Publicado: agosto 29, 2025, 8:00 am
En Venezuela, los familiares de los presos políticos no han abandonado la lucha por exigir la libertad de sus seres queridos y denunciar las constantes violaciones de derechos humanos de las que son víctimas. Sin embargo, hay un grupo de detenidos que se sienten particularmente olvidados: aquellos recluidos en calabozos policiales distribuidos en distintas ciudades del país.
Aunque las familias llevan alimentos diariamente y, en algunos casos, logran verlos apenas cinco minutos a la semana, o incluso deben pagar en divisas para obtener lo que consideran el “privilegio” de visitarlos, estos presos se sienten extremadamente vulnerables. A muchos de ellos se les niega totalmente el derecho a la visita familiar.
La mayoría de los presos políticos que permanecen en los calabozos policiales fueron detenidos durante las manifestaciones poselectorales desde hace más de un año, acusados de terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria e instigación al odio.
Su situación es aún más precaria porque, a diferencia de quienes están en cárceles como Tocorón, aquí no están agrupados en un solo centro: en una comandancia policial puede haber un solo preso político, lo que los expone a un control absoluto de los funcionarios, a mayor aislamiento y a vigilancia constante. Incluso sus familiares denuncian fichajes y hostigamiento por el simple hecho de visitarlos.
Las condiciones de reclusión son inhumanas y, además del hacinamiento, los presos políticos son obligados a compartir celdas con presos sociales, sin acceso a baños adecuados. Algunos deben defecar en bolsas, orinar en botellas plásticas, no pueden asearse y duermen en colchonetas en el piso o en hamacas improvisadas hechas con sábanas colgadas de los barrotes (los murciélagos).
Todo esto los expone a enfermedades de la piel, problemas respiratorios y otras afecciones, sin que tengan acceso a revisiones médicas ni a agua potable. La situación golpea tanto a hombres como a mujeres por igual.
El miedo de las familias es otro factor de silencio: temen denunciar abiertamente por las posibles represalias, castigos o torturas contra sus seres queridos. En ese sentido, relataron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que, mientras en algunos penales se han realizado audiencias telemáticas, en el caso de los detenidos en comisarías los traslados dependen de la voluntad de los funcionarios.
Las respuestas son recurrentes: “no hay vehículos” o se les exige a los familiares costear la gasolina, batería e incluso hasta los cauchos para que se realicen los traslados. Aun así, la mayoría de las audiencias son diferidas por ausencia de los detenidos. Hasta hoy, ninguno ha podido contar con un abogado de confianza.
Desde el OVP monitoreamos de manera permanente estas situaciones que atentan contra los derechos humanos de los detenidos, las documentamos y las hacemos llegar a las instancias internacionales. Reiteramos nuestro compromiso de ser la voz de quienes hoy son silenciados y exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
