Publicado: septiembre 1, 2025, 5:00 pm
Nicolás Maduro afirmó este lunes 1 de septiembre que Venezuela pasaría a declararse “República en armas” en caso de una agresión militar extranjera, en medio de las tensiones con Estados Unidos por el despliegue de buques en el mar Caribe.
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En una rueda de prensa con medios internacionales, Maduro sostuvo que “si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada, en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela, y declararíamos constitucionalmente la República en armas”. En tal sentido, el líder chavista aseguró que el país cuenta con una estrategia defensiva diseñada durante dos décadas.
Aunque la Constitución no contempla expresamente la figura de “República en armas”, sí establece deberes y competencias en materia de defensa. El artículo 130 indica: “Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación”.
En esa misma línea, el artículo 134 señala: “Toda persona, de conformidad con la ley, tiene el deber de prestar los servicios civil o militar necesarios para la defensa, preservación y desarrollo del país, o para hacer frente a situaciones de calamidad pública. Nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso”.
El texto constitucional también define la seguridad de la Nación como responsabilidad compartida. El artículo 322 establece: “La seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas (…) que se encuentren en el espacio geográfico nacional”.
Asimismo, el artículo 323 crea el Consejo de Defensa de la Nación como órgano máximo de consulta en casos de amenaza, mientras que el artículo 324 dispone: “Sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Todas las que existan, se fabriquen o se introduzcan en el país pasarán a ser propiedad de la República”.
En la práctica, declarar una “República en armas” significaría que el régimen podría apelar al deber constitucional de los ciudadanos para integrarlos en funciones de defensa, ya sea en apoyo civil o militar. También implicaría activar al Consejo de Defensa de la Nación, la movilización de la Fuerza Armada Nacional y la adopción de medidas excepcionales propias de un estado de guerra, donde el Estado centraliza el control del territorio y de los recursos estratégicos bajo la justificación de proteger la soberanía.
