Publicado: octubre 7, 2025, 2:30 pm
El abogado de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), Gregorio Dalbón, presentó este lunes una denuncia penal contra Javier Milei, actual presidente, por «abuso de autoridad». Esta querella surge a raíz de unas declaraciones del actual mandatario en las que afirmó que él tomó «la decisión» de que la dirigente peronista fuera presa. En el escrito judicial, Dalbón acusa a Milei de «la comisión del delito de abuso de autoridad previsto y reprimido por el artículo 248 del Código Penal», en virtud de expresiones realizadas durante una entrevista emitida el domingo en el canal La Nación +.
Así lo ha anunciado el letrado en un comunicado en su cuenta de X en el que ha recordado las palabras del mandatario cuando afirmó que el diputado de su partido La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, que ha renunciado a liderar la candidatura por Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas por sus vínculos con un narcotraficante, estaba siendo víctima de una «venganza».
En la entrevista, tras ser advertido por el periodista de que se estaba inmiscuyendo en temas de justicia, Milei agregó: «Si yo hubiera sido sucio y me hubiera metido con la Justicia hubiera arreglado que no la metan presa». Con esa declaración, el presidente intentó rectificar sus palabras, que para el abogado de Fernández «presuponen un acto de autoridad ilegal, en tanto la atribución de ordenar o disponer detenciones corresponde exclusivamente a los jueces«.
Según la denuncia, la declaración de Milei «se inscribe en una violación del deber constitucional de abstenerse de intervenir en procesos judiciales, constituyendo el núcleo típico del abuso de autoridad» contemplado en el Código Penal argentino.
Dalbón pidió que se cite a Milei y que se remita una copia de la denuncia a la Cámara de Diputados, con el fin de evaluar la apertura de un juicio político. «La sola afirmación pública de haber tomado una ‘decisión’ de privar de libertad a una persona constituye un indicio de intromisión funcional y presión institucional sobre el Poder Judicial», añade el documento, que califica el episodio como «un acto de gravedad institucional».
En junio pasado, la Corte Suprema de Argentina ratificó la condena de Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por irregularidades en la concesión de obras viales, pero el peronismo considera que es víctima de lawfare, es decir, de instrumentalización de la Justicia por parte de sus adversarios políticos para perseguirla y desprestigiarla. Desde entonces, la expresidenta cumple arresto domiciliario en Buenos Aires.
