Publicado: octubre 22, 2025, 6:00 am
El caso de Rafael Tudares Bracho se inscribe en un patrón de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas documentado en Venezuela.
La falta de información oficial, la ausencia de garantías judiciales y la impunidad persistente refuerzan la gravedad de la situación.
A pesar de los esfuerzos de su familia, no se han registrado avances en su localización ni en su liberación.
La exigencia de una fe de vida y el reclamo por su libertad inmediata se mantienen como las principales demandas ante las autoridades nacionales y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
Fé de vida ¡Ya!
Han pasado nueve meses desde la detención y desaparición de Rafael Tudares Bracho. Durante todo este tiempo, no ha existido ningún tipo de contacto con él, ni su familia, ni su abogado, ni sus hijos han recibido información o confirmación oficial sobre su paradero o su estado de salud.
La solicitud de una fe de vida es una exigencia básica en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Supone el reconocimiento formal de que una persona detenida se encuentra viva y bajo custodia del Estado. Cuando una autoridad detiene a alguien, tiene la obligación de informar de inmediato su ubicación, permitir comunicación con la familia y garantizar acceso a defensa legal.
Nada de eso ha ocurrido en el caso de Rafael Tudares Bracho.
Mariana González de Tudares solicita una fe de vida porque, tras nueve meses de silencio institucional, no existe constancia alguna de que su esposo esté con vida. Las autoridades no han respondido a sus solicitudes ni han confirmado su detención en ningún centro. Este vacío de información constituye el elemento central de una desaparición forzada, según la definición establecida por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
La petición de Mariana no es simbólica busca una confirmación oficial, verificable y documentada que permita conocer si Rafael está vivo y en qué condiciones. Su reclamo también representa el derecho de la familia a la verdad, reconocido por los estándares internacionales y por la legislación venezolana.
Mientras no exista esa confirmación, el Estado venezolano mantiene la responsabilidad de informar sobre el paradero de Rafael Tudares Bracho y de garantizar su integridad física y psicológica, conforme a las obligaciones derivadas de los tratados que ha suscrito.
Sentido de la denuncia
La solicitud de una fe de vida marca el eje central del caso y resume las violaciones sufridas: ausencia de información oficial, negación de acceso a la justicia y vulneración del derecho a la verdad.
A partir de esta omisión, la situación de Rafael Tudares Bracho se configura como una desaparición forzada en curso, lo que implica una violación permanente de las obligaciones internacionales del Estado venezolano.
Este hecho sustenta las exigencias de verdad, justicia y reparación integral que su familia ha presentado ante las autoridades nacionales y las instancias internacionales competentes.
Rafa Tudares
Rafael Tudares Bracho, nacido el 22 de diciembre de 1979, es abogado venezolano, sin militancia política conocida. Es yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia, lo que se considera el principal motivo de su detención, interpretada como represalia política tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuestionadas internacionalmente.
Tudares Bracho fue detenido el 7 de enero de 2025 por funcionarios del Estado venezolano, en presencia de sus hijos de 7 y 8 años. Según el testimonio de los niños, hombres encapuchados y armados los obligaron a descender del vehículo y se llevaron a su padre, dejándolos en la calle. En un principio, el hecho fue calificado como secuestro; sin embargo, la falta total de información oficial llevó a su reclasificación como desaparición forzada.
Desde entonces, su esposa Mariana González de Tudares publica actualizaciones diarias contabilizando los días transcurridos (286 al 20 de octubre de 2025), exigiendo una fe de vida, justicia y liberación inmediata. En sus comunicaciones denuncia violaciones a los derechos humanos, como incomunicación, negación de abogado de confianza y un proceso judicial sin garantías, en contravención del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución venezolana.
Detención y desaparición forzada
El 7 de enero de 2025, mientras llevaba a sus hijos al colegio, Rafael Tudares fue detenido arbitrariamente. La detención ocurrió tres días antes de la juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo mandato.
Desde entonces, se encuentra en condición de desaparición forzada, lo que significa claramente que su familia no ha recibido confirmación de vida, desconoce su paradero y su estado de salud, y no se le permite comunicación ni visitas.
Pese a que defensores públicos y tribunales mencionan su presunta reclusión en el penal El Rodeo I, las autoridades de dicho centro lo niegan reiteradamente.
Al 21 de octubre de 2025, han pasado 287 días sin información oficial, lo que constituye una violación continuada de derechos fundamentales.
Supuesto proceso judicial
De acuerdo con información no oficial, Tudares enfrenta un proceso penal sin garantías, descrito por su familia como “clandestino” e inconstitucional.
Se le imputan hechos no especificados, sin acceso a abogado de confianza ni información de las actuaciones judiciales.
Una audiencia preliminar habría sido fijada para el 5 de junio de 2025, sin avances conocidos.
Las denuncias presentadas ante la Defensoría del Pueblo en julio y agosto de 2025 no han obtenido respuesta.
Estas irregularidades constituyen violaciones a las garantías judiciales y al debido proceso reconocidos por el derecho internacional.
Esfuerzos de la familia
Mariana González de Tudares mantiene una campaña pública constante en la red X (antes Twitter), donde denuncia violaciones de derechos humanos y solicita acompañamiento internacional.
En el marco de la canonización de los santos José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, Mariana dirigió cartas abiertas al Papa León XIV (12 de octubre de 2025) y a la Conferencia Episcopal Venezolana (11 de octubre de 2025), solicitando intercesión humanitaria.
Asimismo, ha presentado denuncias formales ante la Defensoría del Pueblo y tribunales venezolanos, sin obtener respuesta efectiva.
Edmundo González ha exigido públicamente una fe de vida de su yerno, destacando el impacto en los hijos menores y en toda la familia.
