Publicado: octubre 5, 2025, 7:30 pm
Pedro Sánchez y su Gobierno lanzan un nuevo órdago y se apuntan a una rara avis, otra más, en el mundo y en la Unión Europea: consagrar el derecho al aborto en la Constitución. Esta ha sido la respuesta del Ejecutivo central a la propuesta salida del Ayuntamiento de Madrid a iniciativa de Vox para que el Gobierno municipal «proporcione información, de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible, sobre el síndrome post aborto» en los centros de atención dependientes del Consistorio. Desde Moncloa no ha tardado la respuesta, con una idea que solo ha salido adelante en Francia hasta ahora.
El Gobierno propondrá una reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna. «En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas», explican desde el Ejecutivo. Para ello, sostienen, impulsará un procedimiento de reforma ordinario de la Constitución, lo que requeriría de una mayoría cualificada para su aprobación: dos tercios del Congreso, es decir, 200 votos a favor. El PP, de hecho, ya ha avisado de que no apoyará la reforma, en palabras de su propio líder, Alberto Nuñez Feijóo.
El propio Tribunal Constitucional ya reconoció la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho esencial de las mujeres en su sentencia 44/2023, de 9 de mayo. Con esta medida, España se convertiría en el segundo país del mundo -y de la UE- en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024. «El Gobierno combate así cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres», sentencian desde Moncloa.
Solo Francia reconoce este derecho desde el punto de vista constitucional, y su paso es muy reciente. Hace poco más de un año 780 de los 925 parlamentarios adoptaron una reforma constitucional que modificará el artículo 34 de la Carta Magna para incluir «la libertad garantizada de la mujer a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo«. Fue una de las grandes apuestas de Emmanuel Macron en aquel momento. «Orgullo francés, mensaje universal», escribió entonces el presidente, que por prohibición legal no pudo acudir a las deliberaciones del legislativo. La medida, eso sí, contó incluso con el respaldo de la derecha radical. «Vamos a votar esta constucionalización, porque no nos supone ningún problema, pero de ahí a hablar de día histórico no. Es un día instrumentalizado por Emmanuel Macron para su propia gloria», esgrimió Marine Le Pen.
Ahora mismo, de hecho, en España el derecho al aborto se reconoce mediante la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010, reformada en 2023 para ampliar derechos, pero la Constitución española no menciona explícitamente esta práctica. Algo similar ocurre en países como Alemania, Italia o Bélgica, donde la regulación del aborto se encuentra en la legislación ordinaria, sin rango constitucional.
En contraste, algunos países de la UE incluyen disposiciones constitucionales que, más bien, restringen o condicionan el aborto. Es el caso de Polonia, cuya Constitución protege la vida desde la concepción, lo que ha dado lugar a una de las legislaciones más restrictivas de Europa, permitiendo el aborto solo en casos muy limitados. Otro ejemplo es Hungría, que en su Constitución de 2011 declara la protección de la vida del feto “desde el momento de la concepción”, aunque permite excepciones bajo ciertas circunstancias reguladas por ley.
La tendencia de Francia a constitucionalizar el aborto responde a un contexto global en el que los derechos reproductivos se ven cuestionados o limitados en varios países. El cambio constitucional busca blindar estos derechos frente a eventuales retrocesos, tomando como referencia lo ocurrido en Estados Unidos con la revocación de Roe v. Wade en 2022, que eliminó la protección federal del aborto y devolvió la decisión a cada estado, con consecuencias inmediatas para millones de mujeres.
Moncloa ha lanzado un nuevo órdago: «El Gobierno de España continuará trabajando en todas las vías posibles para evitar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho sufran presiones de cualquier tipo. Nuestro país seguirá siendo así un referente internacional en la defensa de los derechos y las libertades de las mujeres», añaden fuentes del Ejecutivo sobre este asunto.
El Gobierno recuerda, al mismo tiempo, que este año se conmemora el 40 aniversario de la despenalización del aborto en España (Ley 5/1985), que lo reconocía de forma restringida. «La Ley Orgánica 2/2010 reguló por primera vez el derecho a la IVE de forma libre y sin supuestos durante las 14 primeras semanas de gestación. En 2014, la lucha de las mujeres impidió la aprobación de una ley aún más restrictiva que la de 1985″, rememoran.
En síntesis, dentro de la UE el aborto está generalmente protegido por la legislación nacional, pero no por las constituciones, con la única excepción destacada de Francia. La medida francesa abre un precedente importante que podría inspirar a otros Estados miembros a seguir un camino similar, especialmente en un momento de debate internacional sobre los derechos sexuales y reproductivos. Ahora el Gobierno español se quiere sumar a ese pequeñísimo grupo en el enésimo choque del Ejecutivo de Sánchez con el PP y Vox. Sin embargo, el panorama europeo sigue siendo heterogéneo: mientras algunos países avanzan en la ampliación de derechos, otros mantienen fuertes restricciones basadas en principios constitucionales o religiosos.
