Publicado: julio 8, 2025, 12:07 pm
Endesa ha presentado una reclamación patrimonial contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en la que solicita 454 millones de euros por daños y perjuicios por el incremento de la tasa que financia la gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares, la denominada ‘tasa Enresa’, según confirmaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la reclamación. El Gobierno decidió hace un año aprobar una subida del 30% en la tasa que abonan las centrales nucleares con el fin de ajustarla a todos los costes previstos en el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). Fuentes del gabinete dirigido por Sara Aagesen indicaron a Europa Press que, con relación a los recursos contra el incremento de la prestación patrimonial conocida como ‘tasa Enresa’, el Ministerio «ha recibido una reclamación patrimonial de Endesa y su defensa ya está en manos de la Abogacía del Estado». Según adelanta este martes ‘El País’, la presentación de esta reclamación por la energética dirigida por José Bogas desembocará en un informe del Consejo de Estado. Si se rechaza, como ocurre en la mayoría de los casos, la eléctrica podría abrir la vía judicial, como pasa también habitualmente con estos pleitos. La ‘tasa Enresa’, que en realidad es una prestación patrimonial no tributaria a través de la que las empresas propietarias hacen aportaciones a un fondo con el que se abonará la gestión de los residuos y el desmontaje de las nucleares, se situó con la revisión del año pasado en los 10,36 euros por megavatio hora (MWh), un 30% por encima de los 7,98 euros/MWh que se recogía anteriormente. De esta manera, se nutre a un fondo que es gestionado por la sociedad pública Enresa, encargada de los residuos radiactivos y de los trabajos de desmantelamiento de los reactores. En febrero, Iberdrola ya interpuso una demanda por la vía contencioso-administrativa contra Enresa reclamando 324 millones de euros por la subida de esta tasa. Y es que, cuando se firmó en 2019 el protocolo de cierre para las centrales nucleares entre las empresas propietarias y Enresa se contemplaba un incremento máximo del 20% del valor de la tarifa respecto al que en ese momento tenía y con un límite en los 7,98 euros/MWh. El mes pasado ya se conoció que Endesa e Iberdrola habían presentado al gabinete dirigido por Sara Aagesen una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares. No obstante, el Ministerio consideró que esa carta era «una declaración de intenciones» que no cumplía con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal. En concreto, las líneas rojas delimitadas por el Ejecutivo pasan por el hecho de que haya seguridad para las personas, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos. En esta reciente propuesta de revisión del calendario nuclear, que fue firmada por Endesa e Iberdrola, pero no así por Naturgy y EDP España, los otros dos propietarios del parque nuclear español, se planteaba mantener la fecha final de cierre, en 2035, y un aumento de los plazos intermedios previstos. De esta manera, se pedía ampliar la central extremeña de Almaraz, la primera que tiene previsto su cierre -en 2027 un grupo y en 2028 el otro- según el protocolo acordado por las empresas y Enresa, hasta 2030, lo que implicaría una bajada de la denominada tasa Enresa -los pagos para financiar el coste de gestionar los residuos y desmantelar las centrales-. al dividirse la recaudación por más años de producción. No obstante, en varias centrales, como la de Almaraz que forma parte de la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), hay una comunidad de bienes que obliga a la unanimidad de los partícipes, con independencia de su porcentaje de participación. Iberdrola es el accionista mayoritario de Almaraz con un 52,7% del capital, mientras que Endesa participa con un 36% y Naturgy con un 11,3%. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como Sara Aagesen han abierto en los últimos tiempos la puerta a estudiar una ampliación de la vida útil de las nucleares, aunque dejando claro que con condiciones. A principios del pasado mes de mayo, Sanchez afirmó en el Congreso de los Diputados que la prórroga de la actividad de las centrales nucleares más allá de 2035 dependía de tres criterios. El primero era que la prórroga garantizara la seguridad de los ciudadanos, el segundo que fuera económicamente viable y que lo costeen los «ultrarricos que presiden esas energéticas» y no salga del bolsillo del contribuyente y el tercero que la medida garantizara la seguridad del suministro eléctrico. «Tres criterios que me parecen absolutamente de sentido común», subrayó. Tanto Iberdrola como Endesa se han mostrado ya claramente dispuestas a ampliar la vida de la central nuclear de Almaraz, siempre que se den las condiciones propicias para ello. También Naturgy ha respaldado una ampliación de esta central hasta 2030 para, posteriormente, repensar el futuro de la nuclear en España. No obstante, la fiscalidad que pesa sobre la nuclear es uno de los grandes temas que las compañías propietarias piden poner sobre la mesa a la hora de abordar esta extensión. Un estudio de EY señala que España es el único país que cuenta con figuras impositivas adicionales sobre las centrales nucleares, como el impuesto sobre la producción del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos o las ecotasas autonómicas, los cuales suponen 9,2 euros por MWh. En concreto, el estudio, que compara la fiscalidad y los mecanismos de financiación del desmantelamiento y la gestión de residuos radiactivos en siete países europeos con programas nucleares consolidados -España, Reino Unido, Bélgica, Francia, Finlandia, Suecia y Suiza-, destaca que el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos y las ecotasas, que no hay en otros países, no tienen como destino específico cubrir ningún coste asociado a la operativa nuclear. Estos tributos forman parte de la carga que tienen los operadores de España, la cual se estima en un total de 27,3 euros/MWh brutos (28,6 euros/MWh netos), calcula el informe
