial deberá ser ratificado por un Congreso cuya configuración aún está por definirse. Y, mientras tanto, la Suprema Corte decidirá si Estados Unidos normaliza o frena la tentación de gobernar por decreto en la que fue la democracia más estable del mundo.
