Publicado: agosto 25, 2025, 1:00 am
La promesa de acceso universal y sin costo a medicamentos y atención gratuita para todos los mexicanos es una narrativa que se desmorona ante la realidad de austeridad y desabasto, máxime que no se ha elevado la inversión en salud. Lejos de fortalecer el sistema público, la supuesta gratuidad ha exacerbado desigualdades. Y el caso más representativo está en la red de Institutos Nacionales de Salud (INS) integrados en la CCINSHAE, pilares de la atención de alta especialidad, cuyas mermadas capacidades operativas y financieras han reducido el acceso a ellos a un verdadero lujo. Hoy, acceder a uno de estos centros de excelencia es un privilegio reservado para quienes pueden sortear listas de espera eternas o contar con referencias privilegiadas de quienes tienen influencia y poder. Ahí está el caso de la jefa del gobierno de CdMx, Clara Brugada, quien en 2024 se operó de la cadera en el Instituto Nacional de Rehabilitación y varios otros funcionarios de la 4T atendidos durante la pandemia en el Instituto de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubirán (INCMNSZ).
Antes de la implementación de la gratuidad universal en 2020, los INS operaban bajo un modelo equitativo de cuotas de recuperación, ajustadas al nivel socioeconómico de cada paciente. Este sistema era justo: quienes más tenían contribuían más, mientras que los de bajos recursos pagaban poco o nada, asegurando que el acceso no dependiera exclusivamente del erario público. De estas cuotas, los institutos retenían hasta el 35%, un complemento presupuestal vital que financiaba insumos, mantenimiento y mejoras en infraestructura. Este ingreso representaba una porción significativa de su operación, permitiendo flexibilidad en un contexto de presupuestos federales limitados. Sin embargo, con la gratuidad obligatoria, el gobierno eliminó estas cuotas, argumentando que el Estado asumiría todos los costos. Pero justo el problema es que el Estado no puede cumplir esa promesa de elevar la cobertura si no incrementa significativamente el presupuesto destinado al sector salud que, conforme CIEP está en 2.7% como proporción del PIB, menos de la mitad del 6% recomendado a nivel internacional.
El resultado: ahorcamiento financiero y recortes sistemáticos. Para 2025, el recorte presupuestal en Salud tuvo impactos directos en los INS, afectando los institutos de Pediatría, Nutrición y Cancerología. El gasto por persona sin seguridad social, conforme análisis de CIEP, cayó un 24.9%, de 5,625 pesos en 2024 a niveles insuficientes.
Esta pérdida de autonomía financiera ha transformado a los INS en sombras de lo que fueron. Los médicos antes podían pedir a pacientes o familiares la compra de insumos faltantes para agilizar procedimientos; ahora lo tienen prohibido, cerrando puertas a la atención oportuna.
Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la austeridad ha llevado a situaciones críticas. Hace unas semanas, la directiva informó a los médicos sobre la gravedad de la crisis presupuestal, considerando incluso cerrar el área de urgencias. Sin anticoagulantes, diuréticos, insulina ni otros insumos esenciales, ¿cómo atender emergencias cardíacas? El instituto, que atiende a pacientes de todo el país, ha limitado servicios: en abril de 2025, se quedó sin cultivos para pacientes por falta de recursos, priorizando solo cirugías urgentes. Con un recorte del 6% en su presupuesto para 2025 (de 228 millones de pesos), la institución lucha por mantener su nivel de atención cuya calidad antes le distinguía a nivel internacional. Obras inconclusas, escasez de dispositivos y hasta problemas en la alimentación del personal ilustran cómo la gratuidad, sin respaldo financiero, erosiona la excelencia.
Austeridad lleva a desamparo jurídico de médicos
El impacto va más allá de los pacientes: los médicos de los INS están en la línea de fuego. Con la máxima responsabilidad profesional de salvar vidas, se encuentran en un desamparo jurídico creciente. Ante la falta de insumos, no pueden documentar las causas reales al dar de alta a pacientes —por temor a represalias administrativas—, lo que los expone a demandas judiciales. Un paciente informado puede responsabilizar directamente al médico, y los casos han aumentado notablemente en el sistema público.
En 2024-2025, la Suprema Corte de Justicia ha aclarado que las demandas por negligencia en instituciones estatales deben resolverse civilmente, pero esto no mitiga el riesgo: amparos por desabasto en IMSS-Bienestar suman al menos 15, y recomendaciones de la CNDH por negligencia médica en el IMSS destacan secuelas graves. En los INS, donde se manejan casos complejos, este riesgo se eleva, dejando a profesionales en una encrucijada ética y legal, sin el respaldo institucional que merecen.
En resumen, la gratuidad en salud, noble en teoría, se ha convertido en un espejismo bajo la austeridad. Sin inversión suficiente, el sistema colapsa, y son los vulnerables quienes sufren las consecuencias.
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