Publicado: febrero 28, 2025, 1:00 am
Barcelona. El presidente estadounidense Donald Trump firmó hace algunos días una orden ejecutiva que podría afectar a la jueza mexicana Socorro Torres que forma parte de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, por investigar a su aliado Israel, lo que provocó el rechazo del tribunal, comprometido a continuar su labor.
Es decir, el Congreso de Estados Unidos ya se encuentra legislando una ley que daría a Trump el privilegio de sancionar a personas y organizaciones que se encuentren involucrados en la persecución penal de ciudadanos de Estados Unidos y aliados.
Esta orden ejecutiva de Trump fue hecha a la medida en defensa de su aliado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien desde el 21 de noviembre pasado es solicitado por la CPI por “crímenes de guerra y de lesa humanidad”.
Ni Estados Unidos ni Israel son miembros ni reconocen a la Corte, que ha emitido una orden de arresto contra Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en su respuesta militar en Gaza tras el ataque de Hamás a Israel en octubre del 2023. Más de 47,000 palestinos, incluidos niños, han muerto durante el contraataque israelí en la Franja.
Si los legisladores estadounidenses aprueban la ley, la totalidad de los jueces de la CPI serían sancionados por Estados Unidos.
El 10 de marzo del 2021 la embajadora mexicana Socorro Flores Liera realizó el juramento estatutario como magistrada de la Corte Penal Internacional (CPI), cargo que ocupará hasta 2030 en La Haya, Países Bajos, sede de la Corte.
La CPI es un tribunal establecido por el Estatuto de Roma de 1998 (del que México es parte y uno de sus principales promotores) que tiene la finalidad de juzgar a las personas responsables de los crímenes más graves contemplados por el derecho internacional: crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión.
Trump ha frivolizado su deseo de convertir la Franja de Gaza en un resort tipo Mar-a-Lago o Las Vegas (el video de IA con Elon Musk de esta semana así lo demuestra). Con su orden ejecutiva demuestra que desprecia el derecho internacional.
