Publicado: octubre 10, 2025, 8:00 am
El tono de Washington se ha endurecido. En un foro del New York Economic Club, el representante comercial Jamieson Greer advirtió que Estados Unidos no negociará la renovación del T-MEC mientras México no cumpla plenamente con sus compromisos en energía, telecomunicaciones y agricultura. También anticipó que la revisión no se limitará a temas económicos, sino que incluirá reformas judiciales, electorales y de seguridad, recordando que “todo eso era parte del paquete”. La revisión de 2026, además de técnica, será una prueba de credibilidad y confianza para México.
A cinco años de la entrada en vigor del T-MEC, y con la revisión formal prevista para enero de 2026, América del Norte se prepara para reconfigurar su arquitectura comercial en un contexto de tensiones geopolíticas y guerras arancelarias. Las decisiones que se tomen en los próximos meses definirán si México consolida su papel como un socio confiable dentro del bloque económico más dinámico del planeta.
El tratado no solo es un acuerdo comercial: es la columna vertebral de una relación que moviliza una cuarta parte del comercio mundial y sostiene más de 100 millones de empleos. Para México, representa estabilidad macroeconómica y prosperidad social: más del 86.8 % de las exportaciones se destinan a Estados Unidos y Canadá. En 2024, el comercio bilateral con la Unión Americana alcanzó 512,710 millones de dólares, consolidando a México como su principal socio comercial, por encima de China.
Sin embargo, 2025 marcó un punto de inflexión. Washington ha reiterado que no abrirá negociaciones para extender o modernizar el tratado mientras México no cumpla plenamente con sus compromisos. Las consultas iniciadas en 2022 bajo los mecanismos del T-MEC, especialmente en el sector energético, siguen activas y reflejan tensiones que trascienden coyunturas partidistas de nuestro socio comercial.
Con el regreso del presidente Donald Trump, la presión aumentó mediante órdenes ejecutivas que condicionaron la continuidad del T-MEC a resultados concretos en materia migratoria y de seguridad, con énfasis en el combate al fentanilo. Aunque estos condicionamientos no forman parte del acuerdo, llevaron al Gobierno mexicano a reconfigurar su estrategia de seguridad e inteligencia para preservar la relación comercial. En paralelo, Washington ofreció exenciones arancelarias del 25% a las exportaciones con 65% de contenido regional, requisito que hoy cumple el 85% de los productos mexicanos, gracias al esfuerzo coordinado del sector privado.
No obstante, en línea con las preocupaciones del sector privado estadounidense documentadas por la USTR, la administración Trump ha vuelto a centrar la atención en el cumplimiento de las llamadas barreras no arancelarias, lo que anticipa una renegociación compleja para 2026.
Washington ha señalado deficiencias en la política energética que prioriza a las empresas estatales sobre los competidores privados; preocupación por la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano cuya autonomía sigue siendo condición explícita en el texto del tratado y que la nueva Comisión Nacional de Telecomunicaciones no cumple por su diseño institucional subordinado a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que tiene categoría de secretaría de Estado en la Administración Pública Federal. Una queja semejante también se ha registrado en relación a la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que ha sido sustituída por la Comisión Nacional Antimonopolios, órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía.
Estados Unidos ha señalado también deficiencias persistentes en las prácticas aduaneras de México, entre ellas la falta de aviso previo suficiente sobre cambios regulatorios, interpretaciones dispares entre aduanas fronterizas y restricciones operativas que limitan la entrada por puerto, afectando especialmente a pequeñas y medianas empresas exportadoras. A estos reclamos se suman críticas al marco legal que impide a los agentes aduanales operar libremente en todos los puntos de entrada del país y la ausencia de un sistema de pago periódico para los envíos de mensajería y paquetería exprés.
La reforma a la Ley Aduanera, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, incorpora avances en digitalización, interoperabilidad y trazabilidad de operaciones; sin embargo, también endurece el régimen simplificado de comercio para artículos de bajo valor, elevando la carga administrativa y los requisitos de cumplimiento para empresas de mensajería y plataformas digitales. Adicionalmente, la incorporación de la responsabilidad solidaria de los agentes aduanales en el pago de contribuciones podría generar un efecto inhibidor y retrasar las operaciones aduaneras al trasladarles un riesgo fiscal que no les corresponde directamente y que incrementa los costos de cumplimiento. Estos cambios, aunque buscan fortalecer la supervisión del comercio exterior, podrían restar competitividad al ecosistema logístico y digital del país.
Asimismo, las inconformidades de Estados Unidos hacia México también contemplan la materia de biotecnología agrícola e innovación. Washington acusa que las decisiones mexicanas sobre productos genéticamente modificados, particularmente el maíz transgénico, no se sustentan en evidencia científica y vulneran el acceso al mercado pactado en el tratado. Desde el decreto del 13 de febrero de 2023, que prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado en tortillas y masa e instruye su sustitución gradual en consumo humano y forrajero, Estados Unidos ha llevado el caso a paneles de solución de controversias bajo el T-MEC, obteniendo en diciembre de 2024 un fallo favorable en los siete alegatos presentados. Además, persisten objeciones sobre el bloqueo a nuevas variedades de algodón genéticamente modificado, pese a 25 años de cultivo seguro en México.
En paralelo, Washington mantiene a México en su Watch List por deficiencias persistentes en la protección de la propiedad intelectual, entre ellas la piratería extendida, la falsificación de marcas, la débil coordinación judicial y la ausencia de sanciones efectivas. Aunque México reformó sus leyes de propiedad industrial y derechos de autor en 2020, la falta de reglamentaciones plenas y mecanismos uniformes de aplicación sigue generando incertidumbre sobre el cumplimiento de los estándares de protección e innovación exigidos por el T-MEC.
