Publicado: septiembre 17, 2025, 7:30 am
La Comisión Europea ha decidido suspender parcialmente el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel. Por un lado, limita el apoyo bilateral y decreta la pausa de contratos individuales con el país en proyectos que están en marcha. Sin embargo, la introducción de aranceles y la ruptura comercial total está sujeto a la aprobación de una mayoría cualificada de los Veintisiete. Este es el principal pilar del paquete de medidas que ha planteado el Ejecutivo comunitario en represalia por la crisis humanitaria en Gaza, una situación que la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen , tachó de «inaceptable». En concreto, Bruselas plantea suspender todas las disposiciones preferenciales para el comercio de bienes, de servicios, la competencia y la contratación pública. Fuentes comunitarias explican que, en la práctica, supone suspender todas las ventajas de libre comercio y preferente, pero no afecta a la circulación de capitales, ya que el comercio seguirá fluyendo. También hay una serie de disposiciones sobre cooperación aduanera en los Estados miembro e Israel que tendrán que seguir negociando entre sí. Esto significa, según los cálculos de la Comisión, que el impacto económico efectivo de la suspensión parcial afectará al 37% de las exportaciones israelíes a la UE, lo que se traduce en unos 5.800 millones de euros. Además, Bruselas estima que si el comercio se mantuviera al mismo nivel, las exportaciones israelíes tendrían que pagar una cantidad adicional de 227 millones de euros en derechos de aduana a lo largo de un año. Por otro lado, la Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas , ha planteado también sanciones a los ministros del Gobierno de Benjamin Netanyahu, Bezalel Smotrich (Finanzas) e Itamar Ben Gvir (Seguridad Nacional), una medida que requiere de la unanimidad de los Estados miembro para su aprobación. A ambos ministros ultraderechistas, que ya están sancionados a título individual por algunos países de la UE, entre ellos España, se les aplicará una congelación de activos, se les impedirá la provisión de fondos o recursos económicos por parte de actores europeos y se les prohibirá viajar a la UE. Asimismo, se aplicarán sanciones a colonos israelíes violentos y a una decena de dirigentes de Hamás que se encuentran en Gaza, Cisjordania y también en países extranjeros. La tercera y última parte del paquete anunciado por Von der Leyen declara la suspensión temporal del apoyo bilateral a Israel, que dejará de recibir cerca de 6 millones de euros previstos en el marco del mecanismo regional para este 2025 y que aún estaban pendientes de adopción. También se suspenderán los contratos individuales de los proyectos que ya están en marcha, lo que en términos monetarios, supone un total de 14,14 millones de euros para el período comprendido entre 2020 y 2024. En este caso, la decisión de bloquear la financiación depende exclusivamente del Ejecutivo comunitario por lo que puede salir adelante sin esperar a la validación de los Veintisiete. La víspera de que esta propuesta viera la luz, el Gobierno israelí acusó por carta a Von der Leyen de «mala fe» y de «sortear sus propias reglas para adoptar por motivos políticos una medida de política exterior», al tiempo que denunció que la Unión Europea estaba incumpliendo sus obligaciones de consulta con Israel antes de tomar medidas, tal y como establece el marco del Acuerdo de Asociación entre las dos regiones. Fuentes comunitarias, sin embargo, defienden que Bruselas está «cumpliendo las reglas del juego» y explican que las medidas serán «notificadas» formalmente en el marco del consejo de asociación una vez que la propuesta sea adoptada por una mayoría cualificada de los Estados miembro, porque será entonces cuando la UE tenga unas medidas oficiales que trasladar a su contraparte israelí. De este modo, insisten desde el Ejecutivo comunitario, se está cumpliendo cada etapa del marco establecido, lo que incluye buscar el diálogo con Israel mientras culmina el proceso.
