Publicado: septiembre 24, 2025, 12:00 am
Nicolás Maduro anunció este martes 23 de septiembre que planea decretar un estado de conmoción exterior en todo el territorio venezolano, durante la instalación del Consejo de Estado en Caracas. La medida, fundamentada en el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), responde a lo que el chavismo califica como “amenazas externas” lideradas por Estados Unidos.
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El estado de conmoción exterior permite restringir temporalmente garantías constitucionales, salvo derechos fundamentales como la vida o la prohibición de tortura, para enfrentar circunstancias externas que afecten gravemente la seguridad nacional.
El decreto se enmarca en recientes tensiones con Estados Unidos, incluyendo el abordaje del barco pesquero “Carmen Rosa” por el USS Jason Dunham el 12 de septiembre y varios ataques cinéticos en el Caribe que dejaron al menos 14 muertos. Maduro justificó la medida como respuesta a estas “agresiones permanentes” y afirmó que “estamos preparados para cualquier escenario para garantizar la estabilidad, el ejercicio de la soberanía y la unión de nuestro país.”
Según la CRBV, el decreto requiere la aprobación del Consejo de Ministros, la presentación ante la Asamblea Nacional para su consideración y la revisión de constitucionalidad por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dentro de los ocho días siguientes. El artículo 339 establece que el estado de conmoción exterior no interrumpe el funcionamiento de los Poderes Públicos y puede extenderse hasta 90 días, prorrogables por igual período.
Lo que dice la Constitución:
Artículo 338: Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación, o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable hasta por treinta días más. Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual. Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones. Se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más. La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos.
Artículo 339: El decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron. La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público.
