Publicado: febrero 17, 2025, 12:00 am
La industria de hospitales en México es el único giro donde hacer mal las cosas es premiado. Es decir, que un hospital gana más mientras más tarde en sacar al paciente de sus instalaciones para su recuperación, cuando debería ser al contrario.
Y así llevan operando por décadas. En este mismo espacio hablamos la semana pasada de los incentivos al revés -en la teoría económica se nombran incentivos perversos- en la relación entre médicos y hospitales. Todos en México conocemos algún testimonio sobre cobros desmesurados y situaciones inentendibles. Hay un tema implícito de corrupción en la industria hospitalaria mexicana que es cubierta o tolerada por todos los actores del sistema a sabiendas de que ello deriva en abusos al paciente que es el que paga. Ese esquema nunca debió existir y ya debe terminar, pero cuando preguntamos a alguno de los actores dónde desatorarlo se echan la bolita unos a otros.
La realidad es que corresponde a los hospitales primero asumir su responsabilidad en esto y poner orden para que su oferta de médicos sea basada en la atención y calidad demostrada en el quirófano y no en función del negocio que les generan.
Aquí el problema es que los hospitales han dependido históricamente de los médicos para que les lleven pacientes de modo que no se atreven a cuestionarlos; finalmente los médicos tienen la autoridad de decidir qué hacer con el paciente. Lo que no se vale es que los especialistas jueguen aparte el rol de una suerte de agente de ventas que les da doble poder en hospitales. Este esquema se retroalimenta por los mismos hospitales beneficiando al médico que le traiga más cirugías que son los servicios más rentables pues implican más tiempo de uso de camas, más estudios de laboratorio y más uso de todo tipo de insumos donde gracias a un sobreprecio también llevan ganancia. Algún directivo hospitalario me comentó que él no puede dejar ese modelo de trabajo de beneficios con los médicos porque lo dejarán y se irán a otro hospital. Tendría que ser un acuerdo sectorial donde todos transparenten y acaben de una vez por todas con ese esquema de beneficios oscuros y deshonestos en contra del paciente.
Ahora, ¿cómo es que bajo ese modelo abusivo, la industria hospitalaria mexicana ha crecido en forma imparable y acelerada en los últimos años? Ya sabemos que ha obedecido en parte al desorden, austeridad y pésima gestión de la salud pública y sus carencias todo lo cual expulsa a la población a recurrir a la medicina privada. Lo peor es que ha sido sostenida en mucho por el bolsillo familiar dado que no ha habido seguros médicos accesibles para esos mexicanos a quienes no les alcanza para pagar una prima costosa de seguros pero tampoco quieren ir a la salud pública.
Un dato relevante: mientras la ocupación hospitalaria en el lado público está desbordada, la privada no. La ocupación de hospitales privados -una de las tantas cosas que no reportan- oscila entre 50 ó 60% si bien les va. El modelo sobretodo de las grandes cadenas no es de volumen. Eso significa que el negocio hospitalario ha crecido no porque absorban toda la demanda y quieran cubrir más a la gente que lo necesita. Su crecimiento no obedece a que las camas no les alcancen, pues siempre tienen camas disponibles. Las grandes cadenas han crecido para hacer más negocio, pero no para resolver la necesidad de los mexicanos. Hay mucha demanda de servicios médicos desatendida.
Los médicos especialistas tendrían que aceptar que sus ingresos les lleguen por su talento en la atención médica exclusivamente, y no por comisiones o beneficios en el consumo de tiempo en el hospital, o de uso de dispositivos, material, medicamentos y demás insumos utilizados en la atención hospitalaria. Un punto clave es el expediente clínico que se lo han apropiado médicos y hospitales pero pertenece al paciente. Por ahí podría empezar el cambio. Y desatorar ese nudo gordiano en que se encuentra la atención médica privada.
Lilly, poder de convocatoria
Una señal que no puede ignorarse se dio el jueves pasado en el evento convocado por la farmacéutica Lilly y Forbes donde se dieron noticias positivas de inversión para investigación y desarrollo: La asistencia del secretario de Salud David Kershenobich acompañado de la comisionada presidenta Armida Zúñiga, el subsecretario Eduardo Clark y el representante de la Secretaría de Economía el doctor Javier Dávila. En principio que ya no haya el prejuicio ideológico de reunirse abiertamente con las empresas -en este caso las transnacionales de innovación- fue buen indicio, y por otro lado, esperemos que de una vez por todas las autoridades agilicen las cosas para impulsar protocolos de investigación médica donde México está estancado.
A jubilados de SLP les respondió Salud estatal, no IMSS Bienestar
Lo sucedido en San Luis Potosí donde un grupo de 49 jubilados del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto se movilizó en reclamo del pago de su pensión detenida en enero, es reflejo de que la transición de la entidad hacia IMSS Bienestar no va bien. Quienes les respondieron fueron el secretario de Gobierno y la Secretaría de Salud; se comprometieron a cubrirles enero y febrero. Y si no se resuelve pronto la situación de los jubilados, el gobierno estatal igual procuraría el pago de los siguientes meses bajo una partida presupuestal asignada. Se intentará que sean recursos federales, pero si no fuera posible, serán de origen estatal. O sea, otro estado más donde va estropeada la transición a IMSS Bienestar.
Eduardo Clark en la ANM
En su exposición ante la Academia Nacional de Medicina, el subsecretario Eduardo Clark se refirió a la compra de claves de fuente única y patente que representa 5% de las piezas pero más del 50% del valor de la compra (130,000 millones de pesos). Dijo que antes de negociar 1 a 1 con proveedores, se sentaron con médicos de 17 grupos terapéuticos de cada institución del sector para definir si podían migrar a otra opción. Con ello lograron reducir en 27,000 millones el costo de este segmento respecto de años anteriores. Solo en VIH le dieron la proveeduría a un solo proveedor y así bajaron el costo en 6,000 millones de pesos.
Prevén servicios integrales de farmacia
Asimismo, Clark adelantó que durante los 2 años de suministro de la actual compra buscarán optimizan procesos, y generar un nuevo modelo donde el sistema público de salud tenga una institución con la capacidad de compra, y como lo hacen en otros países, que haya un proveedor de servicios integrales de farmacia que les permita a cada institución que lo adquirido tenga la certeza y garantía de ser dispensado al paciente: “que haya una institución del gobierno mexicano que se encargue de la negociación de la compra, y que cada instituto de salud le pague a esa institución la dispensación posterior, algo importante para generar eficiencias no solo de distribución sino mayor velocidad para atender las urgencias que ocurren todos los días”.
