Publicado: septiembre 2, 2025, 10:00 am
«Quien salva una vida, salva al mundo entero», El Talmud.
El 26 de mayo de 1793, el virrey Conde de Revillagigedo envió al Tribunal del Protomedicato Real una orden tajante: todos los médicos, boticarios, cirujanos y parteras debían acudir de inmediato cuando fueran llamados a atender a enfermos o heridos, sin excusas frívolas ni demoras. La instrucción respondía a una práctica recurrente: algunos facultativos se negaban a salir de noche o eludían la atención en circunstancias peligrosas, lo cual ponía en riesgo no sólo la vida de los pacientes, sino también la administración de justicia. El virrey advirtió que, ante la menor queja, se impondrían “serias providencias” contra quien faltara a su deber.
Este mandato no era nuevo. Ya en 1777, el virrey Bucareli había publicado un bando obligando a los cirujanos a atender a cualquier herido de manera inmediata, aun sin orden judicial, imponiendo sanciones económicas y de destierro a quienes incumplieran. En ambos casos, el trasfondo era claro: la vida, la salud pública y la justicia dependían del compromiso ineludible de los profesionales de la salud, incluso cuando su propia seguridad podía estar en entredicho.
Han pasado más de dos siglos desde aquel mandato. Sin embargo, la esencia del dilema sigue vigente en México: ¿cómo garantizar que los médicos atiendan a la población cuando hacerlo implica riesgos personales graves?
Durante la pandemia de Covid-19, México se convirtió en uno de los países con mayor número de muertes de profesionales de la salud. Médicos, enfermeras y camilleros enfrentaron al virus sin insumos suficientes, con jornadas extenuantes y muchas veces con equipo de protección deficiente. El saldo fue doloroso: cientos de trabajadores de la salud perdieron la vida cumpliendo con ese deber que, desde tiempos coloniales, se exige como compromiso ético y social. Su sacrificio evocó inevitablemente la dureza de aquel bando de 1793: la obligación de servir aun en riesgo propio.
Pero la tragedia no terminó con la pandemia. Hoy, los profesionales de la salud en México enfrentan otra amenaza: la violencia del crimen organizado y la inseguridad en zonas rurales. Médicos jóvenes, en servicio social, son enviados a comunidades aisladas sin garantías mínimas de seguridad. Algunos han sido agredidos, secuestrados o asesinados simplemente por estar en el lugar equivocado, cumpliendo con la misión de atender a quienes más lo necesitan. De nuevo, el eco del Bando resuena: se les exige cumplir con su deber, aun cuando hacerlo pueda costarles la vida.
Aquí surge la gran diferencia con el pasado. En 1793, la autoridad colonial dictaba mandatos unilaterales, sin mayores obligaciones hacia la seguridad de los médicos. En el México de hoy, el Estado tiene un deber constitucional de proteger a sus trabajadores de la salud, de dotarlos de insumos, condiciones laborales y seguridad. Y sin embargo, una y otra vez vemos que se repite la lógica de antaño: exigir heroísmo individual para suplir las carencias estructurales de un sistema que no logra responder.
Imaginemos, para ilustrarlo, dos escenas. En la Ciudad de México de 1793, un cirujano recibe un llamado nocturno para atender a un herido de arma blanca. El barrio es peligroso y sabe que arriesga su vida al salir. Pero la orden del virrey es clara: debe acudir, o enfrentará sanciones económicas, destierro o prisión. Toma sus instrumentos y sale a la calle oscura, sabiendo que su deber lo expone.
En 2025, en la sierra de Guerrero, una médica en servicio social es asignada a una clínica rural. No hay medicamentos suficientes ni resguardo de seguridad. Una noche, un grupo armado irrumpe en la comunidad; la doctora se convierte en víctima, no por negligencia, sino por la simple circunstancia de cumplir con su deber. Ambas historias reflejan un mismo principio: el Estado exige, pero no siempre protege.
Hoy, el debate debe ir más allá de reconocer el sacrificio de los médicos. Se trata de replantear el pacto social con quienes sostienen el derecho a la salud en México. No es aceptable que sigan siendo carne de cañón frente a pandemias sin equipo o frente a la violencia en territorios controlados por el crimen.
El eco del Bando de 1793 nos recuerda que las autoridades llevan siglos apelando a la responsabilidad inquebrantable de los médicos. Pero dos siglos después, la pregunta incómoda es otra: ¿ha aprendido el Estado a cumplir con su parte del pacto? ¿O seguimos repitiendo la misma historia, exigiendo entrega sin condiciones, sin garantizar seguridad ni dignidad?
México tiene una deuda histórica con su personal de salud. No basta con conmemorarlos como héroes en discursos oficiales; es necesario traducir ese reconocimiento en políticas claras: protección efectiva en zonas de riesgo, insumos suficientes en hospitales, respeto a su vida y a su labor. La reforma constitucional para la homologación salarial de los médicos aprobada por unanimidad en ambas cámaras y entidades federativas desde el 15 de octubre de 2024 sigue con veto de bolsillo en la Presidencia del Senado, vergonzante actitud del gobierno Federal.
Si el virrey Revillagigedo levantara la vista hoy, quizá reconocería en nuestras calles el eco de sus bandos. Pero también vería que, dos siglos después, la injusticia persiste: seguimos pidiendo sacrificios individuales para tapar las grietas de un sistema que, con todos los avances, aún no logra garantizar lo esencial: la vida de quienes salvan vidas.
*Éctor Jaime Ramírez Barba (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es Legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura.
