Publicado: abril 22, 2025, 4:00 am
El escándalo de Birmex es una nueva prueba de fuego para México en su larga lucha contra la corrupción.
Birmex había sido un eslabón crucial en la cadena de suministro de vacunas y reactivos en el país, especialmente en el contexto de la pandemia. Sin embargo, una auditoría reciente reveló irregularidades en la gestión de recursos por más de 13,000 millones de pesos.
En reacción a las pruebas presentadas, la presidenta Sheinbaum actuó con celeridad, removiendo de sus puestos a los altos ejecutivos sospechosos de estar involucrados en el mal manejo de recursos. Entre los funcionarios cesados destacan el director general, Iván de Jesús Olmos Cansino, y los directores de Administración, Logística y Planeación, entre otros.
Este movimiento fue interpretado como un paso positivo y necesario en un país donde la deshonestidad y los abusos de los servidores públicos no sólo han desprestigiado a la clase política, sino que ha limitado el crecimiento económico de la Nación y el bienestar de la población.
Pero la batalla contra la corrupción está lejos de terminar, sobre todo si la Fiscalía General de la República no actúa con rapidez y determinación para llevar a juicio a los responsables.
No hay que olvidar que la impunidad sigue siendo un lastre. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, salió a la luz un sofisticado sistema de desvío de recursos conocido como «La Estafa Maestra».
Bajo este esquema, un total de 7,670 millones de pesos fueron desviados mediante contratos simulados a través de universidades públicas. A pesar de las numerosas pruebas y denuncias, los procesos judiciales avanzaron de manera tortuosa y, hasta la fecha, pocas personas han enfrentado sentencias firmes.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tampoco estuvo exento de escándalos similares. Uno de los casos más sonados de su administración es el de Segalmex, donde también se destaparon anomalías en el manejo de recursos públicos destinados a programas de abasto popular.
El monto de la malversación fue de unos 12,000 millones de pesos, pero pese al discurso anticorrupción lanzado desde Palacio Nacional, el entonces director de Segalmex, Ignacio Ovalle, fue defendido a capa y espada por López Obrador, quien lo exentó de responsabilidad al decir que había sido “engañado’’ por su círculo cercano.
Sin duda, la separación de funcionarios involucrados en Birmex es un primer paso hacia la rendición de cuentas. Sin embargo, no debe quedarse como una medida simbólica.
La credibilidad de la lucha contra la corrupción en México depende en gran medida de la actuación oportuna y efectiva de las autoridades. Por eso, resulta indispensable que Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción, cumpla la palabra empeñada y, efectivamente, agote todas las investigaciones para proceder contra los responsables por la vía administrativa y penal.
Y más allá de inhabilitaciones para ejercer algún otro cargo público, las y los involucrados en el desfalco tendrán que enfrentar cargos formales y las consecuencias legales de sus acciones.
Si los responsables de la escandalosa corrupción en Birmex no llegan a los tribunales, la destitución de funcionarios que instruyó Claudia Sheinbaum será sólo una simulación.
Y lo que es más, si estos pasos no se llevan a cabo eficazmente, el gobierno podría perder gran parte del capital político ganado en su discurso anticorrupción y, lo que es más grave, los ciudadanos perderán la fe en que es posible erradicar la corrupción en México.
