Publicado: noviembre 5, 2025, 9:00 am
La salud pública es un sistema complejo. En este existen activos estratégicos que, por inercia o por fallas estructurales de gestión, se convierten en pasivos. El plasma residual, el componente plasmático que queda tras la separación de los componentes sanguíneos utilizados para transfusión en nuestros hospitales, es un ejemplo elocuente de este fenómeno. Mientras el sistema de salud en México paga anualmente facturas multimillonarias por importar terapias cruciales derivadas del plasma, una parte significativa de nuestra propia materia prima se pierde en una costosa cadena de desperdicio y destrucción.
La Iniciativa de Reforma a la Ley General de Salud, presentada en septiembre por el Ejecutivo, manda una señal innegable al incluir el eje de Hemoderivados. Este movimiento legislativo no es un simple ajuste administrativo; es el reconocimiento, a nivel de Estado, de que la dependencia en la importación de inmunoglobulinas, albúminas y factores de coagulación es una vulnerabilidad de seguridad nacional y de sustentabilidad financiera.
El Costo Oculto de la Inacción Logística
El reto no es de tecnología de fraccionamiento per se, sino de gestión logística y voluntad política. El modelo actual de manejo de plasma residual opera bajo una lógica de subsistencia y fragmentación. El plasma, que es biológicamente valioso, se convierte en un costoso residuo por el simple hecho de que el sistema de salud no ha logrado integrar una cadena de frío y trazabilidad que permita su recolección centralizada y su posterior procesamiento industrial.
El costo de esta inacción es triple:
Gasto por Destrucción: Nuestros hospitales incurren en gastos operativos para la destrucción segura del plasma que caduca o no es apto para transfusión, un desembolso de recursos sobre un material que tiene valor intrínseco.
Fuga Logística: La falta de un sistema de gestión de abasto unificado (como hemos analizado previamente) impide consolidar el plasma residual bajo los estándares de calidad y volumen requeridos para el fraccionamiento industrial.
Dependencia Externa: El costo más alto lo paga el erario y el paciente, pues el sistema nacional de salud es cautivo de los precios y la disponibilidad de mercados internacionales para la adquisición de hemoderivados esenciales, manteniendo una fuga de divisas constante.
Aquí es donde se requiere un modelo disruptivo que revierta la ecuación, transformando el desperdicio en economía circular de la salud.
La reforma a la Ley General de Salud abre la puerta para una potencial oportunidad de reducir de forma progresiva la dependencia de mercados internacionales en el ámbito de los hemoderivados. La solución no es que el Estado construya de manera solitaria la planta de fraccionamiento —una inversión de varios miles de millones de dólares con un horizonte de amortización incierto. La respuesta más pragmática y eficiente reside en la colaboración público-privada bajo un esquema de rectoría clara.
El modelo deberá basarse en los siguientes pilares:
- Sistema Nacional de Gestión de Plasma: Se debe establecer un sistema de trazabilidad obligatorio que certifique la calidad, procedencia y almacenamiento del plasma residual de todos los bancos de sangre. Este sistema debe estar sincronizado con los esfuerzos de modernización regulatoria de la COFEPRIS para garantizar que la materia prima cumpla con los estándares internacionales exigidos para el fraccionamiento.
- Asociación Estratégica con la IP: El Estado debe diseñar un mecanismo de adjudicación y colaboración transparente que garantice la viabilidad en el aprovechamiento del plasma residual a empresas privadas nacionales o internacionales que se comprometan a invertir localmente en la construcción de plantas de fraccionamiento, siempre en un marco regulatorio robusto. La contraprestación sería un volumen garantizado de hemoderivados para el sector público a precios justos y transparentes.
- Economía Circular de la Salud: Este modelo genera una economía circular virtuosa. Se eliminan los costos de destrucción y logística de desperdicio, se monetiza un subproducto hospitalario y se genera valor agregado industrial en territorio nacional. A largo plazo, se reduce la necesidad de importaciones progresivamente, liberando recursos presupuestales que pueden ser reasignados a la expansión de infraestructura (como la que requiere el IMSS en su Plan 2030, por ejemplo).
La iniciativa de reforma y la necesidad de este sistema de gestión se alinean con la estrategia de sustentabilidad sanitaria que debe adoptar México ante la reconfiguración de las cadenas globales. Depender del extranjero para terapias críticas como la albúmina o la inmunoglobulina es una debilidad que se traduce en riesgo de desabasto en cualquier crisis geopolítica o sanitaria mundial, un tema que ya vivimos.
El fraccionamiento local de plasma no es materia económica y/o presupuestal; es un mandato de fortalecimiento del sistema nacional de salud. Al igual que la Comisionada de Fomento Sanitario de Cofepris con perfil económico debe impulsar la competitividad del sector regulado, el liderazgo en la Secretaría de Salud debe capitalizar esta ventana legislativa para diseñar el mecanismo logístico que ponga fin al desperdicio y transforme el plasma residual en un activo estratégico de nuestra seguridad nacional.
No podemos seguir permitiendo que un recurso biológico tan valioso se deseche mientras dependemos de disponibilidad y precios en el mercado global. La tecnología para el fraccionamiento existe; lo que necesitamos es la arquitectura logística y la voluntad colaborativa para activarla. La Ley nos da espacio para creación del mapa necesario para avanzar.
Hoy cierro con una frase que se atribuye a Dwight D. Eisenhower «Una meta sin plan es solo un buen deseo.»
*El autor cuenta con 25 años de experiencia en el sector de la salud en México y Latinoamérica, es socio fundador de una consultoría enfocada en el análisis de las políticas públicas en salud, salud digital y sostenibilidad.