La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, presentada por el Ejecutivo federal y actualmente en análisis en el Senado, busca responder a las observaciones del gobierno estadounidense y agilizar los procesos administrativos dentro de una nueva política industrial. La propuesta establece plazos estrictos para la resolución de trámites —24 meses para patentes, 12 meses para modelos de utilidad y diseños industriales, seis meses para marcas y un año para denominaciones de origen—, incorpora la figura de la solicitud provisional de patente y prevé sanciones por el uso de inteligencia artificial en la falsificación de signos distintivos. No obstante, esta modernización difícilmente será efectiva sin un fortalecimiento institucional real: se requiere mayor presupuesto, personal técnico especializado e infraestructura digital que permitan al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) cumplir con los nuevos plazos y garantizar una protección eficaz de la propiedad industrial en México.
Además, el IMPI y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han anunciado una mayor coordinación para combatir el contrabando y la falsificación, mediante el intercambio de información sobre empresas fachada, importadores irregulares y denuncias de violación industrial, en el marco de la estrategia denominada “Operación Limpieza”, cuyo objetivo es reducir el flujo de mercancías ilegales que afectan sectores como el calzado, la ropa, los juguetes o los cigarros.
Por su parte, Estados Unidos mantiene bajo observación la política mexicana sobre servicios de pagos electrónicos, al considerar que ciertas disposiciones limitan la capacidad de las empresas estadounidenses para ofrecer de forma transfronteriza servicios de valor agregado, como la protección antifraude, restringiendo la competencia. En septiembre de 2023, la Cofece identificó barreras en el mercado de procesamiento de pagos con tarjeta y recomendó al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicar acciones concretas para restablecer la competencia económica. Además, Washington cuestiona la complejidad del proceso para aprobar el uso de servicios en la nube por instituciones de pago, así como la aplicación retroactiva del Impuesto al Valor Agregado a aseguradoras estadounidenses, que podría afectar su solvencia.
Además, en el plano energético, Estados Unidos tiene preocupaciones importantes. La reforma constitucional promovida por el expresidente López Obrador e implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum, significa una formal reorientación de la política energética para fortalecer a las empresas estatales —Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)— en detrimento de las empresas competidoras, particularmente las norteamericanas. Esta restricción a la participación privada, a juicio de Estados Unidos, contraviene los compromisos que una vez adquiridos, según las reglas del T-MEC. no pueden ser retirados. Una preocupación del sector energético norteamericano es que las nuevas leyes y reglamentos de la industria energética, promulgados este año, presentan nuevas reglas en materia de duración, supervisión y vigilancia a los permisionarios más estrictos y restrictivos para el desarrollo de proyectos privados, cuestión que complica la predictibilidad de los rendimientos de las inversiones, además de implicar posibles demoras, suspensiones y rechazos injustificados en los procesos de obtención o renovación de permisos para operar proyectos en los sectores de hidrocarburos y electricidad.
En paralelo, México ha otorgado a Pemex prórrogas para cumplir con normas de contenido de azufre en diésel y ha promovido políticas que obligan a los usuarios del sistema de transporte de gas a adquirirlo a través de Pemex o la CFE. Estas decisiones, sumadas a reformas constitucionales que buscan fijar la dominancia en los mercados energéticos de ambas empresas exceptuándolas de la aplicación de las leyes de competencia económica, han llevado a diversas empresas estadounidenses a reconsiderar sus planes de inversión y operaciones en México, lo que ha acentuado el debate, rumbo a la revisión del T-MEC, sobre el nivel de apertura del sector energético mexicano.
Hay que mencionar también que las recientes reformas al sistema judicial y a la Ley de Amparo no abonan a la estabilidad de la relación bilateral, pues proyectan incertidumbre sobre la independencia del Poder Judicial y la protección efectiva de los derechos de las empresas y los inversionistas. Al debilitar los mecanismos de control constitucional y limitar los recursos legales contra actos de autoridad, México envía una señal preocupante para la protección jurídica que contrasta con los principios de Estado de derecho y certidumbre que sustentan el T-MEC.
Antes de que la lista de barreras no arancelarias escalara en la relación con Washington, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por la prudencia estratégica. Su administración ha mostrado oficio político y capacidad de gestión, logrando avances concretos en la agenda migratoria y en la coordinación en materia de seguridad, dos frentes históricamente sensibles en la relación bilateral.
Ahora, la atención se centra en el terreno económico. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció el inicio de consultas públicas para preparar a México rumbo a la revisión del T-MEC en 2026, un proceso que —más allá de su carácter técnico— pondrá a prueba la capacidad del país para cumplir y adaptarse a las nuevas exigencias del entorno regional.
Resultaría paradójico que, justo cuando la economía global avanza hacia la regionalización de las cadenas de suministro, México pusiera en riesgo su posición dentro de la relación comercial más estratégica del mundo. En vísperas de la revisión del T-MEC, el país debe atender con rigor las observaciones de Washington y reforzar su marco regulatorio e institucional para garantizar una integración sólida, previsible y de largo plazo. Si México busca mantener su acceso preferencial al mercado más grande del planeta, deberá enfocar sus esfuerzos en cumplir, competir y ofrecer certidumbre, condiciones indispensables para renegociar y consolidar el T-MEC como un verdadero motor de integración y prosperidad compartida.
*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.
