Publicado: julio 31, 2025, 1:00 pm
En los últimos años, las fuerzas gubernamentales venezolanas han allanado numerosas minas de oro ilegales en el sur del país, supuestamente para proteger el medio ambiente. Pero lo cierto es que explotan las minas para su propio enriquecimiento o permiten que grupos armados lo hagan a cambio de una parte de las ganancias.
Por Crisis Group
El aumento del precio del oro ha impulsado una minería ilegal descontrolada, fortaleciendo a las bandas criminales venezolanas, a los grupos guerrilleros colombianos y a élites corruptas. Este negocio destruye frágiles ecosistemas y desencadena violencia contra la población local y trabajadores migrantes, quienes han sido víctimas de abusos sexuales, reclutamiento infantil e incluso ejecuciones sumarias.
Aunque es difícil persuadir al presidente Nicolás Maduro, los gobiernos extranjeros deben aprovechar su supuesta preocupación por el medio ambiente y su deseo de obtener legitimidad internacional tras las controversiales elecciones de 2024 para presionar por medidas para el control de la minería ilegal y la violencia que conlleva. Los compradores, en particular en Oriente Medio y Asia, deben exigir oro libre de conflicto.
Panorama general
La minería ilegal en Bolívar y Amazonas, estados en el sur de Venezuela, genera vastas riquezas para grupos armados y criminales que utilizan la violencia para controlar territorios rurales y a las personas que los habitan. El oro, considerado un activo seguro en tiempos de incertidumbre económica, alcanza precios récord en los mercados de todo el mundo. A medida que la minería del metal precioso se ha vuelto más rentable, los yacimientos se han vuelto muy codiciados, más aún con el país sufriendo los efectos de un catastrófico colapso económico y un conflicto político agudo. Los mineros artesanales, cuyo número ha aumentado debido a la migración interna, trabajan a merced de quien controle las minas. Aunque el ejército venezolano dice busca erradicar la minería ilegal, pactos informales entre los militares y las guerrillas colombianas han permitido a éstas seguir operando minas, mientras que las organizaciones criminales venezolanas se han adentrado más en la selva buscando oro. Las capitales extranjeras deben aprovechar el supuesto interés por el presidente Nicolás Maduro por el medio ambiente y su búsqueda de legitimidad internacional para presionar a Caracas para que reduzca la violencia y los daños a la Amazonía.
Desde hace dos décadas hay extensa minería de oro ilícita en el sur de Venezuela, y ésta ha crecido rápidamente en los últimos diez años, a medida que grupos criminales y guerrillas han tomado el control de amplias zonas de los estados Bolívar y Amazonas. Desde 2022, el gobierno venezolano ha enviado tropas a la zona, argumentando que actúa para proteger el medio ambiente y desalojar a los mineros ilegales. Pero las fuerzas armadas disponen de las minas a su antojo y puede que tengan incluso más libertad tras las controversiales elecciones de 2024, ya que el presidente Maduro depende en gran medida de los militares, quienes reprimieron lo que parece haber sido una victoria aplastante de la oposición.
En la práctica, la minería ilícita ha seguido proliferando en el sur del país, haciéndole daño al delicado ecosistema del Amazonas, y las incursiones militares en la región han servido principalmente para reorganizar la jerarquía de control sobre las minas. En algunos casos, miembros de las fuerzas armadas se han hecho cargo de las minas para su enriquecimiento personal. En otros, los militares han permitido el regreso de los trabajadores a las minas a cambio de un “impuesto” o un acuerdo para que les vendan oro a precios inferiores al mercado. En general, las fuerzas venezolanas parecen más inclinadas a permitir que las guerrillas colombianas, con las que mantienen una alianza tácita, se queden con las minas. Dicho esto, las organizaciones criminales venezolanas, conocidas como “sistemas”, no han sido completamente expulsadas de la región. Al ser desplazadas, estas organizaciones criminales se adentran aún más en la selva para abrir nuevas minas, lo que provoca nuevos daños ambientales, incluyendo deforestación.
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