Publicado: agosto 28, 2025, 5:00 am
El pequeño refrigerador y despensa de Alnilys Chirino están casi vacíos: un puñado de pimientos y hierbas marchitas, un kilo de arroz, medio kilo de frijoles, un poco de carne enlatada, algo de harina. Chirino solía preocuparse por que la comida se echara a perder rápidamente por el calor abrasador del oeste de Venezuela. Hoy en día, sus escasas provisiones rara vez duran lo suficiente como para descomponerse.
Por Regina Garcia Cano | AP
Aun así, la mujer de 51 años debe hacer que esos artículos duren varios días. Sus tres hijos adolescentes dependen de ello. Duermen, estudian, trabajan, rezan y juegan con hambre. Lo mismo hacen millones de venezolanos en todo el país.
El más reciente derrumbe de la economía venezolana, los cambios en la ayuda extranjera, las sanciones de Estados Unidos y los recortes a los subsidios y programas del Estado han hecho que muchas necesidades simplemente sean inasequibles para el 80% de los residentes que, según cálculos, viven en la pobreza. Vivienda, medicinas, servicios públicos, pero ninguna necesidad es tan urgente como la comida.
En el estado occidental de Falcón, donde las refinerías de petróleo estatales ofrecían muchos empleos bien remunerados antes de que el país se desmoronara en 2013, más de dos docenas de residentes, como Chirino, describieron a The Associated Press cómo sus problemas se centran en la comida y cómo piensan en el tema —cómo comprarla, cuánto y dónde— todos los días.
Los expertos afirman que, aunque una crisis de nivel de hambruna no es inminente en Venezuela, la grave inseguridad alimentaria es un desastre que marcará a la población con desafíos de salud física y mental de por vida.
El presidente Nicolás Maduro quien asumió el cargo este año, a pesar de pruebas creíbles de que perdió la reelección ha generado condiciones económicas que han limitado en gran medida el acceso de las personas a la comida en todo el país, ya que el valor de los salarios se ha desplomado. Los comedores populares que alimentaban a miles de personas, en su mayoría niños, se han visto obligados a cerrar mientras el gobernante apunta a oponentes reales y percibidos mediante una nueva ley que restringe el trabajo de las organizaciones no gubernamentales.
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