Publicado: septiembre 15, 2025, 7:00 am
La reforma judicial de 2024 prometió una transformación profunda del sistema de justicia federal en México.
Entre sus piezas clave destaca el Órgano de Administración Judicial (OAJ), creado para sustituir al Consejo de la Judicatura Federal y asumir la gestión operativa del nuevo Poder Judicial.
El OAJ enfrenta el reto de demostrar que no es simplemente un cambio de nombre, sino una reconfiguración real de la arquitectura judicial.
Una nueva ingeniería institucional
El OAJ fue concebido como un ente colegiado con cinco integrantes: tres designados por la Suprema Corte, uno por el Ejecutivo y otro por el Senado. Esta fórmula busca equilibrio entre poderes, aunque no ha estado exenta de críticas por la opacidad en los nombramientos y la cercanía política de algunos perfiles.
Los recién nombrados son: José Alberto Gallegos Ramírez fue titular de la Unidad de Administración y Finanzas en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado; Néstor Vargas fue director jurídico de la Secretaría de Gobernación; Berenice Romero se desempeñó de magistrada en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Lorena Josefina Pérez Romo fue magistrada penal, y Catalina Ramírez Hernández es abogada con especialización en defensa de los pueblos indígenas.
Entre sus atribuciones destacan: la administración presupuestal y territorial de juzgados y tribunales; la dirección de la carrera judicial, incluyendo formación, evaluación y promoción; la seguridad de juzgadores en contextos de alto riesgo; la supervisión de la Escuela Nacional de Formación Judicial y del Instituto Federal de Defensoría Pública; y evidentemente la administración de casi 75,000 millones de pesos.
Además, el presupuesto global del nuevo Poder Judicial para 2026 asciende a $85,960,228,646 MXN, lo que representa un aumento del 15.6% respecto al ejercicio anterior.
La sesión de instalación del OAJ se realizó a puerta cerrada, lo que generó tensiones internas en la Suprema Corte. Ministros como Lenia Batres expresaron su desacuerdo con la falta de transparencia, mientras que organizaciones civiles cuestionaron la idoneidad de algunos nombramientos, como el del presidente Néstor Vargas, señalado y exonerado por conductas impropias.
Su desempeño dependerá de tres factores clave: capacidad técnica para rediseñar el mapa judicial sin improvisaciones; voluntad política para resistir presiones y preservar la autonomía funcional; y mecanismos de control que aseguren rendición de cuentas y evaluación objetiva.
Querido lector, el Órgano de Administración Judicial es mucho más que una oficina administrativa: es el termómetro institucional de la reforma judicial. Su éxito o fracaso marcará el rumbo de la justicia federal en los próximos años. En un país donde la confianza en las instituciones está en juego, el OAJ tiene la responsabilidad de demostrar que la transformación no es cosmética, sino estructural. Hasta la próxima.
