Publicado: marzo 18, 2025, 7:00 am
Hace décadas, México comenzó una estrategia para reducir la regulación de la economía, que era a todas luces excesiva. Con los años, evolucionó desde medidas administrativas hasta una política de Estado con institucionalidad autónoma —la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER)—, participación social y una ley que guiaba sus acciones.
El principio era que la regulación debía ser útil y eficiente; que sus beneficios para la sociedad debían superar los costos de su cumplimiento. La CONAMER identificaría cuando las regulaciones implicaban costos para la sociedad, individuos o empresas e iniciaría un Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), a fin de asegurar que su relación beneficio-costo social fuera positiva, tomando en cuenta la opinión de la sociedad civil. Era un instrumento de defensa de la sociedad que le daba la oportunidad de exponer sus puntos de vista.
El sistema generaba condiciones que debían ser superadas por los proponentes de la regulación —el gobierno en diversos niveles—, siendo en ocasiones molesto para la burocracia y, por ello, tendría que haber sido simplificado y agilizado.
Sin embargo, desde 2019 el gobierno más bien demeritó a la CONAMER y a la ley de varias formas —por ejemplo, exceptuando de AIR modificaciones de los certificados de energía limpia para favorecer a la generación de la CFE y a la ley eléctrica del gobierno anterior—. El comisionado independiente renunció y su relevo fue un incondicional del oficialismo. El interés de la sociedad cayó y las opiniones sobre propuestas regulatorias disminuyeron a menos de la mitad entre 2019 y 2023.
En su “proyecto de nación”, la presidenta señala que el AIR será exceptuado prácticamente en todo lo que desee el gobierno: cuando la norma provenga del Ejecutivo, cuando se refiera a seguridad pública, en asuntos fiscales y responsabilidad administrativa, a la Defensa Nacional y la Marina, en emergencias, en adquisiciones y contratación de obra pública, y en decretos expropiatorios y de utilidad pública, entre otros.
Este gobierno ha delegado la mejora regulatoria a la nueva agencia de digitalización. La presidenta indicó que la regulación se limitaría a simplificar trámites y servicios y que “quede claro que ese es el objetivo”. Eso es erróneo.
Sobre todo, las regulaciones deben ser útiles y eficientes para la sociedad (lo que incluye beneficio-costo positivo), no solo sencillas de cumplir. Como jefa de Gobierno, Sheinbaum presumió públicamente la simplificación de obtener licencias de conducir, pero esas licencias ni siquiera intentan probar que quienes las tienen sepan manejar o no tengan impedimentos para hacerlo bien. Y esa es la única utilidad social de las licencias de manejar en cualquier país.
El riesgo es que el sistema regulatorio en gestación resulte en normas sí sencillas, incluso transparentes, pero a veces inútiles, costosas y arbitrarias, principalmente para beneficio político del régimen. Todo indica que la disciplina regulatoria dejará de ser una política de Estado para ser un instrumento del oficialismo.
