Publicado: mayo 27, 2025, 12:00 am
* En solidaridad con Héctor de Mauleón y Adela Navarro
Con la inminente elección judicial, el gobierno morenista habrá cerrado la pinza para concentrar todo el poder. O casi: quizá pretenda remachar su dominio con una reforma electoral que nos devuelva a la época en que Gobernación podía detener los conteos y darnos un resultado dudoso –si no fraudulento. O tal vez le falte a su aspiración absolutista parapetarse mejor contra las voces críticas que tanto irritan a figuras oficialistas diversas, ya que ni amenazas ni zalamerías logran acallarlas. Aunque quizá, dada la impunidad que protege a quienes intimidan, expulsan o matan periodistas, la censura explícita sea innecesaria. Sea cual sea el siguiente acto en la tragicomedia donde “el gobierno del Pueblo” sacrifica la esperanza de obtener un poquito de justicia, reformando las fiscalías y mejorando el poder judicial profesional existente, hay que preguntarse y preguntarle a quienes dicen liderar “el país más democrático del mundo”: ¿para qué quieren tanto poder?
El poder no es un cúmulo de piedras o lingotes de oro, el poder se crea, se ejerce. En un régimen autoritario se manifiesta en decretos abusivos, busca limitar la capacidad de decisión, expresión, movimiento, de grupos autónomos, ciudadanos, disidentes. El Ejecutivo cooptar o concentrar para sí a los otros poderes. Confundido con la fuerza o la violencia, el poder se corroe hasta perderse –así sea en cuarenta años. En una democracia, se ejerce mediante acuerdos y alianzas con grupos políticos diversos, con la ciudadanía, que, a su vez, ejercen poder, lo que también permite limitar los daños de grupos criminales, anárquicos o que sólo buscan su propio provecho. Se espera, por tanto, que el uso del poder beneficie a la sociedad, que se contraponga a fuerzas siniestras que amenazan la vida y las libertades, que limite los afanes que envenenen la convivencia social; que, mediante la ley, enfrente y resuelva los conflictos, que no se conforme con apariencias de normalidad ni esquive los problemas con ficciones inverosímiles.
Si vemos la capital como micro-metáfora del país, uno se pregunta: ¿por qué ningún gobierno (federal o local) ejerce su poder y autoridad legítima para impedir el cerco a Palacio Nacional o los bloqueos que convierten esta ciudad en infierno para quienes se desplazan en metrobús, metro o auto para ir a trabajar o volver a casa? ¿O siquiera para aplicar el reglamento de tránsito? ¿Acaso no saben regular? Y no hablemos del crimen organizado…
Si el gobierno actual se considera democrático, ¿por qué no reconoce la necesidad de preservar los contrapesos legítimos? ¿Por qué persiste en la demolición del poder judicial y deja intocada la base podrida de las fiscalías? ¿Acaso no hacen falta juzgadores/as profesionales y fiscalías capaces de investigar con eficacia en un país donde se acumulan víctimas de masacres, desapariciones y asesinatos (incluso políticos)? ¿Por qué este gobierno no ejerce el poder acumulado (desde el sexenio anterior) para resolver problemas graves como la violencia, la inseguridad, el desabasto de medicamentos, la pauperización del sistema de salud?
Si tanto se afana “por el Pueblo”, ¿por qué tolera la decadencia del sistema educativo y la precarización del ámbito cultural? El debilitamiento de la sociedad sirve a los regímenes autoritarios que prefieren dirigir a masas enfermas, asustadas, ignorantes… que lidiar con familias y comunidades sanas, capaces de pensar por cuenta propia, de cuestionar, organizarse y crear algo nuevo.
¿Para qué quiere tanto poder un gobierno incapaz de proteger a madres buscadoras amenazadas por grupos criminales o autoridades corruptas? ¿Para qué quiere más poder un gobierno militarista incapaz de hacer valer la ley contra grupos que extorsionan, masacran, siembran minas, expulsan a comunidades enteras? ¿Acaso la sociedad no merece paz?
¿Acaso el sufrimiento social beneficia al gobierno? ¿Acaso el poder está (se ejerce) en otra parte? Como un gigante voraz, el Ejecutivo (con su Congreso cómplice) se dispone a engullir al Judicial, ¿y luego?
