Publicado: enero 27, 2025, 11:48 pm
La apicultura española está en crisis. En los últimos cuatro años la producción ha caído un 21%, hasta las 27.000 toneladas anuales, y mientras esto ocurría las importaciones no han dejado de acrecentarse, un 19% a lo largo de 2024, hasta situarse en las 29.000 toneladas , según datos del Ministerio de Agricultura. No es un problema menor, pues España es el país con mayor número de colmenas de la Unión Europea, con 2,8 millones (un 14% del total de la Unión), aunque en continuo descenso; en las últimas tres campañas, un 9%. Entre las causas de todo esto están la sequía que azotó a España en los años 2023 y 2024, una plaga de Varroa, y dos invasiones, una de especies exóticas (la Vespa velutina y la Vespa orientalis) y otra -la más grave- de productos extracomunitarios que el sector asegura que compiten en desigualdad de condiciones. Lo demás son problemas de difícil resolución, en cierto modo estructurales, pero esto último, el fraude masivo e irresoluto con las importaciones, es lo que tiene al sector en pie de guerra. Cierto es que las protestas contra la política de ‘puertas abiertas’ de la Comisión Europea son una constante entre los agricultores, especialmente en estos últimos meses, a cuenta de los recientes avances en la negociación del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que dictaminó que el acuerdo de libre comercio con Marruecos es ilegal en lo que refiere a la inclusión del Sáhara. Sin embargo, en el caso de la apicultura el asunto es especialmente flagrante porque la balanza comercial es negativa, y, como ya se ha avanzado, existe un fraude generalizado con las importaciones , uno que ha investigado y atestiguado la propia Comisión. En marzo de 2023 la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Centro Común de Investigación de la Unión Europea (JRC) y la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea ( DG Sante) presentaron un informe, tras dos años de investigación, que concluyó que el 46% de la miel importada a Europa es sospechosa de contravenir la norma que gobierna la calidad del sector, la Directiva 2001/110/CE. Más de la mitad de las empresas investigadas (47%) habían exportado partidas que potencialmente contenían azucares añadidos (cosa contraria a la norma comunitaria) y el 66% habían exportado al menos un lote de este tipo. En el caso de España, los porcentajes se elevan a un 51% de importaciones con producto fraudulento y un 85% de empresas importadoras con, al menos, un resultado positivo. Entre las prácticas ilegales detectadas estaban el uso de siropes de azúcar, análisis fraudulentos en laboratorios cuyo único objetivo es enmascarar el fraude, uso de aditivos y colorantes para ‘pretender’ un origen botánico del producto y la retirada de ciertos pólenes y la manipulación de la información de trazabilidad para camuflar el verdadero origen de la miel. Estas importaciones -en buena medida fraudulentas, como se ha visto-, han llevado a una situación que UPA califica de « parálisis «, con precios hundidos muy por debajo de los costes de producción. Según explica un portavoz de esa organización agraria a ABC, en España producir un kilogramo de miel cuesta entre tres y cuatro euros -en origen-, y el producto extracomunitario entra a una media de alrededor de 1,76 euros/kg. Según Pedro Loscertaies, de la organización agraria COAG, el problema del fraude es especialmente acuciante en las mieles llamadas ‘milflores’, que representan un 60% del total de la producción y son las que se encuentran habitualmente en los estantes de los supermercados. En este segmento, la entrada de producto mezclado ha hecho que los precios se hayan desplomado en los últimos cuatro años, hasta el punto de que la industria y la distribución han dejado de comprar miel milflores a productores españoles. Lo mismo aseguran desde Asaja, la organización mayoritaria del sector agrícola. Que la producción local esté en entredicho es un problema, no solo en su vertiente económica, también por las consecuencias medioambientales que se pueden derivar de todo ello, pues no hay que olvidar la polinización de los cultivos y el medio natural es fundamental para el mantenimiento de la biodiversidad. Para protestar por lo que consideran inacción por parte de la Comisión Europea, mañana apicultores españoles, franceses y portugueses se manifestarán simultáneamente ( a las 11.00 horas ) frente a las sedes de la UE en Madrid, Lisboa y París. En el caso español la protesta está encabezada por la organización agraria Coag, que pide a la UE y al Ministerio de Agricultura que refuercen los controles en frontera, validen los métodos de análisis y prohíban la ultrafiltración. Asaja, que es la organización mayoritaria, no participará en la manifestación aunque apoya plenamente sus razones, según ha explicado un portavoz a este diario. En el caso de UPA, en cambio, la no-participación se explica por una discrepancia en el cómo, aunque no en el qué. Desde UPA coinciden en el análisis de los hechos, aunque se remiten a la reunión que mantendrán las tres organizaciones agrarias con el Ministerio de Agricultura el próximo 10 de febrero antes de decidir si salir a la calle o no. Hay que recordar que tras la publicación del informe de la OLAF, la Comisión Europea se comprometió a tomar medidas. De hecho, en este momento trabaja en una modificación de la legislación que obligará a incluir en las etiquetas los países de origen de las mezclas, en orden decreciente con el porcentaje de cada origen, con un margen de tolerancia del 5 %. Asimismo, la Comisión podrá introducir métodos de análisis armonizados para detectar la adulteración de la miel con azúcar, una metodología uniforme para rastrear el origen de la miel y criterios para determinar que la miel no esté sobrecalentada cuando se venda al consumidor final. Está por ver si el Ministerio convence al sector con este paquete de medidas o añade alguna propuesta que convenza a Asaja y Coag, que por el momento ya han dicho que lo propuesto hasta ahora les parece poco. Upa, como ya se ha dicho, se reserva al derecho a salir a la calle si la negociación con el departamento que dirige Luis Planas acaba en un fiasco.
